La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) agradeció este viernes el pronunciamiento de 11 países americanos por no avalar la confirmación de la reelección de Nicolás Maduro que hiciera el jueves el Tribunal Supremo (TSJ), controlado por jueces afines al chavismo.
«Expresamos nuestro agradecimiento a los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay por mantener su posición firme de no avalar el anuncio del TSJ sobre los votos del 28 de julio», el día de las presidenciales, expresó el bloque en un comunicado.
«La soberanía popular debe ser respetada y las instituciones del Estado se deben a ella«, agregó en su escrito la PUD, que asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó las presidenciales por amplio margen, por lo que publicó en una página web «el 83, % de las actas electorales» para sustentar su reclamo.
En un comunicado conjunto, estos países rechazaron el peritaje judicial, solicitado por Maduro, que terminó con la certificación del resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que sigue sin publicar los datos desagregados que confirmen esa victoria, pese a que la divulgación de esta información estaba contemplada en el cronograma.
Los 11 Gobiernos dijeron que el TSJ «pretende convalidar los resultados sin sustento».
«Nuestros países ya habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas», agregaron.
Al hilo de este argumento, recordaron que «la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela alertó sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones, tanto del CNE como el TSJ».
Entretanto, el Gobierno de Maduro tildó de cómplices violentos a estos 11 países, a los que acusó de estar «cometiendo un acto inaceptable de injerencia en asuntos que solo competen a los venezolanos.
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