A Edgar Marval, uno de los 10 estadounidenses canjeados por Alex Saab, le apagaron cigarros en la espalda y le sometieron a descargas eléctricas. Más allá de las torturas, su historia abre una oportunidad inédita para trazar la ruta del oro, que conecta el contrabando de Guayana con redes internacionales que han lavado más de 3.000 millones de dólares en cargamentos que llegaron incluso hasta la suiza Argor, la refinería más grande del mundo
Hace un año que Alex Saab salió de prisión en Miami y llegó a Caracas. Las crónicas de ese 20 de diciembre de 2023 recuerdan que el hoy flamante Ministro de Industria y Producción Nacional cruzó caminando el umbral del Palacio de Miraflores, donde fue recibido por el propio Nicolás Maduro. Al otro lado de este intercambio de prisioneros, 10 estadounidenses aterrizaron en las instalaciones militares de la Base Conjunta de San Antonio, Texas. Uno de ellos bajó del avión en camilla.
Era Edgar Marval. Sonreía frente a los fotógrafos; a ratos se secaba algunas lágrimas, alzaba el pulgar de su mano izquierda, de la que se dejaba ver una vía intravenosa, mientras con la otra sostenía una estampita de una virgen. Era el cuadro de un sobreviviente postrado sobre una cama clínica tras una serie de torturas cuyos efectos, ese día, se hicieron más que manifiestos. Pero la de Marval es mucho más que la historia de un intercambio de prisioneros entre Caracas y Washington.
Detrás de este rehén de Maduro y de una decena de empresas destacan nombres que se conectan con el furtivo mercado del oro venezolano. No hay quien responda correos electrónicos o a los números telefónicos de las compañías; en las que los tenían, sus sitios web están caídos y desde 2020 nadie actualiza sus redes sociales. A pesar del aparente vacío, los rastros de una de esas firmas, Moonlight Investments INC, anunciaban en su sitio web –ahora inaccesible, pero recuperado a través de The Wayback Machine, la conocida máquina del tiempo– que su actividad principal consistía en la venta directa de metales preciosos.
En una captura de pantalla de agosto de 2018, Moonlight Investments INC destacaba que esta firma, “respaldada por el Grupo de Empresas TRIMCA, C.A.” estaba “comprometida con el desarrollo de los países de América Latina, especialmente Venezuela” y agregaba que “fue fundada en mayo de 2012 por el inversionista Edgar Marval”.
La mención al socio fundador pasaría de largo de no ser porque coincide, nombre con nombre y apellido con apellido, con el mismo Edgar José Marval Moreno que formaba parte de la decena de ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela, que la administración de Joe Biden recibió un año atrás a cambio de la liberación de Alex Saab Morán, el contratista favorito de Nicolás Maduro.
Señores del oro en Boa Vista
Marval, de nacionalidad venezolana y también estadounidense, fue detenido el 19 de agosto de 2023 en el aeropuerto José Antonio Anzoátegui de Barcelona, en el oriente de Venezuela. Funcionarios de migración lo interceptaron alegando una “alerta silenciosa”, y luego lo entregaron a agentes de la Dirección de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quienes lo detuvieron y posteriormente sometieron a torturas.
Le dieron una golpiza que ocasionó una fractura en la columna, lo que agravó una lesión previa. Durante su hospitalización, vigilada día y noche por agentes de contrainteligencia, continuaron los abusos. Llegó a perder el control de los esfínteres debido a descargas eléctricas que le infligieron desde las costillas hasta debajo de los pañales que entonces tuvo que usar.
Cuando le dieron el alta médica, Marval fue trasladado a la sede central de la Dgcim, en la urbanización Boleíta Norte de Caracas, donde empezó otra retahíla de torturas que le dejaron marcas de cigarrillo que ahora muestra en su espalda y brazos. Allí lo encerraron en una celda pequeña y resbaladiza, forzándolo a caminar a pesar de su inmovilidad, provocándole caídas reiteradas.
Ni la administración de Nicolás Maduro ni ningún otro poder público se han referido al caso. Los únicos rastros sobre sus actividades son su paso por empresas como Moonlight Investments INC y USA D&D International INC, en cuyas juntas directivas también llegó a figurar, de acuerdo con el registro oficial de la División de Corporaciones de Florida, un viejo conocido en el contrabando de oro: Marco Flores Moreno, un profesor de educación física del estado Bolívar, que en los últimos años ha sido señalado y procesado tanto en Venezuela como en Brasil como uno de Los señores del oro.
