La senadora y precandidata presidencial colombiana Paola Holguín presentó este jueves demanda de inconstitucionalidad contra el Memorando de Entendimiento que firmaron Colombia y Venezuela el 17 de julio en Caracas, el cual establece la creación de una Zona Económica Especial Binacional (ZEEB).
Holguín afirma que el documento no puede surtir efectos jurídicos en Colombia sin pasar por el Congreso y sin ser revisado por la Corte Constitucional.
“No se trata de un simple acuerdo político de naturaleza programática, sin valor vinculante para el Estado, sino de un instrumento con la potencialidad suficiente para generar obligaciones e incidir en la actividad de las autoridades y entidades públicas colombianas”, señaló.
La demanda se fundamenta en dos aspectos:
• Violación de las facultades del Congreso como órgano legislativo.
• Desconocimiento de normas constitucionales y orgánicas, como la Ley 5ª de 1992.
Ante esto, Holguín solicita que la Corte declare que el memorando debe seguir el mismo trámite que cualquier tratado internacional, tal como lo estableció en el Auto 288 de 2010. Además, pide que se advierta al presidente de la república que el acuerdo “no puede surtir efectos jurídicos en el país hasta que ello ocurra”.
La parlamentaria expresó preocupación por las implicaciones del acuerdo entre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro, al señalar que podría afectar “el orden jurídico superior, el principio democrático y las facultades de la Corte Constitucional como guardiana de la supremacía de la Constitución Política”.
Acuerdo binacional genera preocupación territorial
El Memorando de Entendimiento firmado en Caracas busca establecer una zona de cooperación fronteriza entre los estados venezolanos Táchira y Zulia y el departamento colombiano Norte de Santander, con el propósito de fomentar el desarrollo económico conjunto, la integración social y la estabilidad regional.
Entre sus líneas de acción se incluyen proyectos en salud, educación, cultura, turismo y agroindustria, así como el impulso a sectores productivos como café, cacao, ganadería y lácteos. También contempla la creación de equipos técnicos binacionales, reuniones periódicas de evaluación y planes de acción anuales.
Aunque ha sido presentado como iniciativa de paz y desarrollo, sectores críticos han advertido sobre la falta de transparencia, el riesgo de consolidación de economías ilícitas y la posible pérdida de soberanía territorial.
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