Es inviable un país asediado permanentemente por la represión y la desigualdad acelerada y generalizada de la población, la negación de la justicia y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática.
Las elecciones presidenciales de 2024, que eran una oportunidad para superar la crisis venezolana de forma pacífica y democrática, fueron opacadas por el secuestro de la voluntad popular en medio de una escalada represiva sin precedentes en la historia reciente.
La extinción de la Democracia y la suspensión de facto del Estado de Derecho desencadenó una espiral de abusos e impunidad que parece interminable.
Como afirmó esta semana la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela de Naciones Unidas: “La maquinaria represiva del Estado sigue asfixiando a la sociedad civil venezolana, sea o no opositora”.
A la par del socavamiento de las libertades públicas, se impone un modelo económico basado en el desconocimiento de las obligaciones estatales con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), que ha aumentado exponencialmente la desigualdad, mediante el estrangulamiento del ingreso y ahorro de las familias, y la precarización del empleo decente.
El colapso económico devino en la proliferación de gobernanzas y economías criminales, poniendo en grave riesgo a poblaciones en situación de vulnerabilidad como las comunidades y pueblos indígenas y pobladores fronterizos, además de causar graves daños en el medio ambiente.
Los barcos pesqueros han sido reconfigurados para contrabandear migrantes, traficar humanos, vida silvestre y combustible.
Los “otros negocios” – como le llaman en las costas o en las profundidades de la selva amazónica venezolana – han florecido a la par de la crisis económica que inició en Venezuela hace una década.
Luego se consolidaron bajo el amparo de una gobernanza que cede territorio y facilita estas actividades al margen de las formalidades que establece la Constitución.
Una escalada sin precedentes
En este escenario de profunda inestabilidad, en el que el poder intenta superar la crisis de legitimidad a la fuerza, persiguiendo y amenazando a la población civil, se ha generado una mayor e inédita movilización militar de Estados Unidos en El Caribe, cerca del mar territorial venezolano.
Una retórica elevada, incluso llegó a la Asamblea General de la ONU, reunida esta semana en Nueva York, con una controvertida y amenazante intervención del presidente de Estados Unidos.
En el marco del despliegue de activos militares de Estados Unidos en El Caribe, siguen siendo escasos los detalles que se conocen sobre el mortal ataque ocurrido el 2 de septiembre contra una embarcación que, según el gobierno de EE.UU, partió de Venezuela transportando drogas y a 11 supuestos miembros de la banda “Tren de Aragua”.
Los cuestionamientos al operativo han sido alimentados, entre otras cosas, por la poca información brindada por la gestión de la Casa Blanca.
Este y otros ataques letales, que tuvieron lugar después de una acumulación de fuerzas marítimas estadounidenses en el Caribe, marcan un cambio de paradigma en la forma en que Estados Unidos está dispuesto a combatir el narcotráfico en el hemisferio occidental.
A la luz del derecho internacional -que como organización defensora de Derechos Humanos con 37 años de trayectoria reivindicamos como un logro histórico de la humanidad-, estos hechos constituyen claras violaciones y minan un campo del derecho en los que pudiera justificarse de forma indiscriminada el uso de la fuerza letal contra civiles.
“La sola acción extrema del hundimiento de la embarcación y de sus ocupantes priva a la sociedad de conocer la verdad”, advirtió en su momento Alerta Venezuela.
Por su parte, Amnistía Internacional afirmó que “el uso de la fuerza letal en este contexto no tiene absolutamente ninguna justificación” y recordó que “el uso intencionado de la fuerza letal se rige por las normas de aplicación de la ley establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos”.
El uso excesivo de la fuerza y el resultado de dichos ataques puede ser calificado como una ejecución extrajudicial.
Preocupante desapego de los Sistemas de Protección y estándares internacionales
La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico tiene estándares internacionales para garantizar el respeto al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos.
Así, las Naciones Unidas cuentan con una Oficina contra la Droga y el Delito, que ha diseñado una visión estratégica para América Latina y el Caribe 2022-2025 que incluye una perspectiva de Derechos Humanos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
La ONU también cuenta con una Oficina contra el Terrorismo, mientras que, desde 2006, su Asamblea General aprobó una Estrategia Global el terrorismo, que es actualizada cada dos años por esa instancia, y en la que los Estados deben proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
Es preocupante la progresiva desvinculación de los sistemas internacionales de protección de Derechos Humanos, puesto que fomentan la peligrosa noción de que la gobernanza internacional es opcional o carece de sentido, debilitando aún más el consenso global sobre la aplicación de los Derechos Humanos en un momento de gran incertidumbre global.
Del lado venezolano, resulta a todas luces paradójico que la administración de Nicolás Maduro llame a las Naciones Unidas a velar por la soberanía del Estado venezolano, mientras lleva adelante una política para minar el alcance de los mecanismos de Derechos Humanos de la propia ONU.
