El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) falló hoy en contra de la extradición de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, desde Cabo Verde a Estados Unidos, confirmaron este lunes a Efe fuentes de su equipo legal.
En una vista celebrada en su sede de Abuya, capital de Nigeria, el Tribunal de la CEDEAO, bloque al que pertenece Cabo Verde, se pronunció a favor de la libertad inmediata de Saab, aunque está por ver si las autoridades caboverdianas van a acatar esa decisión.
Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando el avión en el que viajaba hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, tras una petición estadounidense a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero.
Según las mismas fuentes, la corte africana ordenó a Cabo Verde, país insular de África Occidental, el pago de unas costas que ascienden a unos 200.000 euros.
La Embajada de Venezuela en Senegal, encargada de cubrir Cabo Verde, también confirmó en su cuenta de la red social Twitter que el Tribunal de la CEDEAO "ordenó la liberación inmediata del embajador Alex Saab".
La corte "declaró que la captura y detención del embajador Saab fue ilegal, arbitraria y reconoce la violación de sus derechos humanos. La decisión involucra la suspensión de la extradición", indicó la legación venezolana en Dakar.
El Tribunal de la CEDEAO ya se pronunció a finales de 2020 a favor del arresto domiciliario del presunto testaferro, que éste solicitó alegando problemas de salud en prisión y que las autoridades caboverdianas acabaron cumpliendo a regañadientes.
Esa corte estimó entonces que la Justicia caboverdiana "actuó fuera de su jurisdicción" cuando lo detuvo el 12 de junio para responder a una solicitud de extradición formulada por Estados Unidos.
SUPUESTO BLANQUEO DE 350 MILLONES DE DÓLARES
El Gobierno caboverdiano y una corte del país han aprobado la entrega del supuesto testaferro, nombrado por Venezuela "enviado especial" y "representante permanente adjunto" ante la Unión Africana, si bien éste ha apelado ante el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde.
El pasado día 5, el Gobierno de Venezuela exigió a Cabo Verde la "liberación inmediata" del empresario colombiano, cuya detención ve ilegal por considerar que las autoridades de ese país violaron su inmunidad diplomática.
"Mi detención ilegal tiene una motivación totalmente política y es patético que el Gobierno de Cabo Verde haya doblado la rodilla ante (…) EEUU", declaró a Efe el propio Saab, de 49 años, en una entrevista a comienzos de este mes.
Tras la detención de Saab, Caracas señaló que él es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno que estaba "en tránsito" en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que "tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela".
El nombre de Saab apareció en la prensa cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con "cientos de millones de dólares".
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
EFE
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
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