La reacción inmediata que nos produjo leer el texto de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines fue preguntarnos ¿V-Dem estará prohibida en Venezuela? Esta organización noruega, proyectada al ámbito mundial, tiene como gran objetivo: “Proporcionar un conjunto de datos multidimensional y desagregado que refleja la complejidad del concepto de democracia como un sistema de gobierno que va más allá de la simple presencia de elecciones. Distinguimos entre cinco principios de alto nivel de la democracia: electoral, liberal, participativo, deliberativo e igualitario, y recopilamos datos para medir estos principios”.
En los párrafos de la citada ley aparecen explícitamente en el Artículo 15 las actividades sujetas a prohibición:
“Las organizaciones no gubernamentales tendrán prohibido en todo el territorio nacional:
- Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos.
- Realizar actividades políticas.
Las actividades políticas en general comprenden la realización de foros, encuentros, edición de materiales referidos a temas políticos, lo que nos lleva a preguntar sobre el contenido o temas considerados políticos, sabiendo de partida que convencionalmente las principales áreas de investigación y análisis de la ciencia política son los siguientes:
- El poder político y las características de su obtención y su ejercicio.
- La autoridad y su legitimidad.
- El Estado.
- La administración pública.
- Las políticas públicas.
- El comportamiento político.
- La opinión pública y la comunicación política.
Según el contenido de esta ley, la discusión, reflexión sobre estos temas estaría estrictamente negado, lo cual nos lleva a interrogarnos si un instituto mundial como V-Dem tendría prohibida la entrada en Venezuela.
Esta es una primera inquietud puesto que la ley determina que se borrarían los nexos con toda la amplia gama de instituciones mundiales ocupadas en evaluar los sistema políticos, los gobiernos y las leyes que contribuyen a la expansión de la democracia en el mundo.
Esta ley promulgada recientemente con relación a las organizaciones no gubernamentales reproduce la intención de un Estado por anular, erradicar las iniciativas de los ciudadanos en torna a su modelos de gobierno, sugiere preguntas que son ineludibles responder, una de ellas se refiere a la misión de los poderes públicos. ¿Cuál es la gran tarea de las personas supuestamente electas y de los poderes públicos para contribuir a garantizar la buena marcha del país, garantizar que exista justicia, libertad y paz? La respuesta parece obvia, tal como es expuesto: un poder público como la asamblea nacional representaría en realidad a una reunión de personas, representantes del pueblo, que tienen a su cargo dictar la ley fundamental de organización de un Estado o modificar la existente. Pareciera una flagrante contradicción si la Asamblea Nacional hoy en ejercicio es representante del pueblo su función debería orientarse a garantizar la libertad y no a crear disposiciones legales para abiertamente coartar la libertad del pueblo que representa.
La ley regulatoria de las organizaciones civiles no ha sido una creación espontánea de última hora generada por los recientes acontecimientos políticos, este instrumento jurídico de control ha sido producto de una escalada histórica.
En 2010 el gobierno implementó la Ley de la Soberanía y Autodeterminación Nacional para restringir el acceso a financiamiento de las organizaciones de defensa de derechos humanos, basadas en la supuesta existencia de amenazas externas contra el gobierno venezolano.
En 2020 el organismo gubernamental que regula al sistema bancario ordenó a los bancos que vigilaran las operaciones financieras de las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Ante la reacción de organismos internacionales de protección de derechos humanos, en 2021 las disposiciones de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en relación con las ONG fueron atenuadas, aunque persistieran en la violación de las normas internacionales de derechos humanos. Se creó un nuevo órgano cuyo poder consistía en autorizar el registro y funcionamiento de ONG conminándolas a aportar la información que requiera esta dependencia.
En 2021, la Asamblea Nacional aprobó sin discrepancias un plan legislativo nacional que incluía la Ley de Cooperación Internacional, portadora de la obligación de crear un registro obligatorio de las ONG con alto impacto en las posibilidades de financiamiento.
En 2022 el Grupo de Acciones Financieras del Caribe negó que las imposiciones a las ONG fuesen la base para prevenir potenciales abusos vinculados con la financiación del terrorismo.
