Un grupo de expresidentes de 13 países pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) que atiendan las “graves afectaciones” a los derechos humanos del exmandatario colombiano Álvaro Uribe, quien fue condenado el viernes a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La solicitud fue expresada por los miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) en una carta dirigida al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk; a la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite; al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Acudimos ante ustedes para que, dentro de la órbita de sus competencias, asuman la histórica responsabilidad de salvaguardar el Estado constitucional y de derecho en Colombia, a la vez que evitar que se consolide una terrible injusticia que da paso a un precedente nefasto en contra del artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de otros instrumentos interamericanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana”, señalaron.
A juicio de los firmantes, el proceso penal contra Uribe ha estado “plagado de anomalías que ahora han derivado en una condena judicial de primera instancia”. Dichas irregularidades, sostienen, constituyen “afectaciones sistemáticas” a sus derechos, consagrados tanto en la Declaración Universal de 1948 como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Indicaron además que la carta no pretende ejercer presión institucional o personal sobre la justicia colombiana, sino “denunciar un patrón estructural previo, cuyas consecuencias jurídicas se han materializado con un anuncio de condena que exige atención oportuna por parte de los organismos internacionales”.
“Por estas razones, solicitamos respetuosamente que se le dé al presente caso la total prioridad que amerita en sus instancias de defensa de los derechos humanos y de la democracia, y que se activen los mecanismos adecuados de monitoreo, protección o pronunciamiento, conforme a sus competencias, a fin de prevenir, además, la consolidación de un precedente que socave los pilares de los sistemas Universal e Interamericano de derechos humanos”, concluyeron.
La carta fue suscrita por los expresidentes del Gobierno español José María Aznar y Mariano Rajoy; de Argentina, Mauricio Macri; de Bolivia, Carlos Mesa y Jorge Quiroga; de Chile, Eduardo Frei; de Colombia, Iván Duque; de Costa Rica, Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez; de Ecuador, Jamil Mahuad y Lenín Moreno; de El Salvador, Alfredo Cristiani, y de México, Vicente Fox y Felipe Calderón.
También la firmaron los exmandatarios de Panamá Nicolás Ardito, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez; de Paraguay, Mario Abdo Benítez, Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy; de República Dominicana, Hipólito Mejía, y de Uruguay, Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti; así como el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó y el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño.
Uribe Vélez fue sentenciado el viernes a una pena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, convirtiéndose en el primer exmandatario colombiano en recibir un fallo condenatorio.
Según un documento del veredicto filtrado por la prensa, Uribe también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años.
Sandra Liliana Heredia, la jueza penal 44 del circuito de Bogotá, fue la encargada de condenar a Uribe con un fallo de 1.114 páginas. Además, el exmandatario deberá pagar una multa de 3.400 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 700.000 dólares.
La jueza encontró probado que Uribe conocía la búsqueda de testigos en cárceles para evitar que lo vincularan con paramilitares.
Sin embargo, Heredia lo absolvió del delito de soborno simple.
Por su parte, la defensa de Uribe anunció que el 11 de agosto apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, tras considerar que el fallo está politizado y bajo presión del actual presidente Gustavo Petro.
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