“Hoy la Plataforma no tiene manera de participar en un proceso electoral porque nos tienen prácticamente cerrados todos los espacios y las posibilidades para ello”, declaró recientemente el nuevo secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática, Roberto Enriquez.
A la afirmación del también presidente de Copei, que coincide con la mayoría de las organizaciones políticas de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), no le quitan la razón Jesús Castellanos Vásquez y otro experto electoral que pidió reservar su identidad para esta nota. Consideran poco probable que a dos meses de los comicios, y ante el silencio absoluto del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el cronograma, que la coalición pueda tomar una decisión a favor de acudir a las urnas.
La PUD también ha puesto por delante, el respeto a los resultados electorales del 28 de julio, a favor de Edmundo González Urrutia, y una negociación que permita una transición pacífica, como condición principal para volver a la ruta electoral.
“El proceso (organización de las elecciones) lo veo extremadamente grave. Lo ocurrido con el cierre del Registro Electoral preliminar, donde no hubo información oficial y en el que los partidos políticos fueron informados por el CNE en la tarde del día de finalización del lapso, que el mecanismo para revisarlo sería a través de la mensajería de texto (SMS al 2637), da cuenta de una falta de absoluta de transparencia, de improvisación, de transgresión no solo del marco legal vigente, sino también de los estándares mínimos electorales”, advirtió el politólogo y experto electoral, Jesús Castellanos Vásquez.
La opacidad sigue reinando
El CNE no ha publicado en Gaceta Electoral la convocatoria oficial a los comicios del 25 de mayo ni el cronograma, tal como lo ordena el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). Ante la inactividad de la página web del ente comicial luego de las presidenciales del 28 de julio, tampoco publicó el Registro Electoral preliminar para que los electores pudieran hacer sus objeciones.
La publicación del Registro estaba prevista para este 19 de marzo, según cronograma extraoficial, divulgado por el diputado de 2020, Aníbal Sánchez, y la auditoría, por parte de los actores que van a postular candidaturas el 25 de mayo, este 24 y 25 de marzo. En lugar de ello, de acuerdo con Sánchez, el CNE entregó un CD a los partidos políticos participantes, por lo que no ha faltado quien tilde la organización de las próximas elecciones como “un proceso privado” entre actores interesados.
El diputado Sánchez alertó este domingo 23 de marzo que, a horas de iniciarse la auditoría prevista del RE preliminar, las organizaciones con fines políticos no habían sido convocadas para la actividad. Tampoco para que en el lapso comprendido entre este 24 de marzo y hasta el día 28 presenten los datos de los autorizados a postular candidaturas. Advirtió que no se puede iniciar la postulación de candidaturas (ahora movidas al 7 y 11 de abril) sin conocerse la definición de los circuitos y el número de cargos a elegir.
“Y eso es solo la continuación de la gravísima ausencia de publicación oficial de los resultados electorales del 28 de julio, que es el debido cierre de la elección anterior; la convocatoria y modificación de convocatoria, y de los cronogramas electorales, así como la falta de información de los demás actos que presuntamente se han efectuados -ratificación del servicio electoral obligatorio, conformación de grupos de electores e iniciativas propias, legalización de nuevos partidos – y que al no informarlos se lesionan derechos tanto de los partidos participantes como de los electores interesados en este evento”, sostuvo Castellanos Vásquez.
Un observador electoral que prefirió omitir su nombre para esta nota también alertó que, de concretarse los comicios para el 25 de mayo, serán unas elecciones “absolutamente irregulares”, aunque no descarta que puedan posponerse una vez más. La fecha inicial era el 27 de abril, pero el CNE las cambió para el 25 de mayo, “a petición de los actores políticos”.
“No ha habido regla a la que no le hayan pasado por encima. Desde el punto de vista de la organización y la situación política, las condiciones son peores que las del 28 de julio”, sostuvo.
Más allá de lo técnico
“La decisión de la Plataforma de luchar por condiciones fue absolutamente mayoritaria, exigiendo que se acabe la represión, que cese el clima de miedo, que liberen a los presos, que nuestros candidatos puedan ser candidatos, que los testigos no tengan miedo de ser testigos, que la tarjeta esté a nuestra disposición. De nada sirve creer que eventos electorales parciales van a resolver el problema de fondo de Venezuela, que es ese quiebre profundo a partir del 28 de julio”, expresó Enríquez en entrevista con TalCual.
