Venezuela celebra este domingo elecciones legislativas y regionales en medio de una nueva oleada de detenciones de voces críticas y activistas, incluidas las de destacados dirigentes como Juan Pablo Guanipa. Después de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, en los que Nicolás Maduro se adjudicó el triunfo a pesar de una avalancha de denuncias de fraude, el Gobierno presenta ahora como un logro esta convocatoria, tratando de venderla como una evidencia de su vocación democrática. Sin embargo, todos los procesos los procesos electorales en Venezuela desde 2015 han estado diseñados en mayor o menor medida para favorecer la permanencia del chavismo en el poder.
Las maniobras recurrentes del régimen han sido, según las denuncias habituales de la oposición y de organismos internacionales, la inhabilitación de candidatos, incluso luego de haber ganado; reformas a las leyes electorales para propiciar la sobrerrepresentación de las listas más votadas; el bloqueo técnico para dificultar la inscripción de postulaciones con oportunidades de ganar; la exclusión sistemática del voto en el exterior; el control del voto a través de los beneficios sociales, así como el uso de los recursos del Estado y todo el poder para la campaña.
Para este domingo, el presidente Maduro ha ofrecido premios a los 10 circuitos de cada Estado en los que su coalición saque más votos. Al día siguiente de la elección, prometió el mandatario, comenzará la ejecución del proyecto que la comunidad desee. Así busca el chavismo estimular la votación frente al llamado a abstención del sector mayoritario de la oposición, que se mantiene firme en la defensa de los resultados de las presidenciales del pasado 28 de julio. Para aclarar el complejo mapa opositor venezolano, la sensibilidad que lidera María Corina Machado llama al boicot de estos comicios. Por otro lado, hay dirigentes como el excandidato presidencial Henrique Capriles, que aspira a un escaño en la Asamblea, Manuel Rosales, que busca la reelección como gobernador en el Zulia, el Estado de Maracaibo, o el expreso político Juan Requesens que sí participan.
Del 2015 a la Constituyente
Las garantías electorales se han venido fracturando sistemáticamente en Venezuela, desde hace al menos una década. Las elecciones parlamentarias de 2015 son un antecedente claro de que el chavismo, que hasta entonces representaba a al menos la mitad de los venezolanos, no está dispuesto a ceder el control del poder. La oposición ganó la mayoría de los escaños y desde el Tribunal Supremo de Justicia se fue bloqueando la mayoría parlamentaria hasta que se vació de poder al Legislativo con una declaración de desacato, primero, y luego con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente como un contrapoder.
Este fue el primer signo de que el chavismo estaba perdiendo mayoría en el país. También fue un quiebre constitucional clave en el hilo del conflicto político venezolano que finalmente llevó a la comunidad internacional a encender las alarmas sobre la deriva autoritaria en Venezuela. La mayoría de las democracias del mundo desconocieron la autoridad de esta instancia y comenzaron a imponerse las primeras sanciones contra funcionarios y entidades del Gobierno como castigo a las violaciones de derechos cometidas. La oposición venía de tener apenas un tercio de diputados en el período anterior, cuando intentó revertir los impactos que tuvo la decisión de haberse abstenido en el ciclo legislativo de 2005 a 2010, justo el período en que Hugo Chávez logró enmendar la Constitución para reelegirse indefinidamente.
La Constituyente de 2017 fue convocada directamente por Maduro. Rigió por tres años y nunca redactó una nueva Constitución. Integrada en su totalidad por militantes del chavismo operó como un Parlamento paralelo: 585 miembros bajo la dirección de la hoy vicepresidenta Delcy Rodríguez, inicialmente, y luego de Diosdado Cabello. Bajo este cuerpo se aprobaron legislaciones como la ley contra el odio, usada para perseguir a la disidencia.
Gobernaciones y abstención
Ese mismo conflictivo 2017, cuando hubo más de tres meses de protestas contra Maduro, se realizaron las elecciones para gobernadores que tenían un año de atraso. El chavismo controlaba 20 de las 23 y a la luz de los resultados de 2015 podía perder una buena parte de ellas.
La oposición acudió dividida a estas elecciones, en las que por primera vez el Gobierno uso la táctica de reubicar centros de votación a última hora para complicar el ejercicio del voto en circuitos históricamente controlados por sus adversarios. Las fuerzas antichavistas denunciaron que al menos 250 colegios electorales fueron mudados a sitios de más difícil acceso. La oposición conquistó cinco gobernaciones, pero al final perdió una, la de Zulia, la que había ganado justamente Juan Pablo Guanipa, quien se negó a someterse a la autoridad de la Asamblea Nacional Constituyente como requisito para su ejercicio. Fue destituido del cargo y se convocaron a elecciones nuevamente en las que ganó un candidato del chavismo. Dos meses después se convocaron a las municipales marcadas por la decepción de lo ocurrido con Guanipa y el llamado de abstención de la mayoría opositora que solo pudo ganar 27 de las 335 alcaldías.
