La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha enviado señales preocupantes días antes de asumir su cargo: asustó a los inversionistas apoyando una controvertida reforma judicial, respaldó una innecesaria disputa con España e invitó a los dictadores de Cuba y Venezuela a su toma de posesión el 1 de octubre.
Sheinbaum, quien fue la candidata del actual presidente populista Andrés Manuel López Obrador, difícilmente puede darse el lujo de pelearse con los inversores o con los principales socios comerciales de México.
En parte por la ineptitud del presidente saliente, el crecimiento económico de México ha sido recientemente rebajado por el banco central del país a un magro 1,5% en 2024 y un 1,2% en 2025.
Más importante aún, México deberá empezar negociaciones el año próximo para actualizar su tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que vence en 2026. Más del 80 por ciento de las exportaciones de México van al mercado estadounidense.
Sheinbaum debería por lo menos haber guardado silencio sobre la reforma judicial de López Obrador. La reforma le dará de hecho al gobierno el control del poder judicial, lo que ha provocado temores de los inversionistas de que no tendrán protección legal contra posibles expropiaciones u otras medidas que consideren injustas.
En lugar de mantenerse callada al respecto, Sheinbaum apoyó con entusiasmo la reforma judicial, incluso después de que la agencia de riesgo crediticio Moody’s y grandes bancos como Morgan Stanley advirtieran que podría ahuyentar las inversiones. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha dicho que la reforma judicial “amenaza la histórica relación comercial” entre México y Estados Unidos.
En una entrevista la semana pasada, el presidente del Senado de México, Gerardo Fernández Noroña, de la izquierda radical del partido gobernante Morena, me dijo que “los inversionistas no tienen nada que temer” sobre la reforma judicial.
Pero el hecho es que, independientemente de lo que digan las autoridades mexicanas, los inversionistas creen mucho más en lo que les dicen las agencias crediticias y los medios financieros. El diario The Wall Street Journal reportó que la reforma judicial podría hacer que las multinacionales congelen unos 35,000 millones de dólares en inversiones planeadas en México.
En cuanto a las invitaciones de Sheinbaum a varios dictadores, son difíciles de explicar: la presidenta electa invitó a los autócratas de Cuba, Venezuela y Rusia, pero no extendió invitaciones al rey de España ni a los presidentes constitucionales de Ecuador y Perú.
El presidente ruso, Vladímir Putin, ya ha dicho que no podrá asistir, y enviará a un alto funcionario en su lugar. El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tiene previsto aceptar la invitación, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, aún no ha confirmado su asistencia, pero es posible que vaya.
Sheinbaum no invitó al rey Felipe VI de España porque no ha respondido a una carta de López Obrador de 2019 en la que el presidente mexicano exigía que España pidiera una disculpa por los crímenes cometidos durante la conquista. El gobierno español respondió que la exclusión del rey es “absolutamente inaceptable” y que no enviará ninguna delegación oficial a la investidura de Sheinbaum.
¿Tiene sentido que Sheinbaum excluya al rey español por agravios de hace 500 años, y al mismo tiempo le da una bienvenida de alfombra roja a los dictadores de Cuba y Venezuela, que están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en la actualidad?
Por supuesto que no. Y, sin embargo, Sheinbaum ha asumido como propia la absurda pelea de Lopez Obrador con España, afirmando que la negativa española a pedir perdón por sus abusos durante la Conquista es una ofensa al pueblo mexicano.
Igual de inconsistente, si no más, es el hecho de que Sheinbaum no haya invitado a los presidentes electos constitucionalmente de Ecuador y Perú. López Obrador ha afirmado falsamente que no son legítimos, y Sheinbaum ha respaldado esa narrativa.
Sorprendentemente, la lista de invitados a la inauguración de Sheinbaum sugiere que la nueva presidenta considera a los dictadores de Cuba y Venezuela más legítimos que los de Ecuador y Perú. Eso es ridículo.
Por más difícil que sea políticamente para ella, debería tomar cierta distancia de su predecesor y centrarse en atraer inversiones y reducir la pobreza.
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