El expediente judicial número 0000491-85.2019.4.01.4200 que reposa en el 4° Juzgado Penal Federal de Brasil, con sede en la ciudad de Boa Vista, capital del fronterizo estado de Roraima, señala al venezolano Marco Flores Moreno como uno de los cabecillas del contrabando binacional. Es el primer caso en el que, hasta ahora, han quedado judicializadas las redes que trafican oro de sangre de las minas furtivas que emergen en la selva de Guayana, al sur del río Orinoco, y que terminan del lado brasileño.
Informante del FBI para EEUU
Aunque acusó recibo de una solicitud de entrevista, no fue posible contrastar esta historia con Marco Flores en Venezuela.
Quien sí respondió fue Edgar Marval. Ahora, de bajo perfil en Estados Unidos, fue contactado a través del FBI y sus canales de protección de identidad de víctimas, para los que colabora como testigo protegido en una investigación federal sobre lavado de dinero.
Marval se presenta como un operador cambiario que fue testigo de excepción de un mecanismo que empezaba con traficantes de oro llevando sacos de billetes de bolívares a las minas de Guayana. Allí recogían el mineral, que más tarde era sacado de contrabando y por el cual recibían transferencias en dólares desde cuentas en el extranjero.
En su defensa, muestra una demanda en el Tribunal 17 del Circuito Judicial de Broward, Florida, y un posterior acuerdo judicial con su entonces contador, por haber formalizado sin su autorización la inclusión de Flores en algunas de sus sociedades. “Ese señor jamás tuvo sociedad en ninguna de mis empresas”, dice. “Nunca me pagó por una acción y nunca lo hubiera permitido”, insiste. “Solamente apareció en Sunbiz [el registro mercantil de Florida] incorporado con un cargo administrativo en una oportunidad, ya que así lo solicitó, porque supuestamente se lo exigían sus socios para poder hacer la transferencia desde Europa, y accedí, ya que tenía un retraso muy grande, no solo con los dólares que yo había comprado para mis empresas, sino también con algunos amigos a los que había intermediado la venta y me estaban presionando”.
La conexión Willemstad
Un legajo de siete depósitos, acreditados en Estados Unidos en la cuenta bancaria de Moonlight Investments INC y obtenido para este trabajo, muestran dos momentos específicos en las dinámicas del mercado negro del oro: en un mes, entre el 8 de febrero y el 3 de marzo de 2016, la empresa de Marval recibió dos transferencias que suman 1,1 millones de dólares, en una cuenta del Bank of America en Miami, desde otra que giraba la intermediaria PMS (Precious Metals Services) y su dueño Marco Bricolla, desde una agencia del Commezbank en Lugano, Suiza. Lo mismo se repitió entre el 14 de julio y el 8 de agosto de ese año con otros cinco giros que suman 1,6 millones de dólares. Todas las transferencias señalaban, como motivo, que se trataba de una orden de la empresa Cupremeco (“Order of Cupremeco NV - Curacao”). Un detalle al pie de página que podría haber quedado en segundo plano, de no estar vinculado a una figura también conocida en el mercado del oro de esta región: el italiano Mario Pataro, hoy al frente de la misma Curacao Precious Metals (Cupremeco), pero en el pasado vinculado a otras empresas ligadas a maniobras de lavado de dinero.
Junto a sus hermanos, Francesco y Luciano, Mario Pataro era accionista de Aurea Trading International y Universe Gold, dos de las empresas involucradas en la llamada Operación Unigold de 1994. Esta reunió a autoridades de Italia, Colombia y Panamá para frenar las sofisticadas maniobras del Cártel de Cali, que había logrado configurar un complejo esquema que permitía cambiar cocaína por oro sin la necesidad de registrar transacciones bancarias ni exportaciones de minerales.
El dinero en efectivo derivado de las drogas se canalizaba a través de comerciantes de oro, que llegaron a comprar en Italia hasta 100 millones de dólares mensuales en lingotes. “Luego, los lingotes se enviaban a Panamá, donde se convertían nuevamente en efectivo que, ahora efectivamente limpio, se enviaba a Colombia”, resume la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un documento que publicó dos años atrás con el nombre de Zonas de libre comercio y flujos ilícitos de oro en América Latina y el Caribe. “Una de las dos empresas italianas era Aurea Trading, con sede en Arezzo y propiedad de Francesco, Luciano y Mario Pataro. La escala de las operaciones era tal que distorsionaba los mercados de oro italianos, lo que atrajo la atención hacia la actividad ilícita”.
