El Tribunal Supremo de Estados Unidos parece dispuesto a darle otro balón de oxígeno a Donald Trump en los casos penales que afronta por sus acciones como presidente de Estados Unidos. No tanto porque esté de acuerdo en la tesis del ex presidente de que tiene inmunidad total en todos los actos que realizó en el ejercicio de su cargo cuando era presidente, sino porque es probable que su sentencia salga lo suficientemente tarde y sea lo bastante matizada como para que el juicio contra Trump por lo que la Fiscalía considera su intento de robar las elecciones de 2020 no empiece antes de las elecciones de noviembre.
En cuanto al otro proceso que se verá directamente afectado por esta sentencia, el de la presunta sustracción de secretos de Estado cuando era presidente, parece claro que no va a celebrarse hasta después de los comicios, debido a las constantes dilaciones de la jueza del caso, Aileen Cannon, que fue nominada por Trump al cargo y ratificada por el Senado, reunido en funciones después de las elecciones de 2020.
Durante dos horas, los nueve magistrados del Tribunal -tres de ellos nombrados a instancias del propio Trump- interrogaron este jueves a la Fiscalía y a la defensa del presidente acerca de la tesis de éste de que el jefe del Estado y del Gobierno tiene inmunidad total y absoluta en el ejercicio del cargo. De las preguntas de los jueces se deduce que no hay un consenso acerca de la cuestión. Tres de los seis jueces republicanos se mostraron abiertos a la posibilidad de reenviar la cuestión a un tribunal inferior, lo que supondría esperar a que éste se pronunciara, tras lo cual es probable que la fiscalía o la defensa volvieran a llevar la cuestión al Supremo. Con independencia de que el alto tribunal lo aceptara o no, ya se estaría hablando de un retraso de semanas.
Otra opción sería que el Supremo exigiera a la jueza del caso sobre el presunto intento de robo de las elecciones, Tanya Chutkan, que clarifique qué actos de los que la Fiscalía acusa a Trump son «oficiales» -es decir, los realizó en calidad de presidente- y qué actos no. Eso supone abrir un melón jurídico de dimensiones inabarcables que, de nuevo, extienda el proceso.
Algunos magistrados republicanos se mostraron más favorables a las tesis de Donald Trump. El caso más evidente fue del de Brett Kavanaugh, que prácticamente repitió la tesis del ex presidente de que sus acciones en la Casa Blanca están, en el terreno práctico, por encima de la Ley. Esa tesis dio lugar a algunos intercambios de pareceres absolutamente increíbles entre los magistrados y la defensa de Trump, como cuando los primeros preguntaron a los segundos si, en función de esa inmunidad legal, un presidente de Estados Unidos podría, por ejemplo, exigir un millón de dólares a cambio del nombramiento de un embajador, o simplemente dar un golpe de Estado.
El abogado de Trump, D. John Sauer, respondió que la idea del soborno «suena mal», aunque no entró en detalles. Pero, en relación a la segunda parte de la pregunta, respondió que la respuesta probablemente sería afirmativa, toda vez que el presidente movilizaría a las Fuerzas Armadas para dar el golpe en su calidad de «comandante en jefe» de éstas. Supone una ironía que el Tribunal Supremo de un país, Estados Unidos, que se independizó para constituir una república democrática, esté escuchando bajo qué circunstancias un golpe de Estado puede ser «legal».
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