Cabe recordar que en 2024 el gobierno de Maduro expulsó a los miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para luego permitir el ingreso de tan solo una funcionaria, haciendo así irrisoria su presencia en el país.
Tampoco ha permitido el ingreso de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, desde su creación en octubre de 2019, ni responde a sus solicitudes de información al tiempo que insulta a los comisionados durante los debates sobre sus informes en el Consejo de Derechos Humanos.
Además, incumple con las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) y suele no responder a las comunicaciones sobre violaciones a derechos humanos enviadas por los Relatores y los Grupos de Trabajo de las Naciones Unidas.
En el Sistema Interamericano, la administración Maduro mantuvo la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) -presentada en 2012 durante la gestión de Hugo Chávez, y en vigor desde septiembre de 2013 con Nicolás Maduro en la presidencia- para sustraerse de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y del escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), situación revertida recientemente por la CorteIDH.
Mayor militarización para controlar a la sociedad
El escenario está siendo respondido por el gobierno venezolano a través del autoritarismo y los abusos, generando nuevas violaciones de Derechos Humanos y justificando sus acciones bajo el paraguas de la “lucha contra el terrorismo de la derecha”.
La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro da un nuevo oxígeno a la militarización total del país bajo la justificación de la “defensa de la soberanía”, mientras insiste en desconocer la voluntad popular expresada el 28-J e intensifica los abusos contra los Derechos Humanos a través del cierre del espacio cívico, la persecución de la disidencia política y el desconocimiento de sus obligaciones en materia de derechos sociales.
El Estado venezolano tiene la obligación constitucional de adoptar las medidas que considere adecuadas para la defensa de la soberanía nacional, sin embargo, estas medidas deben tener proporcionalidad y corresponderse con una práctica que no implique violaciones de Derechos Humanos, ni la desatención de sus obligaciones en materia social.
Preocupa que en esta coyuntura se produzca un incremento considerable del gasto relacionado a la actividad militar, sacrificando los recursos que deberían estar destinados a la inversión para atender los altos niveles de pobreza y la crisis de los servicios públicos, aumentando con ello las calamidades de la población.
El anuncio del Ejecutivo Nacional sobre la posible declaratoria de un Estado de Conmoción Exterior y la aprobación del Decreto N° 5.164 que crea las llamadas Áreas de Defensa Integral (ADI) de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) adscritas a las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), constituyen pasos cruciales hacia la militarización total del país y abre las puertas a la comisión de más abusos.
La prolongada y cada vez más creciente militarización del territorio -que ha estado amparada en la doctrina de seguridad nacional-, ha generado graves consecuencias para las garantías ciudadanas.
La creación de Áreas de Defensa Integral en los 335 municipios del país supone una seria y adicional amenaza para el ejercicio de los derechos a la libre asociación, reunión y expresión pacíficas, entre otros.
Este anuncio se produce en paralelo al llamado a adiestramiento militar en comunidades populares, que han sido atestadas con tanquetas y cientos de soldados.
Las mismas comunidades que, tras protagonizar las protestas post-electorales, fueron víctimas de allanamientos masivos y actos de hostigamiento mediante la instalación de centenares de dispositivos de cerco policial-militar que generaron un severo impacto en la vida del núcleo familiar y constituyeron actos de terrorismo de Estado.
Democracia, Derechos Humanos y multilateralismo
Las escasas conversaciones entre las administraciones Trump y Maduro a comienzos de año, y que recién Nicolás Maduro tachó de “desechas”, se limitaron a temas vinculados a las deportaciones masivas y sumarias de venezolanos en Estados Unidos, la liberación de estadounidenses presos ilegalmente en Venezuela y las nuevas licencias para que la petrolera Chevron siguiera operando en el país.
En las conversaciones, narrativas y acciones de ambos gobiernos hay dos grandes ausentes: la necesidad de re-democratizar el país y la indeclinable obligación de respetar el Derecho Internacional y garantizar los Derechos Humanos en todo momento y sin ninguna excusa.
La crisis venezolana ha tenido un severo impacto en la vida y los derechos de millones de venezolanos y también en la estabilidad de la región.
Sin embargo, insistimos en que la superación de la misma debe producirse en el marco del respeto al Derecho Internacional, mediante el esfuerzo del multilateralismo y la presión ciudadana de los sectores democráticos, con la mirada fija en la garantía para los Derechos Humanos de la población.
Provea afirma que ninguna circunstancia, por muy grave que sea, puede justificar el desconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional.
Dejar el campo libre para la violación de los Derechos Humanos no es, ni debe ser, opción.
Reiteramos que son tiempos de firmeza y compromiso histórico. Exhortamos a todos los actores de la vida nacional a seguir al lado de un pueblo resuelto a vivir con dignidad y a vivir en la verdad; un pueblo que decidió pacíficamente su destino político.
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