Dos décadas después de la Operación Unigold, el oro de Guayana que pasó por las cuentas de Moonlight Investments INC aterrizó en Suiza mediante otra intermediaria de Mario Pataro, en este caso la curazoleña Cupremeco. Los registros de embarque advertían que se trataba de metales preciosos que llegaron a refinerías de Europa pero desde Curazao, una pequeña nación insular al norte de Venezuela que en los últimos años ha emergido como uno de los hubs donde se triangula buena parte del oro de la región, a pesar de que esa antigua colonia de los Países Bajos no tiene ningún yacimiento aurífero. Algo que reconoce el propio Pataro en entrevista para este reportaje: “Claro que Curazao no produce oro, pero así salía en la guía aérea”.
Una vez en la isla, Cupremeco enviaba las barras por vía aérea a Estados Unidos y Europa mediante servicios de transporte de la aerolínea bandera neerlandesa, KLM, y de seguridad de la multinacional Brinks. De cualquier modo, Pataro dice que la Operación Unigold fue un asunto ajeno a él por el que sus hermanos pagaron condena. Con respecto al caso actual, recalca que su empresa fue cerrada y que no tiene responsabilidad desde el momento en que solo compraba oro luego de que pasara los controles de aduana.
“No recuerdo a ningún Edgar Marval, sí a Marco Flores, pero han pasado muchos años; sé que alguna vez me trajo oro de Perú, seguramente de Brasil y puede ser que de Venezuela, pero todo de forma legal”, asegura vía telefónica desde Panamá. “Una vez que ha pasado por aduana, yo no necesito pedir nada más”.
Transferencias desde Lugano
Los entresijos de este caso se dirimen entretanto en otra demanda, pero en Estados Unidos. A Pataro y algunos de sus colaboradores los investigan en el circuito número 11 del condado de Miami-Dade, como parte de una cadena que empleó empresas fantasmas para lavar más de 3.000 millones de dólares derivados del contrabando de oro venezolano.
“Aunque los acusados aparentemente exportaron el oro desde Curazao, Héctor Senior [Castellón] testificó que 90% del oro en realidad era de Venezuela”
La demanda por crimen organizado se basa en la Ley contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés). Fue formulada por Ellen Pataro contra una familia de apellido Castellón (Héctor D, Héctor O y Jacqueline), socios de su exesposo, Mario Pataro. El caso se desprende del proceso de divorcio, identificado como Pataro vs. Castellón, número 1:22cv20866. La acusación señala complejas operaciones financieras utilizadas para que el oro de Guayana terminara en refinerías europeas, como la suiza Argor, la más grande del mundo. Una operación trasnacional cuyos pagos corrieron por cuenta de la intermediaria PMS, la misma que aparece girando los depósitos filtrados para este reportaje a las empresas de cambio de divisas de Marval.
“Aunque los acusados aparentemente exportaron el oro desde Curazao, Héctor Senior [Castellón] testificó que 90% del oro en realidad era de Venezuela”. Eso cita la demanda civil, por fraude y conspiración de Ellen Pataro, del 7 de abril de 2023, que añade que se trata de un juego de empresas y triangulaciones que terminan blanqueando el origen: “En una declaración, cuando se le preguntó ‘¿por qué trasladaron el oro a Curazao para venderlo a, como usted mencionó, Suiza, Dubai o Turquía, en lugar de simplemente exportar el oro directamente desde Venezuela?’, Héctor Senior [Castellón] explicó: ‘Para que diferentes personas abran grandes cuentas en diferentes refinerías, necesitan mucho papeleo (…) Así que decidimos tomar otra ruta. Decidimos hacerlo a través de Mario [Pataro] y Mario mismo lo hace a través de otra empresa que es la que entrega a Argor en Suiza, por ejemplo’”.
Al menos una pequeña porción de este negocio pasó por las empresas de Edgar Marval. Facturas y registros contables internos de Cupremeco, la intermediaria con sede en Curazao, muestran depósitos por al menos 45 millones de dólares entre 2017 y 2019 en Moonlight Investments INC, USA D&D International INC y Dazzling Eagle Holdings Limited.
Torturas en Caracas
No mucho tiempo después, la ruta de Curazao se agotó. El negocio comenzó a cambiar con la dolarización informal de Venezuela: los bolívares desaparecieron de las calles y ya no era rentable recurrir a operadores cambiarios, por lo que Cupremeco cerró y Marval decidió irse del país. Con varias cuentas por cobrar que, según denuncia, Flores aún le debe, Marval se mudó a Estados Unidos. Sin embargo, el 19 de agosto del año pasado regresó de visita, y allí comenzó el terror.
