La Corte Suprema de EEUU volvió a despejar este viernes el camino para que el gobierno del presidente Donald Trump retire las protecciones legales temporales a cientos de miles de inmigrantes, lo que aumenta el número total de personas que podrían quedar expuestas a la deportación a casi un millón.
Los jueces retiraron la orden de un tribunal inferior que mantenía las protecciones concedidas bajo el parole humanitario (conocido como CHNV) para más de 500,000 inmigrantes originarios de cuatro países: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La corte también ha permitido que el gobierno federal revoque el estatus legal temporal a unos 350,000 migrantes venezolanos en otro caso.
La corte no explicó su razonamiento en la breve orden, como es típico en su expediente de emergencia. Dos jueces disintieron públicamente.
Durante su campaña, Trump prometió deportar a millones de personas y, tras asumir el cargo, ha buscado desmantelar las políticas del gobierno del expresidente Joe Biden que crearon formas para que los inmigrantes vivan legalmente en Estados Unidos. Trump promovió rumores falsos de que inmigrantes haitianos en Ohio con estatus legal bajo el programa de permiso humanitario estaban secuestrando y comiendo mascotas durante su único debate con Biden.
Su gobierno presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema después de que un juez federal en Boston bloqueó el intento del gobierno de poner fin al programa. El Departamento de Justicia argumenta que las protecciones para las personas que huyen de la agitación en sus países de origen siempre estuvieron destinadas a ser temporales, y el Departamento de Seguridad Nacional tiene el poder de revocarlas sin interferencia judicial.
Las disidencias de Jackson y Sotomayor
La jueza Ketanji Brown Jackson escribió en disidencia que el efecto de la orden de la corte es «hacer que las vidas de medio millón de migrantes se desmoronen a nuestro alrededor antes de que los tribunales decidan sus acciones jurídicas». La jueza Sonia Sotomayor se unió a la disidencia.
Jackson repitió lo que escribió la jueza federal de distrito Indira Talwani al dictaminar que poner fin a las protecciones legales antes de tiempo dejaría a las personas con una elección drástica: huir del país o arriesgarse a perderlo todo. Su fallo se produjo a mediados de abril, poco antes de que los permisos debieran ser cancelados. Un tribunal de apelaciones se negó a levantarlo.
La orden de la Corte Suprema no es un fallo final, pero significa que las protecciones no estarán vigentes mientras el caso avanza. Ahora regresa al Tribunal Federal de Apelaciones para el 1er Circuito en Boston.
Talwani, quien fue designada por el expresidente demócrata Barack Obama, permitió revocaciones de permisos, pero caso por caso.
Sin embargo, el gobierno federal argumentó que el permiso fue otorgado en masa, y la ley no requiere terminarlo de manera individual. Abordar cada caso individualmente sería una «tarea gigantesca» y ralentizaría los esfuerzos del gobierno para presionar por su deportación, argumentó el procurador general D. John Sauer.
Biden utilizó el permiso humanitario más que cualquier otro presidente, empleando una autoridad presidencial especial en vigor desde 1952.
Los beneficiarios incluyeron a las 532,000 personas que han llegado a Estados Unidos con patrocinadores financieros desde finales de 2022, dejando países de origen plagados de «inestabilidad, peligros y privaciones», como dijeron los abogados de los migrantes. Tuvieron que pagar sus vuelos hacia Estados Unidos y tener un patrocinador financiero para calificar para la designación, que dura dos años.
La decisión del gobierno de Trump fue la primera revocación masiva de permisos humanitarios, dijeron los abogados de los migrantes. Señalaron que las acciones del gobierno de Trump representaban «el mayor evento de ilegalización masiva en la historia moderna de Estados Unidos».
El caso es el más reciente de una serie de apelaciones de emergencia que el gobierno ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con inmigración.
La corte se ha pronunciado en contra de Trump en otros casos, incluyendo frenar sus esfuerzos para deportar rápidamente a venezolanos acusados de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua a una prisión en El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII llamada Ley de Enemigos Extranjeros.
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