Dos venezolanos con solicitudes activas de extradición en Chile fueron liberados o repatriados a Venezuela tras un polémico canje de detenidos entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro.
Se trata de Yordano Albeiro Contreras González y Luis Tomás Morillo Piña, quienes según investigaciones de la Fiscalía chilena y agencias como el FBI y la DEA, estarían vinculados al Tren de Aragua.
De acuerdo con el diario Tal Cual, ambos habían sido enviados por Estados Unidos al Cecot, la mega cárcel de máxima seguridad en El Salvador, sin proceso judicial formal, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Contreras González, conocido como “Mono Blanco”, fue formalizado en Chile en 2022 por secuestro, violación, microtráfico y amenazas de muerte contra su expareja.
En prisión preventiva por unos meses, logró obtener arresto domiciliario nocturno y huyó a EE.UU., desde donde fue enviado a El Salvador. Pese a que Chile solicitó su extradición, fue incluido en el canje y ahora se encuentra libre en Venezuela. Su familia asegura que tiene pruebas de inocencia, aunque admite que “no es un santo”.
Luis Tomás Morillo Piña, en tanto, fue investigado por secuestro extorsivo y asociación criminal en Iquique. Aunque no fue detenido en Chile, tenía una orden de extradición vigente y fue localizado en Nueva York. También fue parte del grupo de migrantes enviados al Cecot y luego devuelto a Venezuela en julio. A diferencia de Contreras, Morillo Piña sigue detenido en una dependencia de Interpol en Caracas.
Ambos casos destacan entre los más de 250 venezolanos que fueron deportados desde EE.UU. y El Salvador a Venezuela en un acuerdo cuya transparencia y legalidad han sido cuestionadas.
Aunque el gobierno de Maduro aseguró que solo 20 de esos hombres estaban solicitados judicialmente en Venezuela, nunca reveló sus identidades ni los cargos específicos. Tampoco confirmó su pertenencia al «Tren de Aragua», organización criminal transnacional surgida en Venezuela y expandida por América Latina.
En Chile, las autoridades judiciales siguen sin respuesta a sus solicitudes de extradición. Mientras tanto, la posibilidad de juzgar a Contreras y Morillo parece haberse esfumado, debido a que Venezuela no extradita a sus nacionales.
El caso expone los vacíos legales y las tensiones políticas entre países que, en medio de negociaciones bilaterales, han terminado soltando a personas investigadas por delitos graves.
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