La recentralización ha marcado la gestión pública del chavismo y echado por tierra la estructura descentralizadora que comenzó a gestarse en los 90. Analistas consultados por TalCual indican que, con la reversión de la descentralización, además de vulnerar las atribuciones de gobernadores y alcaldes, no se garantiza la eficacia y la eficiencia de la gestión pública
La recentralización ha marcado la gestión pública del chavismo, especialmente en los últimos años, y echado por tierra la estructura descentralizadora que comenzó a gestarse en los 90. En ese trayecto, la revolución pasó por alto la inclusión de la descentralización en la Constitución de 1999 y que fue ofertada como uno de los logros del nuevo texto fundamental, advierten analistas consultados por TalCual.
La descentralización se diseñó como la redistribución política, administrativa y financiera de los poderes públicos en los ámbitos de la jerarquía territorial de gobierno, esto es nacional, regional y municipal.
El artículo 4 de la carta magna señala que “la República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”.
Asimismo, el artículo 158 esboza que la descentralización, como política nacional está llamada a profundizar la democracia, acercando el poder a la población y “creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales”.
En este punto, analistas contactados para este trabajo indican que, con la reversión de la descentralización, además de vulnerar las atribuciones de gobernadores y alcaldes, no se garantiza la eficacia y la eficiencia de la gestión pública.
El sociólogo Trino Márquez identifica tres fases de la descentralización: el diseño de leyes para que el proceso se ejecutara de forma ordenada, la consolidación en los años 90, y la decadencia, en tiempos del chavismo, que comenzó a darse a partir de 2002.
“Desde 1999 hasta 2002 Hugo Chávez vivió una especie de luna de miel con gobernadores y alcaldes. El proceso se revierte a partir de los sucesos de abril cuando surge la idea de acentuar los rasgos personalistas, caudillistas y, por supuesto, centralizadores del gobierno”, destaca Márquez.
Señala que el expresidente Rafael Caldera tenía una mentalidad centralista, pero era respetuoso. De esta manera, refiere, Caldera realizaba gabinetes sociales, reuniones del alto gobierno con gobernadores y alcaldes, durante las cuales se aprobaban proyectos de envergadura.
Márquez refiere que dentro los factores que explican la derrota de Chávez en el referendo constitucional de 2007 se encuentra el hecho que la reelección propuesta era la del Presidente de la República, no la de los gobernadores y alcaldes ni del resto de los cargos en los órganos de representación popular. Sin embargo, según la enmienda constitucional aprobada en 2009, se permite la reelección en estos cargos.
El sociólogo añade que otro de los elementos fue la propuesta de la nueva geometría del poder y la creación del Estado comunal. Este último aspecto es una amenaza creciente para 2021 dado los pasos que se dan desde la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020.
“Todo esto era un misil contra los gobernadores y alcaldes y eso lo entendieron perfectamente los dirigentes regionales opositores, pero también los dirigentes regionales del oficialismo”, afirma.
Recentralización en marcha
El politólogo Luis Salamanca expresa que la descentralización fue un proyecto de desarrollo institucional de la democracia venezolana. Añade que se configuró con el objetivo de dar respuesta a la crisis de legitimidad de la dirigencia de los partidos políticos, y de los propios partidos, de la década de los 80 y los 90.
“Pero el proyecto de descentralización ha colapsado y se ha perdido en estos últimos 20 años. Esto ha ocurrido, en primer lugar, por la voracidad de poder de Hugo Chávez de controlar todas las instituciones para que no hubiera resistencia a su proyecto del Estado en ningún poder nacional ni territorial, eso fue causante de la liquidación del proyecto político de la descentralización”, asevera Salamanca.
En ese contexto, Salamanca señala otros elementos que fueron estructurados para afianzar la tendencia recentralizadora del chavismo, entre ellos la eliminación de las juntas parroquiales y la aceptación sumisa de los autoridades regionales que ganaban en elecciones por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), su subordinación ante el poder ejecutivo.
Señala que esto fue palpable cuando Juan Barreto, exalcalde metropolitano de Caracas, hablaba de un solo gobierno.
«Una cosa es que el gobierno central con el regional puedan colaborar, de hecho están establecidas competencias constitucionales concurrentes, pero sin que eso suponga la reducción a uno solo de todas las instancias de poder. Otra razón es el abierto y descarado despojo de las competencias constitucionales exclusivas de los estados por parte del Ejecutivo», subraya Salamanca.
A modo de ejemplo, el 30 de junio pasado, el gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, enfatizó que desde Miraflores se ejerce un poder importante al controlar las instituciones estadales que tienen incidencia en los servicios públicos, la seguridad y otras áreas de importancia.
“No tengo competencias en Hidrocaribe, pero cuando hay un problema se le hace un exhorto a la persona encargada para que tome cartas en el asunto. Todo lo que es Corpoelec, Cantv, transporte. Todo eso lo maneja el gobierno nacional”, indicó Díaz.
Recentralización niega la Constitución
Por su parte, la exministra Eglé Iturbe de Blanco sostiene que el gobierno chavista autoritario y con signos de completa autocracia, ha irrespetado la Constitución desde el primer día.
«En el caso de la descentralización, lo que ha habido es una recentralización. En primer lugar, la única voz que se acepta es la del Presidente cuando habla, eso es ley. Eso lo acepta la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esto ha ocurrido con Chávez y con Maduro pero con Maduro mucho más. En segundo lugar, en todo el sistema de decisiones institucionales se ha distorsionado por completo», subraya.
