El Gobierno de Donald Trump dio luz verde este mes a sus abogados para que despojen de la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que cometieron delitos civiles, una vía que priva a los acusados del derecho a una defensa legal.
Por Telemundo
El Departamento de Justicia emitió un memorando el pasado 11 de junio en el que insta a los abogados de esa agencia federal a iniciar procedimientos civiles para revocar la ciudadanía a quien “obtuvo ilegalmente” la naturalización o lo hizo mediante “la ocultación de un hecho material o la tergiversación deliberada”.
Según el memorando, quienes están sujetos a procedimientos civiles no tienen derecho a un abogado, como ocurre en los casos penales. Además, en los casos civiles el Gobierno tiene una barra más baja en cuanto a demostrar culpabilidad.
Cerca de 25 millones de inmigrantes eran ciudadanos estadounidenses naturalizados hasta 2023, según un reporte del Migration Policy Institute.
Según el memorando, la medida se enfoca en quienes estén involucrados en la comisión de “crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales u otros abusos graves contra los derechos humanos”, pero también en “cualquier persona condenada por delitos que represente una amenaza para Estados Unidos”.
La directiva otorga a los abogados del Departamento de Justicia mayor discreción a la hora de decidir cuándo solicitar la desnaturalización, incluyendo casos en los que el aplicante mintió en formularios de inmigración, cometió fraude financiero, fraude contra Medicaid o Medicare, o estafó a particulares.
Al menos una persona ya ha sido desnaturalizada en las últimas semanas. El 13 de junio, un juez ordenó la revocación de la ciudadanía a Elliott Duke, quien nació en Reino Unido y estuvo en el Ejército. Se le condenó por distribuir material de abuso sexual infantil, un crimen que luego admitió haber cometido antes de obtener la ciudadanía estadounidense.
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