Amnistía Internacional (AI), organización que vela por los derechos humanos, exigió al gobierno de Nicolás Maduro “cesar de inmediato la práctica de desaparecer personas”, tras la desaparición del activista Eduardo Torres, miembro de la ONG PROVEA, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 9 de mayo.
A través de un comunicado, AI también denunció las recientes amenazas en contra de Óscar Murillo, coordinador general de PROVEA, después de que este expusiera públicamente la desaparición de Eduardo Torres.
La tarde de este martes, 13 de mayo, Tarek William Saab, el fiscal impuesto por la Constituyente de 2017 y ratificado por la AN de corte oficialista, informó que Torres había sido detenido por supuesta participación en una conspiración para generar violencia durante las elecciones regionales previstas para el próximo 25 de mayo. Cabe recordar que el pasado fin de semana la familia de Torres junto al equipo de Provea lo buscaron activamente en comandancias policiales y centros de detención como el Dgcim y Sebin y no les dieron respuesta sobre su paradero.
Amnistía Internacional recordó que Eduardo Torres no es el único detenido arbitrariamente, mencionó los casos de los defensores de derechos humanos Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda, “quienes continúan recluidos en condiciones preocupantes”, según AI.
“El hostigamiento, las amenazas y la detención de defensores y defensoras de los derechos humanos, así como los ataques a la población civil en general, deben cesar de inmediato, por medios como la derogación de la denominada “Ley anti-ONG” y otra legislación abusiva y arbitraria. Defender los derechos humanos en Venezuela, o en cualquier otro lugar, no es ningún delito”, se lee en el comunicado.
AI señaló que la administración de Maduro está emprendiendo varias iniciativas para controlar y silenciar a las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, refiriéndose específicamente a la “Ley anti-ONG”, la cual impone estrictos controles que incluyen la entrega de listas de miembros y personal y sus bienes, listas de donantes y el registro de sus movimientos económicos. El incumplimiento de los requisitos de registro podría dar lugar al cierre de organizaciones de la sociedad civil y a posibles procesamientos penales.
Amnistía Internacional insistió en que la desaparición forzada es un crimen de derecho internacional y ha recordado a las autoridades venezolanas que estas violaciones de derechos humanos están bajo el escrutinio de la ONU y la Corte Penal Internacional.
La organización exigió información inmediata sobre el paradero de Eduardo Torres, así como la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela que, según el último balance de la ONG Foro Penal, la cifra de detenidos por motivos políticos era de al menos 894 personas, entre ellas 89 mujeres, cinco adolescentes y 66 personas cuya suerte y paradero se desconocen.
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