La corrupción que ha imperado en Venezuela durante los últimos 25 años con la llegada del llamado socialismo del siglo XXI, ha llevado al saqueo sin precedentes de miles de millones de dólares de las arcas de la nación, una exorbitante cifra difícil de cuantificar y seguir su pista.
El robo millonario del erario por parte del Estado venezolano a través de una red de fondos opacos y sin control, que los especialistas se atreven a calcular en más de 600.000 millones de dólares, ha causado una crisis económica, política y social de gran magnitud, causante del desplazamiento y exilio obligado de más de 8 millones de venezolanos, que salen a otros países, en busca de mejores condiciones de vida.
El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien actualmente se encuentra exiliado en España, en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS manifestó que no se puede calificar, ni siquiera, como el «robo del milenio, sino como «el robo más estrafalario de la historia de la humanidad”.
Ledezma indicó que el desfalco a Venezuela tuvo su inicio en 1999 con el llamado Plan Bolívar 2000 creado por el fallecido Hugo Chávez, con el que se manejaron unos 100 millones de dólares para programas sociales de alimentos y viviendas, por lo que es recordado como un caso emblemático de corrupción.
Otro caso que marcó la corrupción chavista en el país suramericano fue el robo de 300.000 millones de dólares de Administración de Divisas (CADIVI) en 2003, que fue denunciado cinco años más tarde por el ex ministro de Planificación Jorge Giordani, quien formó parte de los gabinetes de Hugo Chávez y Maduro.
Además, cabe recordar el famoso “millardito” (mil millones) que Hugo Chávez le pidió en 2004 al Banco Central de Venezuela (BCV) para financiar diversos proyectos adelantados y la creación del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), que terminó comprometiendo más de USD 174.000 millones y dejó al país petrolero sin reservas internacionales y sin plenas facultades al BCV (Banco Central de Venezuela).
Industria petrolera
Mercedes De Freitas, directora ejecutiva y fundadora de Transparencia Venezuela, expresó a DIARIO LAS AMÉRICAS que los casos más emblemáticos de corrupción están asociados con PDVSA, “debido a que es la empresa que genera las divisas al país en un 99%, y, aunque la producción ha bajado significativamente, es de donde siguen saliendo la mayoría de los casos”.
El entramado de corrupción que envuelve a Petróleos de Venezuela (PDVSA) es solamente una pequeña parte del saqueo a la nación que ha caracterizado a los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, por el que cuatro ministros han sido acusados, entre ellos Tareck El Aissami, el último en ‘caer en desgracia’ al ser señalado de dañar el patrimonio nacional con una escandalosa trama de corrupción, cuyo desfalco supera los 23.000 millones de dólares.
El Aissami, exvicepresidente y ex mano derecha Nicolás Maduro, fue arrestado el pasado 9 de abril por este caso, en el que se han detenido otras 65 persona acusadas de delitos como traición a la patria, apropiación del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Desde 2017, la fiscalía suma más de 30 investigaciones de corrupción en la estatal, por las que fueron acusados otros tres exministros de Petróleo: Rafael Ramírez, prófugo de la justicia en Italia; Eulogio Del Pino, detenido y Nelson Martínez, quien murió por complicaciones de salud, bajo la custodia del régimen.
La ONG Transparencia Venezuela ha registrado alrededor del mundo 236 casos relacionados con la corrupción venezolana. Sólo en 114 de esas causas se conoce la cantidad de dinero público desviado, que asciende a unos 52.000 millones de dólares.
PDVSA-Crypto
La trama de corrupción conocida como PDVSA-Crypto develada en 2023, afirmó Mercedes De Freitas, se ha convertido en el caso de corrupción “más importante no sólo de Venezuela, sino del planeta».
Este esquema de corrupción, que involucra a importantes exfuncionarios del gobierno venezolano y a más de 20 empresarios en ventas ilegales de petróleo, consistió en vender el crudo con descuento y exigir hasta 30% de comisión a los empresarios, a cambio de las asignaciones de los buques.
En las operaciones, en las que gran parte del dinero se negoció en efectivo y a través del sistema de las criptomonedas, se vieron inmersas dos institucionales nacionales, la hasta ahora intervenida, Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Mercedes De Freitas detalló que existen 167 procedimientos judiciales dentro de Venezuela y en el extranjero por diversas modalidades de corrupción asociadas con la estatal petrolera, de los cuales la mitad suman 68.000 millones de dólares.
Ante esto, la especialista se preguntó: “¿cómo es posible que se roben esa cantidad descomunal de dinero?, y nadie se entere de que había irregularidades obvias, habiendo una junta directiva, un departamento de auditoría, un departamento de contabilidad, que deberían tener información sobre las cobranzas y las deudas”.
Aseguró que el Estado venezolano ha sido incapaz de controlar los fondos de la nación a través de los entes públicos responsables de la recepción de recursos, la rendición de cuentas o exigencias como la Contraloría General, la Fiscalía General, el Ministerio Público y el BCV, organismos que permitieron este “tamaño de desfalco gigantesco”.
En Venezuela, la industria petrolera no ha sido la única fuente de corrupción, De Freitas recalcó que entre los casos más importantes en cuanto a corrupción también se encuentra todo el dinero que no se invirtió en electricidad, compras con sobreprecios de equipos médicos y medicamentos, los hospitales que no se construyeron.
Además, mencionó la trama de alimentación que involucra a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) con la importación de alimentos que se pudrieron en los aeropuertos o fueron compradas con sobreprecios, en el que se vinculó al empresario colombiano Alex Saab, quien fue extraditado a Estados Unidos por lavado de dinero, luego liberado por el gobierno de Biden tras una negociación con rehenes estadounidenses.
Por su parte, Ledezma recordó casos específicos de obras inconclusas como el dinero destinados para construir el ferrocarril, las líneas del metro, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo o sobre el río Orinoco, la recuperación del río Guaire, las centrales azucareras y las termoeléctricas, que fue despilfarrado por el régimen chavista en las últimas décadas.
¿Es Posible recuperar el dinero?
La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela explicó que para recuperar el dinero involucrado en hechos de corrupción se necesita un arduo trabajo del sistema de justicia venezolano, que permita judicializar cada uno de esos activos y presentar evidencias que demuestren que fueron robados, ya que los procedimientos utilizados suelen no dejar huellas.
Mientras que Ledezma sostiene que se debe desarrollar un plan que permita recuperar y rescatar todos esos capitales que forman parte de la corrupción. “Será necesaria una operación de repatriación de capitales, que muchos han sido sacados y resguardados en otros países del mundo considerados paraísos fiscales”, aseveró el ex alcalde de Caracas.
Régimen desesperado
Ante la asfixia económica causada por la destrucción de la industria petrolera, la corrupción, la falta de inversión y las sanciones internacionales en la nación, en medio de un año electoral, el régimen chavista ha optado por la aprobación de mecanismos legales de control social como la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social considerada por los economistas como una “arremetida” contra la empresa privada.
Esta nueva norma no deja claro la forma en que llegarán los recaudos a los pensionados, quienes recibirán según lo establecido en la ley una «contribución especial» de hasta 15% en salario y bonos de lo que la empresa paga a sus trabajadores. Analistas, dirigentes y ONG han denunciado que la intención es obtener lo antes posible los recursos de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Analistas, dirigentes y ONG han denunciado que la intención es obtener lo antes posible los recursos de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
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