En un reciente artículo publicado en esta misma página de opinión abordamos el tema de la judicialización de la política -conocido también como “lawfare”- que consiste en valerse del Poder Judicial en forma selectiva a fin de interferir en la acción y las decisiones del Poder Ejecutivo.(https://www.elnacional.com/2025/06/judicializacion-de-la-politica/)
En dicho artículo recordamos el emblemático caso que culminó con la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez en 1993 tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que, aun cuando vivíamos en plena democracia, fue evidentemente manipulada con el premeditado objetivo de apartar de la Jefatura del Estado a quien venía procurando un amplio cambio que dio en llamarse “el gran viraje”.
Es natural pensar que la bajeza consustancial con la actividad política tenía sus intereses puestos en otro camino que no era el previsto. Encuestas actuales y opiniones variadas sobre aquel evento dan cuenta del sentir general de que aquello fue un error histórico que bastante contribuyó para el golpe de Estado de febrero de 1992 que nos llevó a la desgracia que desde 1999 asola a nuestra patria.
Caso similar es lo ocurrido con Donald Trump, quien habiendo perdido la elección presidencial de 2024 se rehusó a aceptar el resultado dando origen a una serie de episodios bochornosos en los cuales los adversarios del polémico expresidente hicieron uso de mil y un argumentos, algunos ciertos, cuyo objetivo no era castigar a un personaje altamente controvertido sino impedirle la candidatura presidencial. Trump logró sortear los obstáculos, tal vez con apoyo -explícito o no- de jueces y fiscales que a la postre no pudieron impedir su candidatura, el triunfo y el ejercicio del actual periodo presidencial que concluirá en enero de 2029.
En Perú pasó otro tanto con el pintoresco hombrecito de notable sombrero (Pedro Castillo) y de algunos de sus efímeros sucesores.
No es propósito de estas líneas abrir juicio sobre el acierto o conveniencia de aquellos aconteceres en los que las formas legales se manifestaron para conseguir que esos vericuetos lograran el propósito político -bueno o malo- de quienes los impulsaban. Aquellos procedimientos, legales sí, estaban bien lejos del deseo de obtener el éxito de una gestión.
Hasta entonces lo que habíamos visto era la batalla utilizando el Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo. Muchas veces celebramos el apego al principio cardinal del constitucionalismo clásico de los “checks and balances”, o sea, el equilibrio igualitario entre los poderes.
Hoy día somos testigos de nuevas batallas en las que los contendores son los mismos, pero su rol es el opuesto. En efecto, en Estados Unidos las controvertidas decisiones de Mr. Trump son atacadas una y otra vez por decisiones judiciales de magistrados federales de primera instancia que, dada la organización constitucional norteamericana, permiten a cualquier juez federal ordenar la pausa, detención o anulación a nivel nacional de una decisión del Ejecutivo. Es así como un fallo emitido en cualquier estado significa que toda una política -fuese buena o mala- queda suspendida hasta que haya un pronunciamiento judicial definitivo (Corte Suprema).
Tal estado de cosas ha venido obstaculizando las políticas buenas o malas que desea adelantar Trump. Ello persistió hasta hace unas pocas semanas cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que las decisiones de los jueces federales no tienen alcance nacional sino entre las partes del litigio y solamente en la jurisdicción de que se trate. En consecuencia la decisión del Ejecutivo sigue vigente hasta que el máximo tribunal fije el criterio definitivo que será aplicable en todo el país.
Pero cuando ya creíamos haber visto suficientes batallas, sentencias y apelaciones, nos encontramos con estupor que hace apenas dos días en Argentina se desató un enfrentamiento al revés de lo tradicional: en lugar de ser el Ejecutivo el que quiere algo y el Legislativo no se lo concede; insólitamente es el Congreso el que toma la iniciativa de una ley para aumentar el sueldo mensual de los jubilados y el Ejecutivo el que se opone porque no existen los fondos para atender el gasto. Eso desafía el rumbo político central que es “déficit cero”, que ya ha sido logrado con grandes sacrificios y constituye el eje de toda la política económica del gobierno. El presidente ha prometido vetar la ley.
La estrategia es simple y clara: en octubre hay elecciones legislativas de medio término en las que el oficialismo espera arrasar. Mientras tanto, la oposición kirchnerista junto con sus aliados hacen el papel de buenos con los jubilados que verían con agrado su pensión aumentada y Milei el de malo, que no se los quiere conceder porque no quiere incurrir en déficit fiscal.
Próximo capítulo: Milei veta la ley y el Congreso, si se obtiene mayoría calificada en ambas cámaras, anula el veto dando vigencia inmediata a la ley y cosechando el rédito político. De todas maneras, Milei ha dicho que si se anula el veto y su partido (La Libertad Avanza) obtiene mayoría parlamentaria en la venidera elección, lo primero que va a hacer es pedir la derogación de la controvertida ley.
Volvemos al principio: ¿es útil la división igualitaria de los poderes del Estado? Respuesta: sí, aunque se produzcan estos bizarros episodios; pero, en todo caso, esas son las reglas de la democracia.
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