Prosiguen las denuncias sobre los enjuiciamientos a adolescentes detenidos en el marco de las protestas poselectorales ocurridas luego del 28 de julio. Esta semana se conoció que dos de esos jóvenes, apresados en el estado Bolívar, continúan tras las rejas a la espera de ser presentados en tribunales.
Desde el 31 de agosto, cuando el Foro Penal informó sobre tres adolescentes excarcelados en Bolívar, a la fecha no se han dado nuevas liberaciones o medidas sustitutivas de libertad, indica un reporte del Correo del Caroní.
En Bolívar se mantienen al menos dos adolescentes privados de libertad, de acuerdo con el registro que lleva el Foro Penal, y una data propia del diario local Correo del Caroní, ya que la mayoría de los casos no fueron reportados en su momento a dicha ONG.
Incluso, familiares de los detenidos prefieren no denunciar públicamente por temor a represalias para los detenidos.
La coordinadora del Foro Penal en Bolívar, Patricia Borja, detalló que a los adolescentes que continúan detenidos “se hicieron las audiencias preliminares, fueron privados de libertad y pasados a la etapa de juicio”.
Hasta el 7 de octubre, el Foro Penal contabilizó un total de 1916 arrestos en todo el país desde el 29 de julio. Hasta mediados de agosto registraban 17 de ellos en Bolívar, según los casos que llegaron directamente a esta organización.
En el estado Bolívar, de acuerdo a reportes oficiales de organismos de seguridad, se pudo levantar una data de al menos 56 detenciones, sin incluir a los dirigentes políticos Américo De Grazia y Carlos Chancellor, quienes fueron detenidos en Caracas y Anzoátegui, respectivamente.
Sobre los adolescentes que permanecen detenidos, tienen 16 y 17 años. Uno fue arrestado en el municipio Caroní y el otro en Gran Sabana.
Detenciones irregulares
La ONG Cecodap advirtió sobre las irregularidades en estos arrestos arbitrarios, en las que menores de edad no estaban recibiendo trato diferenciado sobre los adultos, como lo establece la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna).
La legislación especifica que los adolescentes pueden ser responsables penalmente a partir de los 14 años, bajo un sistema de responsabilidad distinto al de los adultos, orientado a medidas socioeducativas y con privación de libertad en casos excepcionales, como homicidios o actos de terrorismo, delito por el que fueron imputados en el contexto de la persecución política tras manifestaciones postelectorales.
Según datos del grupo local de derechos humanos Foro Penal, Carabobo tiene el mayor número de “presos políticos” en Venezuela, con 297 casos de 1.916 a nivel nacional. Entre los detenidos, 70 son adolescentes de entre 14 y 17 años.
Desde el 29 de julio, un día después de los comicios, 1.784 personas han sido detenidas en el país y podrían enfrentar cargos de “terrorismo” o “incitación al odio”, que acarrean entre 10 y 30 años de prisión, según Foro Penal.
Alrededor de 20 madres de adolescentes presos políticos, detenidos en las protestas del 29 y 30 de julio y acusados por terrorismo, informaron que lograron ver a sus hijos durante cinco minutos, luego de dos meses y medio sin saber de ellos en el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón).
Estas mujeres viajaron desde Barinas para pasar ese breve momento junto a ellos. “Mi hijo perdió su apariencia, está demasiado flaco, agotado y en muy malas condiciones”, dijo una de las madres a la prensa.
En Guárico
El caso de una joven con seis meses de embarazo y antecedentes de epilepsia destaca entre los detenidos en el contexto postelectoral del estado Guárico quienes, este 11 de octubre, pasaron a fase de juicio en una audiencia cerrada vía telemática con defensa pública, según denunció la ONG Fundehullan.
«Recordamos que según el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado es responsable de la salud y la vida de las personas privadas de libertad», dice la organización defensora de los derechos humanos en la red social X.
Procedimiento inhumano
El defensor de los derechos civiles Rafael Narváez consideró inhumano presionar a adolescentes detenidos en el marco de las protestas poselectorales para que admitan hechos que desconocen.
“Lo que está sucediendo con los niños y adolescentes detenidos arbitrariamente por exigir el respeto a sus derechos políticos ejercidos el pasado 28 de julio con motivo de las elecciones presidenciales es reprochable, inhumano y despreciable”, expresó el exparlamentario en un comunicado.
Criticó que existan presiones a los jóvenes “para que admitan los hechos que nunca conocieron, pues sus audiencias fueron vía telemática por jueces sin rostros sin el derecho a la defensa privada”.
“Estamos en presencia de la resurrección de la Seguridad Nacional dirigida por Pedro Estrada (durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez) quien actuaba sin piedad y sin clemencia en contra de quienes alzaron su voz de libertad en aquel entonces”.
Para el también abogado, en la actualidad el aniquilamiento de los derechos humanos en Venezuela es sistemático.
“La magnitud del daño ocasionado por el sistema de justicia es tan grave que luce irreparable por no actuar conforme a sus atribuciones” establecidas en la Constitución como la de ser autónomo e imparcial y así asegurar que “sus decisiones sean sin colores políticos para no vulnerar el debido proceso, los derechos humanos y las garantías judiciales del imputado”.
Recientemente, familiares de menores de edad detenidos han denunciado que a sus hijos, que no tienen acceso a una defensa jurídica de confianza, les han presionado para que graben videos admitiendo que les ofrecieron dinero para protestar en rechazo al resultado de las elecciones del 28 de julio que dio la victoria a Nicolás Maduro, un triunfo desconocido por la oposición y parte de la comunidad internacional.
Más de 2.400 personas fueron detenidas en Venezuela después de las elecciones, incluidos dirigentes opositores y más de un centenar de menores de edad.
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