En Venezuela, lo dispuesto por la Constitución y por el Código Penal, no ha dado lugar a que se aplique la jurisdicción universal tal como debe asumirse al comprometerse internacionalmente. En primer lugar, si bien Venezuela aprobó legislativamente el Estatuto de Roma y tratados y convenciones que tratan sobre derecho internacional, no ha aprobado leyes que incorporen a la legislación nacional las normas fijadas en tales documentos. Por más que he buscado, no he hallado casos en los que Venezuela haya aplicado debidamente la institución de la jurisdicción universal. Lo que es más, el gobierno venezolano ha manifestado rechazo frente a sus obligaciones en materia tanto de derechos humanos como de derecho internacional penal. Así vemos como el gobierno denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, desconociendo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se rebela ante la Corte Penal Internacional.
Si bien Venezuela desconoce la aplicación de las juridicciones, la internacional que es la de la Corte Penal Internacional impuesta por el Estatuto de Roma, que Venezuela no ha denunciado y es posible que se le aplique a Maduro y su cadena de mando, cuando, a petición del Fiscal Genera de la CPI, le pide a la Sala de Acciones Prelinares que dtcte un auto de comparencia y orden de detención, cosa que puede ocurrir en cualquier momento, tenemos que la jurisdicció universal ya se le puede aplicar. En efecto, ya tenemos que un tribunal penal argentino, en caso seguido a Maduro le dictó una orden de arresto que puede cumplir cualquier Estado que reconozca y aplique esa jurisdicción universal. De hecho, Maduro no puede viajar a ningún país que aplique esa jurisdicción so pena de ser artrestado. Tambíién de hecho, un tribunal penal argentino ya le dictó una orden de detención que pueden aplcarle los muchísimos Estados que reconocen y aplican esa jurisdicción.
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