El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición acordaron un fondo humanitario que manejaría 3.000 millones de dólares de recursos venezolanos congelados en el extranjero, pero la idea jamás se materializó entre tensiones políticas y electorales.
El fondo millonario acordado hace dos años por el gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores -diseñado para el beneficio de miles en Venezuela-, nunca se concretó y es ya muy probablemente una idea descartada, según fuentes políticas y analistas.
Se trata de una iniciativa pactada durante las negociaciones facilitadas por el Reino de Noruega para beneficiar programas de alimentación, salud y mejoras de su calidad de vida en Venezuela, mientras se avanzaba en conversaciones de corte político.
En la medida en que ese mecanismo de diálogo político parece “haber rendido lo que tenía que rendir”, según analistas como el politólogo Piero Trepiccione, el fondo quedó rezagado entre promesas y sin concretarse ni siquiera lejos del foco público.
El 26 de noviembre de 2022, los delegados del gobierno y oposición de Venezuela pactaron un acuerdo parcial en el marco de las negociaciones facilitadas por el Reino de Noruega, que incluía la creación de un fondo de corte social para beneficiar a los venezolanos, según documentos divulgados.
Acordaron solicitar a la Organización de Naciones Unidas su “apoyo” para diseñar e implementar un fondo fiduciario único “para la protección social del pueblo venezolano”.
Esa iniciativa se alimentaría con recursos del Estado venezolano “congelados en el sistema financiero internacional” y que serían incorporados “progresivamente” con la autorización de autoridades y organizaciones del extranjero, según el acuerdo publicado.
El documento, firmado hace más de dos años, adelantaba que esos recursos permitirían “revitalizar y reforzar parcialmente el sistema público nacional de salud”, estabilizar el sistema eléctrico, ampliar el Programa Mundial de alimentos en Venezuela, atender la infraestructura educativa y responder a las lluvias torrenciales de finales de 2022.
Recursos millonarios
Según reportes de prensa, el fondo tendría unos 3.000 millones de dólares. Su implementación avanzaba en medio de una prudente reserva diplomática y de intentos de parte de la comunidad internacional para incentivar una solución electoral.
En mayo de 2023, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos dijo a la ONU que protegería esos recursos del fondo humanitario pactado de posibles acreedores que podrían buscar cobrar deudas pendientes de Venezuela.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, dirigido desde enero por el exsenador republicano Marco Rubio y que habría sido una institución clave para la implementación del fondo humanitario, respondió a la VOA el martes que no tiene nueva información que facilitar sobre el estatus actual de la iniciativa humanitaria acordada en 2022 para Venezuela.
Venezuela tiene una deuda pública externa cercana a los 161.000 millones de dólares y cayó oficialmente en default en 2017, según estimaciones independientes. En 1998, cuando el fallecido Hugo Chávez asumió el poder, la deuda era de 32.000 millones de dólares.
El Estado venezolano enfrenta demandas de diversos acreedores, principalmente de poseedores de bonos por decenas de miles de millones de dólares, lo que hizo temer que el fondo acordado en las negociaciones de México pudiera enfrentar problemas legales.
Incluso la secretaría general de las Naciones Unidas dio por hecho la ejecución del fondo en octubre de 2023, en el que, dijo, se involucraría para “beneficiar al pueblo vulnerable de Venezuela”.
La ONU, por su parte, ya ejecutaba y notificaba periódica y detalladamente su propio fondo para el país. Creado en 2020, el Fondo Humanitario para Venezuela lo manejó Naciones Unidas a través de sus distintas agencias, entre alertas de la insuficiencia de las donaciones. Esa asistencia nada tenía que ver con el pacto político de México.
Esta semana, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) notificó que atendió el año pasado al 69 % de la población meta de su plan de respuesta en Venezuela, unas 3,5 millones de personas. La asistencia humanitaria se expresó en alimentación escolar, salud y “medios de vida” en regiones como Zulia, Distrito Capital, Bolívar y Miranda.
Todo estaba listo, pero…
Un reportaje de la agencia de noticias EFE reveló que el proceso de creación del fondo avanzaba en 2023, incluso afirmando que estaba prácticamente “listo” para recibir dinero, apenas a la espera de alguna firma del gobierno de Maduro.
Corrían entonces los tiempos en que el gobierno y la oposición alcanzaron acuerdos político electorales para unas presidenciales en el segundo semestre de 2024, firmados el 17 de octubre de 2023 en Barbados, aún sin avances del fondo. Meses después, ambas delegaciones denunciaron que sus contrapartes violaron varios de esos pactos.
Muchos de los acuerdos logrados ni decir del respeto a la selección de la candidatura opositora, no se materializaron antes, durante ni después de las refutadas elecciones. El fondo humanitario se cuenta entre los pactos incumplidos.
“Efectivamente, nunca se concretó ese fondo”, contó esta semana a la Voz de América una fuente conocedora de las negociaciones entre el chavismo y la oposición, que pidió declarar bajo anonimato por no estar autorizada para hablar oficialmente del asunto.
La oposición interpreta que el gobierno venezolano no demostró interés en el fondo humanitario, que tampoco manejaría directamente, y enfocó sus esfuerzos en la reelección de Nicolás Maduro, de acuerdo con fuentes de los partidos del antichavismo.
Según la Plataforma Unitaria Democrática, el oficialismo cometió al menos 8 violaciones a los acuerdos políticos de México-Barbados. El chavismo hizo denuncias similares en contra de sus adversarios, a lo que acusó de seguir adelante con la figura de un gobierno interino para «robarse» los activos del Estado en el extranjero.
El año pasado, las tensiones políticas en Venezuela alcanzaron un nuevo pico por las elecciones presidenciales, eclipsando los asuntos sociales, como ese fondo, consideraron.
Nicolás Maduro ganó la reelección en julio pasado, pero la oposición presentó copias de las actas de votación para afirmar que lo derrotó con más de 35 puntos porcentuales de ventaja, denunciando un fraude entre varios poderes públicos.
En medio de una nueva fase de la crisis, que incluía represión y persecución de activistas opositores, Maduro juró para un tercer mandato en enero de este año. Su rival electoral Edmundo González Urrutia está entretanto exiliado, con la esperanza de retornar al país para liderar una transición democrática, según ha dicho tras reunirse con líderes regionales.
Algunos gobiernos de la región, como el de Estados Unidos, han desconocido la victoria de Maduro y en su lugar apoyan a González Urrutia como presidente electo. El mecanismo de Noruega no ha tenido nuevas reuniones formales, si bien el oficialismo asegura que sus reuniones y conversaciones discretas con algunos voceros opositores son frecuentes.
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