El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, quien se encuentra bajo resguardo, dijo este miércoles que la acusación en su contra fue obtenida “vía coacción”, luego de que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, lo vinculara a una trama de corrupción en la Alcaldía de Maracaibo, estado Zulia, para financiar actos de campaña de la oposición.
“Se me pone como cabecilla de una estructura de la cual jamás he formado parte porque simplemente no existe”, aseguró Guanipa a través de un video en X. Dijo que la “coacción” invalida el testimonio de su hermano Pedro Guanipa, exdirector de la Alcaldía -detenido en septiembre-, mostrado el martes por Cabello en el canal estatal VTV.
Según el ministro, a Guanipa “se le entregaba” unos “50.000 dólares semanales”, aún cuando su hermano, en el video reproducido por Cabello, dijo que el “financiamiento” a “actividades políticas” del exparlamentario era de unos “6.000 dólares mensuales”.
Guanipa alerta sobre la represión
A juicio del exdiputado, “el régimen”, como llama al gobierno de Nicolás Maduro, está en “una vorágine represiva nunca antes vista en la historia” del país y busca “cualquier método para amedrentar a los venezolanos” que están “resistiendo el descarado robo electoral” de las presidenciales del 28 de julio.
Asimismo, dijo que “el régimen trata de distraer (…) con falsas acusaciones a diestra y siniestra” el objetivo de “lograr que se respete la soberanía popular”, en referencia al triunfo que asegura obtuvo el candidato de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, pese al resultado oficial que dio la reelección a Maduro.
“Pretenden desmoralizarnos para que bajemos la guardia y cedamos en la lucha que libramos por la democracia y la liberación de Venezuela. Pero nuestra única opción es seguir”, sostuvo.
Tras las presidenciales, se desataron protestas en el país por la denuncia de “fraude” del resultado electoral, lo que derivó en una crisis en la que más de 2.400 personas fueron detenidas.
Tras las presidenciales, se desataron protestas en el país por la denuncia de “fraude” del resultado electoral, lo que derivó en una crisis en la que más de 2.400 personas fueron detenidas.
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