Tres acontecimientos muy distintos han ocurrido en los últimos días que siguen abriendo puertas de esperanza, y de preocupación, en la compleja situación de nuestro país, y en la percepción que de ella tiene la comunidad internacional.
En una dirección, el 3 de octubre se produjo la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, con relación a una decisión de una corte en California, que involucraba a la Secretaría de Homeland Security y a la Alianza Nacional del TPS, permitiéndole al gobierno del presidente Trump suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 300.000 venezolanos. En situación similar se encuentra otro número comparable de migrantes cuyo estatus fue otorgado en un período diferente. Independientemente de los detalles, la decisión sobre el TPS afecta a miles de venezolanos que salieron de nuestro país, buscando mejores destinos, como parte de la ola masiva de más de 8 millones de migrantes que han abandonado su tierra, en uno de los éxodos más masivos de la historia reciente de la humanidad.
Es imposible cegarse frente a la paradoja de calificar al régimen venezolano de ser un conglomerado del narcotráfico y el crimen, al tiempo que se señala que las condiciones en Venezuela han cambiado lo suficientemente como para suspender el TPS. A la par, es indispensable reconocer el drama que significan estas decisiones para las personas cuya existencia está en vilo. El sufrimiento humano que involucran no puede ser visto solamente como materia política. Tampoco es posible tomar una ruta de análisis donde se pretenda limitar la innegable autonomía que todo gobierno y nación debe tener sobre el manejo del tema migratorio. En el fondo, y esta es también una inescapable conclusión, la resolución última de la crisis migratoria en Venezuela es que se produzca el fin del régimen de Maduro, responsable de esta tragedia, en conjunto con su predecesor Hugo Chávez.
La decisión sobre el TPS afecta, sin duda, a los venezolanos en Estados Unidos, pero ello no puede ser óbice para que se reconozca el rol fundamental de esa nación en ejercer una presión creíble para que el gobierno usurpador de Maduro termine por aceptar que ya se produjo un cambio de régimen, no impuesto por Estados Unidos, sino decidido soberanamente por el pueblo venezolano en las elecciones del pasado año. Entender que el “regime change”, que analistas sostienen que es una medida favorecida por el gobierno del presidente Trump, ya es una decisión de los venezolanos y no una imposición internacional, es un elemento fundamental en todo este laberinto argumental.
En otra dirección, es preocupante la reciente votación en el Senado norteamericano, que perdieron los demócratas en una cerrada votación 58 a 41, sobre una eventual limitación del Congreso a las actuaciones de su gobierno en las costas del Caribe venezolano, y que ya han conducido a la destrucción de cuatro lanchas y a la muerte de sus tripulantes, acusados de traficar drogas. La discusión sobre la legalidad de las acciones militares contra el Cártel de los Soles, y la defensa de los derechos humanos no debería de ninguna manera conducir a que el apoyo bipartidista, de demócratas y republicanos, a la causa de la recuperación de la democracia en Venezuela se debilite. Al mismo tiempo, la misma prédica sobre el respeto a los derechos humanos debe aplicarse a las numerosos y bien documentados casos de tortura, detención arbitraria y desaparición que reposan en la Corte Penal Internacional de La Haya contra el régimen de Maduro.
Por último, en esta navegación por las aguas del optimismo cauteloso, es indispensable destacar la inmensa importancia que tiene el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. No solamente por lo que significa como reconocimiento al coraje y valentía de una líder extraordinaria, sino por lo que ese homenaje significa para aumentar la visibilidad internacional del caso venezolano. No es poca cosa que en la misma decisión del Comité Nobel noruego se destaque que el premio reconoce a Machado por “su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para alcanzar una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. Tiempo de que el régimen venezolano escuche las campanas de la comunidad internacional, y las de su propio pueblo, y convenga en una transición que ya fue decidida soberanamente por los venezolanos..
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