El defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, afirmó este jueves que las repatriaciones de migrantes irregulares que llegan al país atravesando el Darién, la selva fronteriza con Colombia, «tienen que ser voluntarias» y no forzosas.
EFE
«Las repatriaciones tienen que ser voluntarias, no pueden ser forzosas. A las personas se les tiene que dar la oportunidad de continuar, de pedir refugio. Porque puede ser que sean perseguidas políticamente», declaró Leblanc, que instó al respeto de los derechos humanos.
Los migrantes provienen de lugares donde «te encarcelan por pensar distinto» o por «ejercer el periodismo», señaló el funcionario de derechos humanos en una entrevista con la cadena EcoTV.
El defensor del Pueblo remarcó además que más del 20% de las miles de personas que están llegando a Panamá a través de la selva en su viaje hacia Norteamérica son niños, niñas y adolescentes, quienes no pueden ser detenidos ni encarcelados.
En lo que va de año, cerca de 200.000 migrantes han atravesado la selva, mientras que en 2023 fueron más de 520.000, una cifra inédita, según datos oficiales. La gran mayoría son venezolanos.
El nuevo Gobierno de Panamá que preside José Raúl Mulino firmó el pasado lunes, cuando asumió el mandato por 5 años, un convenio con Estados Unidos que contempla la repatriación de migrantes indocumentados que lleguen al país a través de la jungla.
Un día después el Gobierno en Washington anunció que destinará 6 millones de dólares para financiar el convenio con Panamá, que incluye apoyo para vuelos de deportación de aquellas personas en movilidad que no «tengan necesidad de protección internacional u otros requisitos legales» para permanecer en el país centroamericano.
Así lo dijeron a la prensa Marcela escobari, asistente especial del presidente estadounidense, Joe Biden, y el subsecretario de Estado adjunto Eric Jacobstein, sin precisar cuántos deportaciones se pretende realizar y hacia qué países.
En este contexto y desde la campaña, el presidente Mulino ha prometido «cerrar» el paso de migrantes por el Darién, algo que comenzó a ejecutar con la colocación de una «barrera perimetral» en tres trochas de la selva, con el fin de «canalizar» el flujo migratorio y ejercer un mayor control sobre el mismo, como infirmó el miércoles un comunicado oficial.
El defensor del pueblo dijo que esta institución y su par de Colombia han identificado 11 rutas dentro del Darién, una de ellas utilizada ancestralmente por los aborígenes de la zona, y se congratuló por la medida panameña de cerrar tres para «canalizar» el flujo migratorio, puesto que así se podrá dar más protección a los viajeros, que suelen ser víctimas de asaltos, robos y hasta violaciones o asesinatos por parte de grupos criminales.
Leblanc recordó que ya interpuso ante la Fiscalía de Panamá una denuncia penal para que se investiguen alrededor de 400 casos de presunta violación ocurridos en la selva fronteriza entre su país y Colombia.
Pero el defensor del Pueblo expresó que la idea de cerrar las trochas en la selva tendrá sobre todo un impacto psicológico que no detendrá el flujo necesariamente, porque los migrantes buscarán otras vías, en el mismo Darién o por mar, para seguir llegando a Centroamérica en su ruta hacia el Norte.
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