La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medidas cautelares a la presa política Osmary Sánchez, quien está detenida desde el pasado mes de agosto pese a su embarazo.
La decisión se basó en que «sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela», dijo la instancia en una resolución que dio a conocer este lunes 30 de septiembre.
A Sánchez la detuvieron el 7 de agosto en el estado Falcón, al occidente de Venezuela, después de que la acusaran de promover o instigar al odio en un grupo de Whatsapp.
«La medida privativa de libertad se dictó por delitos de terrorismo e instigación al odio. La solicitud indica que le negaron a Osmary Sánchez ver a sus abogados durante la audiencia de imputación y que actualmente padece de hipertensión, infección y fiebre alta. Se alegó, además que funcionarios de la penitenciaría la estarían sometiendo a tortura psicológica. Por su parte, el Estado no brindó información», resaltó la Cidh al anunciar sus medidas cautelares.
Qué pide la Cidh para Osmary Sánchez
Desde las protestas poselectorales, la Comisión Interamericana ha emitido este tipo de protección a beneficio de Freddy Superlano, María Oropeza, Ana Carolina Guaita y Nélida Sánchez.
La Cidh pide que el Estado de Venezuela
- Adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Osmary Gabriela Sánchez Chirinos, con perspectiva de género, de conformidad con los estándares internacionales aplicables;
- Implemente las medidas necesarias para que sus condiciones de detención se adecúen a los estándares internacionales aplicables. En particular, asegurándose que se realicen los diagnósticos médicos correspondientes y la definición de su tratamiento médico;
- Concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes; y
- Informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.
El pasado 15 de agosto la Comisión y su Relatoria Especial para la Libertad de Expresión (Rele) denunciaron las prácticas de terrorismo de Estado del gobierno de Nicolás Maduro, entre las que nombraron represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política.
«Se consideró que el régimen en el poder está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder, así como que Venezuela debe cesar las prácticas violatorias de derechos humanos inmediatamente, restablecer el orden democrático y el Estado de derecho», exigieron hace más de un mes.
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