En julio de 2020, Acceso a la Justicia denunció lo que consideró “un golpe a la descentralización tributaria”, cuando la Sala Constitucional del TSJ ordenó suspender por 90 días las normas tributarias de los municipios y estados. Entonces, el máximo tribunal ordenó al vicepresidente sectorial del Área Económica, Tareck El Aissami, crear una mesa técnica con los gobernadores, los alcaldes y el jefe de gobierno del Distrito Capital para coordinar los parámetros “dentro de los cuales ejercerán la potestad tributaria, en particular, para armonizar los tipos impositivos y alícuotas de los tributos”.
La exministra Iturbe recalca que la tendencia recentralizadora también se observa en las decisiones políticas que se asumen en el Consejo de Ministros, en el que Maduro suele reunirse con los vicepresidentes sectoriales de su gobierno, así como en el control que se ha concedido a los militares.
Destaca, asimismo, que sobre los gobernadores y alcaldes siempre hay sombras que impiden el ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
Ya en 2015, la investigadora Meralys Mata, en su tesis doctoral “La descentralización en Venezuela por mandato de la Constitución de 1999 y la tendencia centralizadora del gobierno” (Universidad Universidad Nacional de Educación a Distancia de España), indicó que con la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público de 1989, se concretó cierta transformación en la vida política de las regiones.
De esta manera, se otorgó autonomía y competencia a los estados y municipios, y se incrementó el situado constitucional, entre otros aspectos.
La referida ley fue reformada por el chavismo. “Se vienen creando instituciones que lejos de contribuir con el desarrollo de las regiones, a través de la descentralización, el gobierno viene transformando la estructura del Estado con el fin de consolidar una forma de gobierno con ideologías y filosofías que hacen presumir la instauración de un poder altamente centralizado, de visos autocráticos, en el que todas las decisiones se vienen tomando desde el gobierno central”, advertía Mata.
Gobiernos paralelos
Luis Salamanca señala que la recentralización también pasa por la creación de los poderes paralelos, en los casos en que el chavismo ha sido derrotado en elecciones regionales.
«Así Chávez creó la autoridad única del Distrito Capital y al final se eliminó la Alcaldía Metropolitana, eso es una barbaridad y eso en virtud de que Antonio Ledezma había ganado la alcaldía. Se irrespeta, además la voluntad popular expresada en las urnas, con lo cual el pueblo pierde soberanía», acota.
En 2009, la Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista aprobó una Ley del Distrito Capital, que despojó al alcalde metropolitano de Caracas de varias de sus competencias, y le fueron transferidas a un funcionario designado por el Presidente de la República. En 2017, a través de la constituyente, considerada por juristas y opositores como ilegítima, el chavismo eliminó la Alcaldía Metropolitana y la Alcaldía del Alto Apure.
Ese mismo año 2017, Nicolás Maduro designó a los candidatos oficialistas que perdieron en las elecciones de gobernadores como protectores en los estados Zulia, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta.
«Es una figura para no dejar al pueblo ‘al garete’. En Miranda fue muy exitosa», aseguró el gobernante. En 2018, nombró a Freddy Bernal como protector del estado Táchira.
Aunque Maduro ha prometido que la figura de los protectores, que no está en la Constitución, dejará de exigir luego de las elecciones regionales, existe mucho escepticismo al respecto.
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«A partir de estas elecciones creo que lo mejor es que gane quien gane le vamos a eliminar los protectores, que gobierne quien gane, se elimina ese protectorado. Una buena noticia, se hace viral», aseveró Maduro el 26 de junio pasado.
El politólogo Salamanca recuerda cuando Henrique Capriles ganó la gobernación de Miranda y desde la Asamblea Nacional (AN), de mayoría chavista, se reformó el marco legal a través de la cual se despojaron a las gobernaciones de las competencias de las carreteras nacionales y aeropuertos que tenían asiento en los estados. Destaca que con esto se violó el articulado constitucional.
La exministra Eglé Iturbe de Blanco recuerda la creación de Corpomiranda en marzo de 2013. Destaca que esto se hizo como parte de los pasos para robar competencias a los gobiernos regionales e ir desconociendo a las autoridades electas mediante el voto popular.
«A Chávez no le gustaba la descentralización porque le competían con su poder. Gobernadores y alcaldes son poderes autónomos se rigen por leyes locales y ordenanzas, eso a Chávez no le servía. A través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también se creó una doctrina de concentración de poder», Luis Salamanca.
El analista señala que con la liquidación de la descentralización se ha generado que, en Venezuela, no exista un gobierno efectivo.
«No hay eso que llaman gobernanza, que es la palabra avanzada para referirse a la gobernabilidad, gobierno con la sociedad, los grupos y las asociaciones civiles e intermedias con el pueblo y la gente. Todo eso que está escrito en la Constitución, pero que no es real. La Constitución real es la que está en los intereses de quienes mandan. Mandar no es gobernar, gobernar es resolver problemas», subraya.
De cara a las regionales
“Lo que queda es la formalidad de las elecciones de gobernadores y alcaldes, la descentralización política, con lo cual Hugo Chávez no pudo acabar. Uno de los factores que más se le resistió fue el propio liderazgo regional del PSUV”, asegura Trino Márquez.
El sociólogo añade que los municipios se le quitaron competencias importantes como el suministro de los servicios públicos y el mantenimiento de las vías publicas. Cree que la merma de las atribuciones de gobernadores y alcaldes podría ser un estímulo negativo para las elecciones regionales de noviembre. Sin embargo, subraya que la participación opositora en esos comicios puede apuntar hacia el rescate y sentido de la descentralización.
«Uno de los objetivos de la descentralización fue profundizar la democracia. El otro era aumentar la eficacia del sector político del Estado como unidad organizativa porque planteaba una división más racional del trabajo entre las funciones del gobierno central y las funciones de los gobiernos regionales y municipales», puntualiza.
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El artículo 4 de la carta magna señala que “la República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”.
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