Una reforma legal en Ecuador busca, entre otras cosas, facilitar las deportaciones de quienes sean considerados una “amenaza o riesgo para la seguridad pública”. La medida ha causado reacciones de rechazo en la comunidad venezolana que vive en ese país.
El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, Fernando Flores, expresó a la Voz de América que las reformas no están dirigidas contra nadie y que lo que se busca con ellas es generar normas que permitan la convivencia pacífica y una migración ordenada, algo que hasta el momento no se estaba cumpliendo.
Flores reconoce que el éxodo de venezolanos se ha dado en buena parte hacía el Ecuador y que negarles la entrada no es posible, ya que ellos buscan mejores condiciones de vida y llegan huyendo de la grave crisis que atraviesa la nación caribeña. Sin embargo, agrega que ante el aumento desmedido de la migración era necesario adaptar la ley.
La llegada de la pandemia del COVID-19 complicó aún más la situación económica de los migrantes venezolanos en Ecuador.
Según Flores los cambios eran requeridos para “poner orden en casa” y argumentó que cualquier persona que migra debe adaptarse a las leyes que rigen en el país de destino. Insiste en que la reforma respeta el debido proceso y no discrimina a nadie por su situación migratoria.
“No es que cualquier persona es detenida y deportada (…), en esta ley está garantizado el debido proceso. Está garantizado su derecho a la defensa”, asegura.
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Sin embargo, agrupaciones de venezolanos residentes en Ecuador difieren. En un comunicado de prensa, la Asociación Civil de Venezolanos expresó que las reformas se encaminan a “criminalizar la migración”, además de tener términos muy ambiguos o subjetivos que van en contra de lo que dice la Constitución, en lo referente al reconocimiento de que los extranjeros tengan los mismos derechos que los ecuatorianos.
“Solicitamos públicamente al gobierno de Lenin Moreno no dar paso a las reformas hechas por la Asamblea a la Ley de Movilidad Humana y VETAR TOTALMENTE, porque constituyen un claro atentado a la dignidad de los trabajadores inmigrantes además de ser una ley inconstitucional, regresiva y que viola todos los derechos humanos”, cita el comunicado.
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“Solicitamos públicamente al gobierno de Lenin Moreno no dar paso a las reformas hechas por la Asamblea a la Ley de Movilidad Humana y VETAR TOTALMENTE, porque constituyen un claro atentado a la dignidad de los trabajadores inmigrantes además de ser una ley inconstitucional, regresiva y que viola todos los derechos humanos”, cita el comunicado.
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