El demoledor informe elaborado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, órgano del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, documenta una política sistemática de represión estatal en Venezuela entre julio de 2024 y agosto de 2025. El documento, que será presentado este lunes expone con detalle asesinatos en protestas, muertes bajo custodia estatal, más de 2.200 detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual, todo ello enmarcado en una estrategia de persecución política que, según la Misión, constituye crímenes de lesa humanidad.
El informe, elaborado tras una investigación que abarcó el periodo posterior a las elecciones presidenciales de 2024, sostiene que la represión desatada a partir del 29 de julio de ese año representa una continuación agravada de un plan estatal para aniquilar a opositores reales o percibidos.
“La Misión considera que la represión desatada a partir del 29 de julio de 2024 es una continuación exacerbada del plan de aniquilamiento de personas opositoras o percibidas como tales, que se ha traducido en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales, constituyendo el crimen de lesa humanidad de persecución por razones políticas”, señala el informe.
La Misión atribuye la responsabilidad de estos hechos al régimen venezolano y a sus fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Las víctimas identificadas abarcan opositores, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, familiares, niños, niñas y adolescentes, así como personas extranjeras.
Detenciones arbitrarias y persecución política
Durante el periodo analizado, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos documentó más de 2.200 detenciones arbitrarias, muchas de ellas en dos momentos clave: la toma de posesión presidencial de enero de 2025 y las elecciones regionales y parlamentarias de mayo de ese año. Las detenciones afectaron a políticos de oposición, defensores de derechos humanos, periodistas, familiares de opositores y personas extranjeras. El informe subraya que estas detenciones no solo se produjeron en el contexto de manifestaciones, sino también de manera selectiva y como represalia contra voces críticas, extendiéndose incluso a familiares de opositores.
La Misión identificó patrones de actuación de los agentes estatales: detenciones violentas, uso de fuerza desproporcionada, irrupciones en domicilios por parte de individuos encapuchados y armados, y traslados en vehículos sin identificación. En muchos casos, los captores no presentaron órdenes judiciales ni explicaron los motivos de la detención. El informe recoge testimonios de víctimas que relatan haber sido arrestadas en la vía pública o en sus casas, sin justificación legal y bajo amenazas.
El uso de la legislación antiterrorista y de la Ley contra el Odio para criminalizar la disidencia se mantuvo como práctica habitual. La Misión sostiene que el Ministerio Público utilizó de forma arbitraria sus facultades investigativas y acusatorias con motivaciones políticas, y que el sistema judicial avaló y perpetuó estas detenciones.
Asesinatos en protestas y muertes bajo custodia estatal
El informe atribuye al menos 30 víctimas fatales a la represión estatal, de las cuales 25 murieron durante protestas y cinco bajo custodia del Estado. Además, tres personas fallecieron tras su excarcelación debido al deterioro de su salud, consecuencia directa de las condiciones de detención. La Misión documentó el uso de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones, así como la falta de investigaciones independientes sobre la responsabilidad de los agentes estatales en estas muertes.
En casos emblemáticos, como la protesta en la redoma del obelisco de San Jacinto en Maracay, la Misión identificó a miembros de la cadena de mando militar y policial presentes durante la represión, y concluyó que los disparos que causaron la muerte de manifestantes provinieron de las fuerzas de seguridad. El informe también señala la falta de participación de los familiares de las víctimas en las investigaciones y la existencia de amenazas y represalias contra quienes intentaron denunciar los hechos.
Tortura, aislamiento y tratos crueles
La Misión de la ONU documentó el uso sistemático de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas. Los métodos incluyeron golpes, asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado en celdas de castigo y privación de alimentos y agua. El informe destaca el uso del aislamiento y la incomunicación como castigo y herramienta de represión, en condiciones que, según los estándares internacionales, pueden constituir tortura.
Las condiciones de detención en centros como Tocorón y Tocuyito fueron descritas como inhumanas: hacinamiento, falta de acceso a agua potable, alimentación deficiente, ausencia de atención médica y castigos colectivos. La Misión identificó casos de muertes bajo custodia estatal directamente relacionadas con la falta de atención médica y las condiciones insalubres.
Desapariciones forzadas y violencia sexual
El informe recoge 30 casos de desaparición forzada, de los cuales 12 fueron confirmados como tales según los estándares internacionales. Las desapariciones afectaron tanto a opositores como a personas extranjeras, quienes permanecieron incomunicadas durante semanas o meses, sin acceso a abogados ni contacto con sus familias. La Misión subraya la falta de cooperación de las autoridades venezolanas y la negativa sistemática a recibir recursos de habeas corpus o denuncias de desaparición forzada.
La violencia sexual y de género fue identificada como un patrón de represión, especialmente contra mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT privadas de libertad. El informe documenta casos de sexo transaccional coercitivo, desnudez forzada, abuso sexual y amenazas de violación por parte de funcionarios estatales. La Misión concluye que estos actos no son incidentes aislados, sino parte de una política de represión y humillación dirigida a silenciar a la disidencia.
Impacto en niños, niñas y adolescentes
La Misión documentó la detención arbitraria de 220 niños, niñas y adolescentes en el contexto de las protestas postelectorales y la toma de posesión presidencial. Las detenciones se produjeron sin considerar el interés superior de la niñez, y los menores fueron sometidos a tratos crueles, incomunicación, violencia sexual y procesos judiciales sin garantías. El informe señala que las condiciones de detención y la falta de acceso a defensa técnica adecuada agravaron la vulnerabilidad de este grupo.
Restricción al espacio cívico y ataques a defensores y periodistas
El informe denuncia la aprobación y aplicación de leyes restrictivas para las organizaciones no gubernamentales, la criminalización de la defensa de derechos humanos y el hostigamiento a periodistas y trabajadores de la prensa. Se documentaron detenciones arbitrarias, amenazas, censura y bloqueos digitales, así como el uso de tecnología para vigilar y reprimir a la disidencia. Las organizaciones defensoras de derechos humanos enfrentaron obstáculos legales, amenazas públicas y detenciones de sus miembros, en un contexto de creciente inseguridad jurídica y autocensura.
Impunidad y reacción internacional
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos concluye que la impunidad y la falta de acceso a la justicia son estructurales. El Estado venezolano no ha investigado ni sancionado a los responsables de las violaciones documentadas, y las víctimas y sus familias enfrentan obstáculos insalvables para obtener reparación. El informe destaca la falta de cooperación de las autoridades y la ausencia de garantías judiciales, así como la persistencia de un clima de miedo y represión que afecta a toda la sociedad civil.
El documento, que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluye como anexo 19 casos ilustrativos que, según la Misión, representan solo una fracción de un universo mucho más amplio de violaciones, y reflejan la magnitud, extensión y gravedad de la crisis de derechos humanos en Venezuela.
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