El quiebre de 2018 y Guaidó
En 2018 tocaban las presidenciales a finales de ese año y la oposición se preparaba para hacer primarias para llegar unida con un candidato o candidata fuerte. Pero la misma Constituyente creada a medida de Maduro las convocó de forma anticipada. Fueron el 20 de mayo de 2018. Maduro se reeligió con 46% de participación —de la más baja en una elección presidencial— luego de haber bloqueado la tarjeta del bloque opositor, de ilegalizar los partidos más grandes de la oposición Primero Justicia y Voluntad Popular e inhabilitar a los principales líderes como Henrique Capriles Radonski, Leopoldo López (que estaba en prisión domiciliaria entonces) y María Corina Machado. Por estas razones, la oposición llamó a la abstención. Henri Falcón, un disidente del chavismo se presentó como rival en una campaña corta y cuesta arriba, luego de firmar un acuerdo de garantías democráticas que luego denunció que no se cumplieron. Estos comicios no fueron reconocidos por la comunidad internacional y así comenzó a abrirse el boquete en la legitimidad de Maduro.
Luego de 2019 y el desafío de Juan Guaidó con la presidencia interina, en medio de un cerco aún más duro sanciones que incluían la actividad petrolera, se realizaron elecciones parlamentarias en las que la oposición también decidió abstenerse. El alegato era la apuesta a la estrategia encarnada por Guaidó, sustentada en la idea de con los votos obtenidos en 2015, el Parlamento opositor era la única instancia de poder legítima en Venezuela elegida democráticamente. Pese a las intenciones, una Asamblea Nacional totalmente chavista volvió a legislar desde el Capitolio de Caracas. La comunidad internacional volvió a cuestionar la falta de transparencia y condiciones de esas elecciones. La única voz disidente en ese Parlamento terminó siendo el Partido Comunista de Venezuela, antiguo aliado del chavismo.
La vuelta de la observación
En 2021 las últimas elecciones regionales de gobernadores y alcaldes el pulso de las negociaciones entre el chavismo y la oposición tuvo algún resultado. Fueron las primeras con observación internacional de la talla de la Unión Europea desde 2006 y fueron organizadas por un nuevo cuerpo de rectores en el que por primera vez dos de sus cinco integrantes eran afines a la oposición, postulados por la sociedad civil. Estaba ahí Enrique Márquez, hoy preso, y Roberto Picón, encarcelado por haber sido por ser el asesor técnico electoral de la coalición opositora y luego liberado. El Gobierno hizo compromisos públicos como eliminar la figura de “los protectores”, funcionarios designados desde la Presidencia para boicotear la gestión de opositores elegidos en algunos estados y municipios.
La mejora en las condiciones de participación no evitó las fisuras en la oposición para las postulaciones de algunos cargos, que se perdieron por divisiones entre partidos. Las elecciones convocaron a 41% del electorado y se convirtieron en una remontada opositora que se llevó cuatro gobernaciones y casi un tercio de las alcaldías. En estas elecciones se produjo el llamado caso Barinas, cuando la oposición logró dominar el estado considerado cuna y bastión del chavismo, hasta entonces gobernado únicamente por miembros de la familia de Hugo Chávez.
Para este territorio llanero al sur del país se postuló al dirigente de Voluntad Popular Freddy Superlano, detenido e incomunicado desde después de las elecciones de julio pasado. El Supremo, sin embargo, lo inhabilitó después de haber ganado por un estrecho margen a Argenis Chávez, hermano del ex presidente. Entre forcejeos y negociaciones, el chavismo aceptó repetir las elecciones sin Superlano ni ninguno de
sus sustitutos. Aceptaron competir contra Sergio Garrido quien logró derrotar nuevamente al candidato del Gobierno y este domingo aspira repetir en el cargo.
Sin condiciones, pese a los acuerdos
Una situación similar a lo ocurrido con Garrido, sucedió con la candidatura de Edmundo González, el segundo intento de la oposición para sustituir a María Corina Machado, elegida con 92% de los votos en primarias y vetada por el Supremo.
Con esta nueva inhabilitación comenzó la travesía de escollos a las elecciones del 28 de julio, concretadas después de haber firmado los Acuerdos de Barbados, a su vez cocidos al fuego de negociaciones internacionales con Estados Unidos y bajo el auspicio de Noruega. Fueron unos compromisos para unas “elecciones libres”, pero en gran medida quedaron solo en el papel. En los meses previos de las elecciones ocurrió una seguidilla de detenciones de dirigentes políticos. Un nuevo consejo electoral totalmente aliado a Maduro se encargó de organizarlas. Aún en esas condiciones se logró la presencia de la observación internacional de la Unión Europea —expulsados anticipadamente— y del Centro Carter y también una alta participación sostenida por un deseo de cambio político de 80% de los venezolanos, según los sondeos de entonces.
Después de lo ocurrido con los resultados del 28 de julio, cuestionados por las delegaciones de observadores y que todavía no han sido publicados oficialmente de forma pública, las elecciones de este domingo se hacen en uno de los peores escenarios en los últimos años. Más de 900 presos políticos, un aumento de la represión contra la disidencia con la detención de Juan Pablo Guanipa a horas de las votaciones, mayor opacidad en los procesos de parte del árbitro y una desmovilización de la mayoría de los venezolanos, divididos entre abstenerse como ha llamado Machado, quien desde la clandestinidad pide no convalidar una “farsa electoral”, o participar para desafiar al chavismo como piden Capriles Radonski y Rosales.
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