Catorce representantes y senadores de EEUU presentaron un proyecto de ley bipartidista que reafirma sanciones financieras a entes públicos de Venezuela en respuesta al reclamo de victoria de las elecciones presidenciales por parte del gobernante Nicolás Maduro.
Los legisladores consideran que el tercer mandato concedido a Maduro por el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, ambos dominados por el chavismo sin mostrar las actas de votación, es uno de los “intentos de robo electoral más descarados y evidentes en nuestro hemisferio”.
“El mensaje debe enviarse alto y claro: Estados Unidos no hará más negocios con la dictadura de Maduro”, dijo la representante María Elvira Salzar (R-FL) y presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso estadounidense.
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Enfatizó que “al aprobar la Ley Valor, Maduro sabrá que Estados Unidos habla en serio: escuche a su pueblo o pague el precio”.
El proyecto de Ley “Venezuela Advancing Liberty, Opportunity, and Rights” (Valor, en inglés), reafirma las sanciones financieras al Banco Central de Venezuela, a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a la criptomoneda venezolana.
Los congresistas dijeron al presentar el proyecto de ley en el Congreso que aunque el excandidato de la oposición Edmundo González ganó las elecciones en Venezuela con más de dos tercios de los votos y tiene las actas que lo demuestran, el régimen de Maduro reclamó la victoria de todos modos.
Desde entonces, el régimen de Maduro no ha logrado presentar pruebas de su proclamada victoria, a pesar de que la Constitución venezolana así lo exige, dijeron.
“Maduro ha impedido la transferencia pacífica del poder y ha obligado a Edmundo González, el ganador de las elecciones presidenciales venezolanas, a exiliarse en España tras amenazarlo con una orden de arresto. Estados Unidos debe responder con el mensaje claro de que el tiempo de Maduro se acabó”, manifestaron.
¿Qué contempla Valor?
▪ Establece parámetros democráticos que guían la eliminación de las sanciones al régimen de Maduro y a cualquier sucesor no democrático.
▪ Reafirma las sanciones financieras al Banco Central de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. y la criptomoneda venezolana.
▪ Requiere que Estados Unidos bloquee la participación de cualquier Gobierno no democrático de Venezuela en la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.
▪ Autoriza una contribución estadounidense de $5 millones para crear un Fondo de Emergencia de la OEA para desplegar monitores de Derechos Humanos y observadores electorales.
▪ Autoriza a las organizaciones no gubernamentales a apoyar proyectos humanitarios, de construcción de la democracia, educación, protección ambiental y desarrollo no comercial en Venezuela que beneficien directamente al pueblo venezolano.
▪ Bloquea la asistencia exterior de Estados Unidos a cualquier país que brinde asistencia, incluida la asistencia financiera (excepto la ayuda humanitaria), al régimen de Maduro o a cualquier sucesor no democrático.
▪ Requiere que el presidente desarrolle un plan de asistencia económica para una Venezuela gobernada democráticamente y crea un “funcionario coordinador” dentro del Departamento de Estado para supervisar el desarrollo y la implementación de dicho plan.
▪ Requiere que el presidente presente un informe al Congreso que describa las barreras y los objetivos de política sobre comercio e inversión entre Estados Unidos y una Venezuela gobernada democráticamente.
Los representantes, además de Salazar, que presentaron el proyecto son Debbie Wasserman Schultz (D-FL), Chris Smith (R-NJ), Mike Waltz (R-FL), Jenniffer González-Colón (R-PR), Keith Self (R-TX), Joe Wilson (R-SC), Jared Moskowitz (D-FL) y Carlos A. Giménez (R-FL)
Los senadores Jim Risch (R-ID), Michael Bennet (D-CO), Bill Cassidy (R-LA), Rick Scott (R-FL), Bill Hagerty (R-TN) y John Barrasso (R-WY) presentaron la versión del proyecto de ley en el Senado.
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