La detención de la defensora de derechos humanos de la organización Surgentes, Martha Lía Grajales, resonó por su labor en apoyo a las madres de presos políticos en Venezuela, pero también por ser militante de izquierda.
Organizaciones de DDHH, líderes comunitarios y también la izquierda internacional exigieron su liberación hasta que se produjo el ex carcelamiento la noche de este 12 de agosto. Miraflores y otros altos voceros del chavismo intentaron justificar la aprehensión y señalaron a una “falsa izquierda” que se infiltró para “conspirar” contra la administración de Nicolás Maduro.
“Aquí no nos sirven los tibios, están al servicio del fascismo. Tiene que ser extirpado de cualquier cuerpo social”, dijo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, al referirse a la izquierda disidente en el país.
Pero el de Grajales no ha sido el único caso de representantes de la izquierda apresados, ex carcelados, perseguidos y en el exilio, especialmente luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Defensores de DDHH y antiguos aliados del chavismo, han coincidido en que el patrón represivo aplicado para que Maduro pueda mantenerse en el poder no distingue entre ideologías.
A continuación un repaso de los casos más sonados.
Detenidos y excarcelados
Martha Lía Grajales. Fue apresada el 8 de agosto en el este de Caracas, luego de participar en una protesta ante la oficina de Naciones Unidas (ONU), contra la agresión sufrida por madres y familiares de presos políticos a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia, tres días antes.
Familiares y abogados denunciaron desaparición forzada tras ser obligada por sujetos a abordar un vehículo sin placas. El Ministerio Público se pronunció el 11 de agosto para informar que fue imputada por los delitos de «incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación». Su esposo, Antonio González, declaró que le fue impuesto un defensor público y que le informaron que estaba detenida en una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
La noche de este 12 de agosto, se informó sobre su excarcelación con medidas cautelares. González advirtió que, pese a que salió del centro de detención, continuaba siendo víctima de un proceso judicial arbitrario.
“La cúpula del Psuv ha llevado al extremo la manipulación de los símbolos y banderas históricas de la izquierda, intentando encubrir su viraje autoritario bajo una fraseología pseudo revolucionaria y falsamente antiimperialista. La detención arbitraria de la activista Martha Lía Grajales y la arremetida contra el Comité de Madres en Defensa de la Verdad confirman la verdadera naturaleza reaccionaria de la élite gobernante”, expresó la dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Neirlay Andrade.
Recalcó que al carecer de legitimidad, luego del denunciado fraude electoral del 28 de julio de 2024 y al constatar las protestas de sectores populares, Miraflores ha intentado sustituir el voto popular por el miedo para seguir en Miraflores.
“La detención de Martha Lía y la campaña de difamación orquestada por los laboratorios de propaganda gubernamental buscan normalizar la criminalización de las luchas populares. El objetivo de la cúpula del Psuv es claro: que dejemos de reclamar los derechos consagrados en la Constitución”, acotó.
Rodrigo Cabezas. Fue detenido el 12 de junio en Maracaibo, luego de ser citado en la oficina de Corpoelec para formular un reclamo por falta de electricidad en su residencia.
Desde su aprehensión por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sin orden judicial, no se supo nada de él durante 41 días, por lo que abogados y familiares denunciaron su desaparición forzada.
Su excarcelación se produjo el 23 de julio sin que se supiera bajo cuáles cargos estuvo detenido. Su detención y la de dos economistas del Observatorio Venezolano de Finanzas, Daniel Cadenas y Gerardo Casique, se produjo en momentos en que la administración de Maduro inició una ofensiva contra la publicación del dólar paralelo y de indicadores alusivos a la crisis económica.
“La represión en Venezuela avanza por círculos concéntricos: Primero fueron los dirigentes políticos más conocidos, luego los menos; posteriormente periodistas y medios, seguidos por activistas sociales, sindicalistas y defensores. El caso más reciente habían sido economistas y gente que procesa datos estadísticos. Inhibidos estos, ahora se avanza más sobre los chavistas disidentes”, observó el director del Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui.
A juicio del defensor de DDHH, las excarcelaciones en este sector se producen porque Miraflores se dio cuenta que no puede arremeter más sin antes desprestigiar primero a esa disidencia que se identifica como chavista, pero que critica a la administración de Maduro. De allí las fuertes declaraciones tanto de Maduro como de Jorge Rodríguez sobre lo que denominan “falsa izquierda”.
Nicmer Evans. Al politólogo y antiguo asesor del chavismo, Nicmer Evans, lo detuvieron el 13 de julio de 2020, luego de que denunciara que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron a su residencia y la allanaran. Se le acusó de promoción e incitación al odio por la publicación de unos tuits.
Estuvo detenido en la sede la Dgcim en Boleita hasta el 1 de septiembre de 2020, cuando salió por un indulto presidencial. Evans acompañó el gobierno de Chávez, pero siempre mantuvo cierta posición crítica y se desmarcó del chavismo con la llegada de Maduro a Miraflores.
Fundó Marea Socialista con parte del chavismo disidente, de la que se separó en el año 2017 y creó el Movimiento por la Democracia y la Inclusión, aunque ninguna logró el reconocimiento del CNE. En su momento apoyó el gobierno interino de Juan Guaidó – y también su disolución – y la candidatura presidencial de Edmundo González. Además promovió un referendo revocatorio contra Maduro en 2022, sin éxito.
Perseguidos
Asilada y a la espera de salvoconducto. Es el caso de la abogada y exconstituyente por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv, 2017), María Alejandra Díaz, quien se encuentra refugiada en la Embajada de Colombia en Caracas, desde el 11 de enero de 2025.
La cancillería colombiana confirmó que concedió el asilo político a la abogada, luego de que denunciara persecución política de la administración de Maduro, pero que Díaz lo incumplió al informar en redes sociales que estaba en la embajada. Pese a ello le garantiza la protección debida y “condiciones adecuadas de permanencia”. La exconstituyente pide un salvoconducto que le garantice salir del país sin ser apresada.
Rafael Uzcátegui, director del centro de pensamiento Laboratorio de Paz explicó que, en un ejercicio por mantenerse informados durante el proceso electoral, los venezolanos construyeron redes para compartir contenidos en espacios de confianza. Fue precisamente la existencia de estas redes lo que permitió que documentaran los resultados electorales desde los propios centros de votación. “La gente tuvo su propia verdad antes de que se divulgara la supuesta verdad oficial”, explica.
La diáspora también fue clave. Venezolanos en todo el mundo esperaban el cierre de mesas para revisar actas, compartirlas y compararlas. Este compromiso fue aún más significativo si se considera que, a pesar de que más de 7 millones de venezolanos forman parte de la diáspora, solo 69.211 personas fueron habilitadas para sufragar en el exterior.
La exclusión del voto migrante consolidó la necesidad de que quienes estaban fuera del país se implicaran en la verificación ciudadana y el relato colectivo del proceso.
La plataforma resultadosconvzla.com, puesta en marcha el 30 de julio como un repositorio centralizado por la oposición de las actas originales que los mismos ciudadanos estuvieron escaneando por varios días, terminó de cohesionar ese proceso. Cada nueva carga de actas generaba hilos colaborativos en los que ciudadanos las contrastaban con los resultados escuchados en vivo en sus propias comunidades, mientras analistas y estadísticos cotejaban los totales.
“Esto nació desde lo más profundo del sentimiento ciudadano de justicia”, recuerda Giusseppe Gangi, activista digital y creador del portal macedoniadelnorte.com. Sin esa colaboración, dice, no habría sido posible construir el archivo ciudadano más amplio de una elección en Venezuela.
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