Golpes, descargas eléctricas, asfixias con almohadas, insultos, amenazas y grilletes de metal en los tobillos, primero en Anzoátegui y luego en Caracas. El asunto permaneció en silencio durante los cuatro meses de su captura, por temor a represalias. Pero el día de la liberación de Marval, la abogada y activista de derechos humanos, Tamara Suju, rompió el silencio en redes sociales advirtiendo que por tratarse de un caso emblemático de tratos crueles, inhumanos y degradantes, un mes antes lo había llevado personalmente –junto a la esposa de la víctima– a las instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional.
“Cuando era de noche y el personal del hospital ya no estaba entrando y saliendo de la habitación, Marval era torturado por funcionarios de Alexander Granko Arteaga”, declaró en un video que colgó en su cuenta de X, para señalar la responsabilidad directa del recién ascendido coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dgcim, sobre quien pesan sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, que lo señalan como uno de los responsables de las más graves torturas atribuidas por Naciones Unidas y la CPI al régimen de Nicolás Maduro. “Lo asfixiaban con las almohadas, le ponían descargas eléctricas en las costillas y en otras partes del cuerpo y, mientras gritaba, uno de los funcionarios lo filmaba (…) y le decían [a Granko]: ‘Aquí está tu gringo, aquí está el funcionario de la CIA, de la DEA…'”.
Pleito en tribunales y en las calles de Lecherías
No queda claro el porqué de la saña con la que lo torturaron. Más que por el oro, Marval dice que en Miraflores aprovecharon la nacionalidad estadounidense de alguien a quien le tenían varias cuentas pendientes, incluyendo el robo de tres camionetas usadas por parte de cuerpos de seguridad del Estado, que Marval denunció ante el Ministerio Público.
Antes de irse del país en 2019, Marval dejó a consignación tres vehículos de su propiedad en el concesionario Maestro Motors de Lecherías, estado Anzoátegui. Los carros –un Toyota Land Crusier 2017, un Toyota Tundra TRD 2018 y un Lexus LX 470– desaparecieron luego de que la Fiscalía interviniera el local, por lo que Marval formalizó un proceso judicial para reclamar los vehículos.
Como si se tratara de un rompecabezas con piezas regadas por todo el hemisferio, una de las sentencias obtenidas para este reportaje –que niega el sobreseimiento de la causa al propietario del concesionario, Yasser Nasser Nasir– deja ver que Marco Flores intentó llevarse los carros con las mismas facturas del contrabando de oro.
La Fiscalía intervino el concesionario Maestro Motors de Lecherías. La desaparición de tres camionetas dejadasa en consignación por Marval entonces dejó ver un altercado que condujo, otra vez, a las disputas que se tejen alrededor del oro de Guayana. Crédito: Instagram / @maestromotos
“Flores fue a Fiscalía y mostró un soporte de pago de PMS [la misma empresa suiza que pagó los cargamentos] a USA D&D, pero entonces yo comparezco y muestro que esa empresa es mía y que él me la traspasó porque también me debía dinero”, relata Marval. “Es tan burdo que el único soporte que presentó tiene fecha de cuando el concesionario aún estaba decomisado”.
La jueza Raquel Carrillo, del Tribunal Penal de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, no se refiere a ningún cargamento de oro, pero en su decisión del 5 de agosto de 2022 hace alusión a un pago por “mercancía”: “Se verifica que el pago de fecha 04 de abril de 2019 por la cantidad de 290.225,88 en la contraprestación económica que realiza la empresa PMS SA, por concepto de compra de mercancía debidamente identificada en la factura mencionada, no relacionándose con el pago de los vehículos de su propiedad que fueron consignados en la empresa Motors observándose que dicha manera consignan una carta emanada de la empresa PRECIOUS METALS SERVICES (PMS SA), de fecha 27 de septiembre [sic]”.
Marval no solo llevó el caso a tribunales, sino que incluso contrató detectives privados que tomaron videos de los ladrones que andaban por la calle manejando esos vehículos. Un robo que terminó sometiéndolo, primero a las más crueles torturas, luego al canje de prisioneros entre Miraflores y la Casa Blanca y ahora a una historia que abre una pequeña veta por la que se ve la enrevesada trama que transita el oro de las minas furtivas de Guayana.
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