El pasado 19 de febrero, la PUD enumeró varias condiciones “para considerar cualquier participación” en las venideras elecciones regionales y parlamentarias. La primera: Que se inicie de “manera inmediata” una negociación “formal y transparente” para el reconocimiento de la “verdad del 28 de julio”.
De acuerdo con 85% de las actas de votación publicadas por el Comando con Venezuela, Gonzalez Urrutia derrotó a Maduro con 67% de la votación. El CNE, por su parte, se niega a dar a conocer las actas mesa por mesa en su poder y tampoco ha publicado los resultados del 28 de julio en Gaceta Electoral.
La PUD también exige la liberación de los presos políticos y refugiados en embajadas con plenas garantías de sus derechos. La ONG Foro Penal registró casi 2.000 detenciones en el contexto de las protestas contra los resultados del 28 de julio anunciados por el CNE, entre ellos dirigentes políticos, un excandidato presidencial, testigos electorales, ciudadanos comunes y más de 60 adolescentes.
A la fecha, permanecen tras las rejas, según la ONG, 894 personas, entre ellas cinco adolescentes. De la persecución política tampoco se han salvado autoridades electas por el voto popular con la tarjeta de la MUD en 2021, por lo que salir ganador en elecciones no es garantía de que podrá ejercer su mandato hasta el final del periodo.
Tras las rejas están los alcaldes zulianos: Rafael Ramírez, de Maracaibo, por Primero Justicia; del municipio Colón, Nervins Sarcos, del partido Un Nuevo Tiempo (UNT); de Cabimas por UNT, Nabil Maalouf, y Fernando Loaiza, del municipio Catatumbo. La oposición sostiene que todos fueron señalados “sin pruebas” por el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, de supuestos actos de conspiración, corrupción y narcotráfico.
«Si se queda el estado Zulia sin un solo alcalde, se irá a quedar» (sic), dijo Cabello, quien además advirtió que no había manera de que las autoridades en la entidad zuliana, de la Gobernación para abajo, no supieran de la supuesta red dedicada al narcotráfico recientemente detectada por las autoridades nacionales, por lo que la amenaza de más detenciones persiste.
Más de uno se ha preguntado si la candidatura de Manuel Rosales, dispuesto a ir por la reelección pese a la postura de la PUD, será permitida en vista de las amenazas.
“Observación ni de lejos”
No se puede dejar de mencionar que gran parte de la dirigencia opositora, aparte de encarcelada, está inhabilitada para ejercer cargos públicos por la Contraloría sin el debido proceso. Otros fueron forzados al exilio para evitar la prisión, González Urrutia incluido.
“No sabemos en qué anda la oposición, no sabemos si van a participar (en las elecciones). Ni siquiera si tienen candidatos porque todos están señalados de corrupción”, ironizó Cabello, en rueda de prensa de este 24 de marzo.
El chavismo igualmente ha hecho hincapié en que la Ley Bolívar, que contempla inhabilitaciones políticas contra quienes han apoyado sanciones internacionales para el gobierno de Nicolas Maduro, será aplicada con “rigurosidad” para los comicios regionales y de la Asamblea Nacional.
Otra de las condiciones que exige la PUD es la libre disposición y uso de la tarjeta electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
A la fecha se desconoce qué organizaciones políticas serán las habilitadas para postular candidaturas del 31 de marzo al 4 de abril, según el cronograma electoral extraoficial. Se esperaría que dicha información trascienda una vez venza el lapso de registro (28 de marzo) ante el CNE de los autorizados para postular candidaturas.
¿Qué más pide la PUD para que cualquier proceso electoral pueda catalogarse de democrático? Un árbitro electoral confiable “que respete los resultados de las votaciones” y la observación internacional calificada.
“La observación internacional calificada para este proceso electoral no se podrá hacer ni de lejos, tampoco la nacional. No hay canales de comunicación con el CNE que se ha mostrado totalmente cerrado para este proceso electoral, peor que el 28 de julio en su última fase, por lo que la PUD tiene razón: No hay condiciones para participar, solo que la oposición debe trazar una nueva ruta para el cambio político que no se limite sólo a la abstención”, señaló el observador electoral que prefirió el anonimato para declarar.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario