La promesa del presidente Trump de intervenir contra el narcotráfico en Colombia amplió la campaña antinarcóticos de Estados Unidos en Latinoamérica, que comenzó con ataques militares a buques transoceánicos, pero que se centra cada vez más en amenazar a los gobiernos de la región.
Su ataque contra Colombia se produjo el domingo en una publicación en redes sociales en la que calificó a su presidente, Gustavo Petro, de «líder del narcotráfico ilegal», comprometiéndose a suspender la ayuda estadounidense a Bogotá y a tomar medidas unilaterales a menos que Petro cerrara «estos campos de exterminio de inmediato». Trump declaró a la prensa que anunciaría nuevos aranceles a Colombia el lunes.
Las amenazas convirtieron a uno de los socios de seguridad más importantes de Washington en un objetivo, sumándose a una ofensiva estadounidense que ha incluido ataques a presuntos buques con droga en el Caribe y una creciente presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Esta estrategia, según expertos en drogas y exfuncionarios, está difuminando la línea entre la lucha contra el narcotráfico y el cambio de régimen.
El gobierno de Trump cree que su campaña contra Maduro está funcionando y que el aumento de la presión militar estadounidense en la región lo convencerá de que no puede permanecer en el poder. “La idea es hacerlo sentir lo suficientemente miserable como para que se vaya”, dijo un alto funcionario de la administración, admitiendo que podría llevar tiempo.
Maduro ha denunciado el despliegue de activos del Pentágono frente a las costas de Venezuela como una provocación que forma parte de un esfuerzo mayor para expulsarlo del poder. Sin embargo, en una carta a Trump el mes pasado, Maduro prometió presentar datos que demuestren que su país no trafica drogas. El viernes, Trump afirmó que Maduro estaba dispuesto a darlo todo para aliviar las tensiones, y añadió que “no quiere jugar con Estados Unidos”.
Trump declaró recientemente que había autorizado a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela.
Los ataques dentro de Venezuela son una opción —y Trump ha planteado públicamente la posibilidad—, pero actualmente no se están contemplando, afirmó el funcionario de la administración.
En términos más generales, el plan de Estados Unidos ha sido cerrar la frontera sur, atacar el tráfico de drogas por mar y luego, potencialmente, pasar a combatir el transporte aéreo. El nuevo enfoque en Petro, un exguerrillero izquierdista colombiano que critica frecuentemente la política estadounidense, se produce en medio de siete semanas de operaciones de las fuerzas estadounidenses en el Caribe, en las que siete buques fueron derribados por ataques aéreos. Al menos 32 personas han muerto en los ataques, según funcionarios estadounidenses.
La Casa Blanca ha descrito a las personas que tripulan las embarcaciones como «narcoterroristas», vinculándolos en algunos casos con grupos criminales venezolanos y colombianos que ha designado como organizaciones terroristas extranjeras. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró el domingo que «estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental».
Sin embargo, el uso sin precedentes de fuerza letal por parte de Estados Unidos contra pequeñas embarcaciones narcotraficantes, inicialmente dirigidas a embarcaciones procedentes de Venezuela, se ha expandido rápidamente en las últimas semanas para incluir a ciudadanos de otros países de la región.
Colombia y Trinidad y Tobago afirman que ciudadanos de sus países han muerto en los ataques. Dos tripulantes que, según Estados Unidos, sobrevivieron a un ataque aéreo la semana pasada —un colombiano y un ecuatoriano— serán repatriados a sus países de origen.
«Estados Unidos está traspasando los límites del derecho internacional», declaró Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, una consultora que estudia la política entre Estados Unidos y Colombia. En esencia, Estados Unidos ha recortado toda su ayuda exterior a Colombia y también busca un cambio de régimen en Venezuela, dos cosas que hace ocho o diez meses eran inimaginables.
Trump acusó al presidente colombiano de no hacer nada para detener la producción de drogas y de tener una actitud nueva hacia Estados Unidos.
Petro ha respondido con desafío. En su cuenta X, afirmó que un ataque aéreo —que según la televisión estatal colombiana tuvo lugar a mediados de septiembre— mató al pescador colombiano Alejandro Carranza y “violó nuestra soberanía en aguas territoriales”. Aseguró que Colombia “nunca ha sido grosera con Estados Unidos” y calificó al líder estadounidense de “ignorante con Colombia”.
Legisladores de ambos partidos han presionado a la Casa Blanca para obtener una explicación legal y una aclaración sobre los objetivos de la administración. En una notificación confidencial al Congreso, a la que tuvo acceso The Wall Street Journal, Trump declaró que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles.
“Les costó mucho explicarnos la justificación legal y la constitucionalidad de esto”, declaró el senador Mark Kelly (demócrata por Arizona) en el programa “Face the Nation” de CBS el domingo.
“Así que han volado por los aires a todas estas personas sin que sepamos sus nombres y sin ninguna prueba de delito”, declaró el senador Rand Paul (republicano por Kentucky) en el programa “Meet the Press” de NBC. Paul añadió que cree que algunos miembros de su administración “han estado promoviendo la guerra con Venezuela durante mucho tiempo”.
A principios de este mes, Paul se alineó con los demócratas del Senado al impulsar, sin éxito, una medida que habría requerido que Trump solicitara la aprobación del Congreso antes de una mayor acción militar estadounidense en el Caribe.
Los ataques estadounidenses se producen en medio del mayor despliegue militar estadounidense en Latinoamérica en más de tres décadas. Esta campaña choca ahora con Colombia, que ha dependido de los helicópteros Black Hawk, la inteligencia y el entrenamiento militar estadounidenses para combatir la cocaína y los grupos armados.
Entre bastidores, diplomáticos y funcionarios de defensa colombianos y estadounidenses han trabajado durante meses para evitar que la cooperación en materia de seguridad entre ambos países se desbarate.
Bogotá ha recibido más de 14.000 millones de dólares en ayuda estadounidense desde el año 2000. Tras reducir drásticamente la producción de cocaína en 2012 con ayuda estadounidense, el entonces presidente Juan Manuel Santos puso fin a la fumigación aérea de coca con herbicidas. La producción de cocaína en Colombia se ha disparado desde entonces, alcanzando los niveles más altos registrados, según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El mes pasado, la administración Trump descertificó a Colombia por primera vez en casi tres décadas, alegando que el país había «incumplido manifiestamente» sus obligaciones internacionales antinarcóticos. Sin embargo, la mayor parte de la ayuda continuó mediante exenciones del Congreso y por interés nacional, lo que subraya la importancia de la cooperación para los esfuerzos antinarcóticos de Estados Unidos.
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