En enero de 2024 la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, más conocida como “Ley de ONG”.
Con esta ley se cierra un ciclo de asedio a las ONG, se limitan los accesos al financiamiento y se proscriben las denominadas “actividades políticas” en una confusa terminología, pues se desconoce si las organizaciones no pueden educar, informar e investigar los temas relativos a las formas, modelos y sistemas de gobiernos, el análisis de las proposiciones filosóficas que respaldan aspiraciones ciudadanas, y en síntesis evaluar y conocer las ventajas y desventajas que los diferentes opciones de gobierno ofrecen a los ciudadanos para garantizar su libertad. Podemos preguntarnos, cabe a partir de esta nueva ley que las organizaciones abran seminarios, reuniones, elaboren textos que informen al ciudadano sobre temas tales como: ¿Cuál ha sido el aporte de la Escuela Austriaca? ¿Cuáles cambios han ocurrido en las sociedades que ostentan los mayores índices de calidad de vida cuando colocan como sujeto primordial de la historia al “individuo responsable” definido por Ludwig von Mises “Quién partió de lo que se podría nombrar como una nueva filosofía económica, en la que se analizan las consecuencias de la acción del hombre sin reducirla a algoritmos matemáticos ni a un comportamiento conductista. Mises introduce de forma natural las proposiciones lógicas que permiten entender fenómenos dinámicos complejos como los mercados y el sistema de precios, evidenciando que son el resultado de innumerables acciones, elecciones y preferencias conscientes e intencionadas de las personas”. En síntesis, traslada la comprensión de la dinámica económica, social y política del concepto de lucha de clases impuesta por el marxismo a una noción nueva del individuo que decide, actúa y toma decisiones.
La incomprensión de la urgencia de comprender los procesos políticos y su relación con el individuo y la sociedad han sido los desencadenantes de las continuas amenazas, denuncia y persecución de ONG y personas defensoras de derechos humanos, así como de las restricciones y ataques contra medios de comunicación y periodistas, el allanamiento de sedes de organizaciones y el encarcelamiento de actores humanitarios, situaciones culpables de la imposición de climas de mucho miedo y temor por parte de las organizaciones y de los ciudadanos. Muchas ONG han perdido integrantes, algunas han cerrado y numerosas personas defensoras han migrado por estas razones, incluida la de haber sido objeto de persecución o temer serlo en el futuro cercano. Incluso algunas organizaciones, al igual que medios de comunicación, han recurrido a la autocensura o cambiado la naturaleza de sus actividades para prevenir represalias. Esta ley, sin definir de manera clara a qué se refiere plantea sanciones a las ONG que se considere involucradas en tales “actividades políticas”. En la sesión de la Asamblea Nacional en que se aprobó el proyecto, más de 60 ONG fueron mencionadas como enemigas y traidoras a la patria.
Roberto Patiño lo expone claramente:
La ley de ONG limita la participación ciudadana y la defensa de derechos humanos. Al convertir la libertad de asociación en un asunto de orden público, somete a las organizaciones a la vigilancia y el control policial.
Repito la pregunta de inicio: ¿Estará prohibida V-Dem en Venezuela? El gobierno venezolano debe notificar al de Noruega que la prohibición a las ONG de involucrarse en ámbitos políticos está en las leyes promulgadas por la Asamblea Nacional y por tanto prohíbe a V-Dem entrar a Venezuela.
“El enfoque V-Dem se destaca, en primer lugar, como una gran colaboración global entre académicos con diversas áreas de especialización; en segundo lugar, como el primer proyecto que intenta explicar las diferentes variedades de la democracia; y tercero, gracias a los datos altamente desagregados de V-Dem, el primer proyecto para explorar mecanismos causales que vinculan diferentes aspectos de la democracia.
Con 5 investigadores principales, 23 directores de proyecto con responsabilidad especial en las áreas temáticas cubiertas en el conjunto de datos de V-Dem, 33 directores regionales, 134 coordinadores de país y más de 4.000 expertos de país, el proyecto V-Dem es uno de los proyectos de recopilación de datos de ciencias sociales sobre democracia más grandes del mundo”.
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