Al régimen le parece un exabrupto que un grupo de países se reúna para tratar la crisis de los migrantes y de los refugiados venezolanos. Era de esperar, porque ellos siempre han negado la existencia de un fenómeno social que es producto directo de sus acciones, especialmente de sus constantes violaciones de los derechos humanos.
La única vez que han hecho mención de los migrantes fue para echarles la culpa de la entrada del coronavirus a Venezuela. Aquellos que se vieron en la triste necesidad de volver cuando la pandemia los dejó sin trabajo, o la xenofobia dificultó su estadía en otros territorios a los que se vieron obligados a ir en busca de una mejor calidad de vida, fueron señalados como delincuentes al regresar a su país.
La falta de aceptación no significa que el problema no exista. Los números difícilmente mienten y hay que confiar en las cuentas que llevan la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y los gobiernos de los países receptores, así como muchas organizaciones no gubernamentales e internacionales como la Cruz Roja.
La Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados no tiene por qué inventar que Venezuela es el segundo país con más refugiados y desplazados, con un total de 3,9 millones, solo superada por Siria, donde se vive una cruenta guerra interna. Incluso esa cifra pudiera no estar actualizada, porque algunos expertos señalan que los migrantes venezolanos se acercan a los 7 millones,
Sobre la base de esos datos y con el análisis del comportamiento de la llegada de venezolanos a países fronterizos como Colombia y Brasil, la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos que se realizó el jueves logró reunir un total de 1,5 millardos de dólares para atender la crisis. No se puede llamar de otra forma el problema que representa para cualquier país, por rico que sea, la llegada indiscriminada de ciudadanos extranjeros, de manera constante y en grandes grupos, y cuya atención requiere de gastos que no están previstos en su presupuesto.
Para un régimen indolente como el venezolano cualquier persona que se haya ido es despreciable, cae en la categoría de apátrida y no merece ni siquiera una aspirina. Hasta hay quien haya propuesto con verbo encendido retirarles la nacionalidad. Pero hay gobiernos en los países receptores -no en todos, es verdad- que han entendido la situación e intentan buscar soluciones. Colombia, por ejemplo, planea entregar permisos especiales de permanencia a los que se hayan registrado; España ha concedido residencias a más de 40.000 compatriotas y Estados Unidos otorgará un estatus de protección temporal (TPS) a los venezolanos que hayan llegado a su territorio antes de marzo.
Son medidas que se agradecen. Algunas en retribución al trato que Venezuela les dio a los migrantes latinoamericanos y europeos cuando lo necesitaron. Pero la situación está lejos de regularizarse. La desesperación es grande y hemos visto en imágenes recientes cómo decenas de personas cruzaban el río Bravo para llegar a la frontera estadounidense y otros que pensaron hacerlo caminando desde Venezuela, pero fueron detenidos en Honduras.
Entonces, ¿por qué la molestia del canciller del régimen por la recaudación de fondos? La migración masiva de venezolanos es una realidad que nos sobrepasa, un problema que no se puede ocultar bloqueando una página web o cerrando una emisora de radio. Un hecho inédito en un país que fue rico y que habla por sí solo de lo mal que lo han hecho quienes se apoltronaron en Miraflores en las últimas dos décadas. Una verdad que duele y que no tiene que ver con sanciones imperialistas sino con la incapacidad de un Estado para cuidar a sus ciudadanos.
Editorial de El Nacional - http://confirmado.com.ve/
Un hecho inédito en un país que fue rico y que habla por sí solo de lo mal que lo han hecho quienes se apoltronaron en Miraflores en las últimas dos décadas. Una verdad que duele y que no tiene que ver con sanciones imperialistas sino con la incapacidad de un Estado para cuidar a sus ciudadanos.
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