Según Cepaz la población continúa siendo víctima de la violación de sus derechos “por motivos políticos para intimidar y silenciar las exigencias de derechos y garantías”.
“Desde el pasado ha sido una política del gobierno de Nicolás Maduro la criminalización de la protesta a través del ejercicio de patrones y castigos ejemplarizantes. Estos reprimen, intimidan y generan miedo en la población. Tratando así de evitar que los distintos sectores sociales se manifiesten y exijan la restauración de sus derechos y garantías. Durante el mes de julio registramos un aumento de este tipo de criminalización que se extendió incluso al sector salud”, señaló la ONG en su más reciente informe.
Patrones como las detenciones arbitrarias, amenazas y el despido injustificado han sido aplicados contra estos profesionales. Aunque, destacó, sus exigencias se encuentran basadas en la necesidad de mejoras urgentes en el sistema de salud para enfrentar la pandemia.
Citó el caso de la enfermera Ada Macuare, detenida y acusada de instigación al odio y terrorismo por exigir suministros médicos, medicinas y equipos de bioseguridad.
En la mayoría de los casos, explicó Cepaz, son familiares de personeros políticos o activistas de derechos humanos, a quienes identificaron como población por no estar ellos involucrados en la política o en el activismo ciudadano.
Más abusos
Dentro de estos 186 actos de persecución y criminalización que documentó, registró 12 ataques contra periodistas, incluyendo tres actos de amenazas, estigmatizaciones y hostigamiento (como el intento de allanamiento de la vivienda de la periodista Mildred Manrique), dos detenciones arbitrarias y seis emisoras de radio que salieron del aire momentáneamente debido a los constantes cortes eléctricos en el estado Cojedes.
Además, un periodista fue obligado a borrar el material que había recogido en su equipo de trabajo.
También monitoreó y documentó al menos seis ataques contra las organizaciones de la sociedad civil, específicamente cuatro detenciones arbitrarias. En alguno de los casos se produjeron actos de amenazas y estigmatización previa, e incluso el allanamiento de la vivienda de un activista. Se produjo también un acto de hostigamiento contra un activista mientras ejercía el derecho a la protesta, y un allanamiento irregular a la sede de una organización.
Por último, documentamos 112 ataques contra personeros políticos. Específicamente tres detenciones arbitrarias y 109 actos de amenazas, hostigamiento y estigmatización. Lo cual incluye la vinculación de líderes opositores con bandas armadas y señalamientos a las diputadas y a los diputados electos en el año 2015 de cometer actos contra la República.
Registró también tres actos de violencia y hostigamiento. Uno contra quien conducía el vehículo en donde se trasladaba al dirigente de oposición Juan Guaidó cuando fue atacado, y dos contra familiares de un líder político.
“Estos han sido ejercidos por el gobierno de Nicolás Maduro principalmente contra personeros políticos y sus familiares, organizaciones de la sociedad civil, su equipo de trabajo y sus familiares, periodistas, reporteros y trabajadores de la comunicación y contra la población”, dice la ONG.
Destacó que los actos de persecución y criminalización se extienden contra los familiares de los defensores de derechos humanos y de los líderes políticos. “A pesar no ejercer ningún tipo de activismo, la familia es perseguida y criminalizada como una forma de intimidar, amenazar y disuadir a quienes ejercen el liderazgo político opositor o a quienes exigen y defienden los derechos de la ciudadanía”.
Específicamente documentó seis familiares víctimas de la persecución y la criminalización por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Concretamente el allanamiento de la vivienda y la detención de la madre del activista Javier Tarazona, la señora Teresa Sánchez, quien se encontraba en compañía de un adolescente de 14 años quien también fue detenido.
Así como la detención de la madre, el hermano y un primo del dirigente político Javier González: María Coromoto González, Michael González y Michel González respectivamente. Por último, el hostigamiento a los padres del dirigente de Voluntad Popular Luis Somaza, cuando funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro intentaron ingresar a su residencia.
En este contexto de criminalización a la protesta también fue víctima el coordinador de la organización Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), Francisco Reyna. Miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo amedrentaron y hostigaron cuando exigía la liberación de Javier Tarazona (FundaRedes).
“Esta forma de criminalización a la protesta y de generar miedo se extiende día a día en el país. No solo a los médicos y activistas, sino también a la población en general. Al manifestar por las precarias condiciones de vida son víctimas sistemáticas del ejercicio de esta política de criminalización por parte del gobierno de Nicolás Maduro”, sostuvo la organización.
El monitoreo que hace Cepaz constituye un compendio de la recopilación de publicaciones compartidas por las fuentes de información digital nacionales e internacionales, y denuncias que llegan directamente a su portal de denuncias.
Se realizó durante el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de julio de 2021. La documentación de los casos constituye un subregistro y por tanto no necesariamente representa la totalidad de actos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de julio, pero sí constituye una muestra significativa para demostrar la existencia de un patrón de persecución, criminalización y ejercicio del control por parte de quienes hoy controlan el poder, aclara Cepaz.
En la mayoría de los casos, explicó Cepaz, son familiares de personeros políticos o activistas de derechos humanos, a quienes identificaron como población por no estar ellos involucrados en la política o en el activismo ciudadano.
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