La fiscal saliente de la Corte Penal Internacional afirmó que se pronunciaría sobre el caso venezolano antes del 15 de junio
El director de la ONG Defiende Venezuela y experto en Justicia Penal Internacional, Carlos Briceño, recomendó no esperar cambios en materia política en el país con la decisión que tome la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el caso que se le sigue a la administración de Nicolás Maduro sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
Entrevistado por El Pitazo, Briceño aconsejó que hay que atenerse a los resultados que la CPI ofrezca y que los mismos constituyen un avance en un proceso que puede durar años para esclarecer lo ocurrido en el país. Por ello, hizo un llamado a no sobrelimitar las expectativas que se tengan respecto al caso.
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«Esperar una transición es muy exagerado en función de la realidad jurídica. Desde el punto de vista jurídico vemos la evolución de la Corte Penal Internacional y vemos otros procesos contra máximos responsables, pero nos damos cuenta de que esos procesos no sirvieron para remover a esos personajes», advirtió Briceño.
Explicó que el caso que lleva la CPI está en fases tempranas y que por el momento no se conocerán nombres y apellidos de las personas que podrían estar señaladas de cometer crímenes de lesa humanidad, al tiempo que advirtió que si no hay pruebas sobre los altos cargos, la Fiscalía debe actuar conservadoramente y enfocarse entonces en aquellos sobre quienes hay evidencia clara.
Detalló que ante la inminencia sobre un anuncio por parte de la Fiscalía de iniciar acciones, como reveló en días pasados la fiscal Fatou Bensouda que daría antes de culminar sus funciones el 15 de junio, la administración de Maduro entró en alerta porque se saben observados y por ello deben ser más comedidos en sus acciones.
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Acotó el entrevistado que “el Estado ha tomado acciones más racionales, al menos en apariencia”, situación evidenciada con los cambios del discurso en los casos de las muertes del estudiante Juan Pablo Pernalete y del concejal Fernando Albán.
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El fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, denunció la noche domingo 13 de junio a través de su cuenta en Twitter que se han entregado al menos 10 documentos desde finales de noviembre de 2020 sin tener una respuesta concreta por parte de la Corte Penal Internacional.
Saab aseveró que son alrededor de 4.000 folios recopilados que fueron introducidos en esa instancia internacional y que a su juicio, ha habido silencio del ente.
Mientras, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció este lunes 14 de junio que concluyó el examen preliminar la situación Filipinas y que solicitó autorización judicial para iniciar una investigación formal.
La situación en Filipinas ha estado bajo examen preliminar desde el 8 de febrero de 2018, periodo en el cual la fiscalía de la CPI ha determinado que hay una base razonable para creer que el crimen de lesa humanidad de asesinato se cometió entre el 1 de julio de 2016 y el 16 de marzo de 2019 en el contexto de la campaña “guerra contra las drogas” del gobierno de Rodrigo Duterte.
Explicó que el caso que lleva la CPI está en fases tempranas y que por el momento no se conocerán nombres y apellidos de las personas que podrían estar señaladas de cometer crímenes de lesa humanidad, al tiempo que advirtió que si no hay pruebas sobre los altos cargos, la Fiscalía debe actuar conservadoramente y enfocarse entonces en aquellos sobre quienes hay evidencia clara.
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