Un 10 de diciembre del año 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estableciendo las Facultades inalienables que corresponden a toda persona como ser humano sin importar raza, religión, sexo ni opinión política.
Pasaron varias décadas de aquella celebración, pero algunos regímenes olvidaron las garantías básicas para sus ciudadanos. En la región, hay casos representativos como Cuba y Nicaragua. El primero está sometido a una férrea dictadura impuesta por los hermanos Castro desde 1959 cuando se abrieron paso gracias a fusilamientos y torturas. Hoy las represiones y el control continúan.
El segundo país lleva cuarenta años bajo dictaduras de diferente origen pero mismo fin: someter a su pueblo a cualquier precio. El régimen opresor y corrupto de Daniel Ortega incluso analiza la cadena perpetua para quienes cometan supuestos «delitos de odio», una clara violación a la libertad de expresión.
Venezuela también forma parte de esas naciones agravadas, gracias a la dictadura iniciada hace 20 años por Hugo Chávez y empeorada por su «heredero» Nicolás Maduro.
Organismos internacionales lo han plasmado en continuos informes: Venezuela está en crisis por la grave violación a los derechos fundamentales de la población.
La abogada penalista y especialista en derechos humanos, Tamara Sujú, conversó con PanAm Post de este desmejoramiento hacia la población venezolana, incluyendo a los presos políticos y la grave complicidad internacional de otros gobiernos de izquierda. «El deterioro en la vida de los venezolanos es infrahumano», asegura la delegada de WJA ante la Corte Penal Internacional.
Ciudadanos violentados
Sujú recuerda que la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela no trata solamente de los derechos individuales como a la vida y a la integridad física, sino que también abarcan otros aspectos, como el acceso al agua. Un recurso que para algunas sociedades puede ser obvio, pero para los venezolanos muchas veces se vuelve inalcanzable.
«En Venezuela la violación de las derechos humanos no solo es consistente, sino que va en espiral ascendente, porque además de no tener seguridad, se sufre de forma insistente la represión por si sales a manifestar o denunciar cualquier cosa», argumenta.
La abogada advierte que atrás quedaron los colores políticos en las denuncias de la ciudadanía, porque tanto chavistas y opositores también sufren la escasez de recursos como agua, gas, luz y transporte. Otro ejemplo de ello es la falta de gasolina, que los obliga a hacer filas durante días sin que haya una respuesta efectiva del régimen.
Manifestarse también la cuesta caro a los venezolanos. La Directora Ejecutiva de Casla Institute menciona que desde marzo hasta septiembre, se han registrado 7000 manifestaciones, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
«A pesar de la pandemia y la represión, la gente ha salido a protestar. Las condiciones son terribles, no hay ni siquiera gas para cocinar, los venezolanos están cocinando con leña», explica.
Ante este escenario, la abogada lanza una frase certera: «ese deterioro no ha sido provocado ni por sanciones, ni por nada de lo que dice el régimen. Ha sido provocado por la ineptitud del gobierno venezolano de mantener los servicios básicos en buenas condiciones».
Atroces torturas a presos políticos
Un informe de la OEA contabiliza más 18 000 asesinatos por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos —grupos rebeldes— desde 2014, lo cual da cuenta de la espiral ascendente que menciona Sujú.
Durante sus declaraciones, suma el término «persecución focalizada», dirigida por el régimen hacia los actores principales de los focos de protestas, sean líderes políticos y sociales, para acallarlos.
Pero el escenario es más grave: escuchar las palabras de la especialista es como presenciar una historia de ficción por los crímenes atroces contra presos políticos en manos de la dictadura.
La abogada adelantó a PanAm Post que para el informe anual de Casla Institute informarán nuevos patrones de tortura y nuevos centros clandestinos construidos y remodelados por el dictador Nicolás Maduro.
Uno de esos patrones, es una celda de tortura ubicada en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Caracas, que asemeja un ataúd, sin luz, ni ventilación.
«Mide 60 centímetros de largo por 60 de ancho y 2,75 metros de alto. No puedes mover los brazos, arrodillarte, nada. Tienes que estar parado en ese cuartico, te dan un envase para hacer tus necesidades», cuenta.
La sensación de asfixia ha provocado que militares (tenientes, generales y comandantes) y presos políticos emblemáticos (incluyendo mujeres) se desmayen, sin siquiera poder caerse por el poco espacio. Allí pasan tres noches y cuatro días.
La complicidad de la izquierda internacional
Naturalmente Maduro ha aprovechado cualquier recurso para aparentar su respeto a los derechos humanos, recibiendo por ejemplo, la misión de revisión de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La abogada también se refirió a las recientes elecciones parlamentarias del 6D, cuando un grupo de observadores aliados al régimen llegó para lavar la cara a la dictadura. Sin embargo, bajo sus pies siguen ocurriendo estos actos inhumanos.
«Lamentablemente tenemos al mundo dividido entre los que apoyan la democracia y los que apoyan a este régimen criminal. A estas alturas, con todo lo que se ha dicho sobre lo que sucede, es increíble que todavía hayan personajes como estos, que van a decir que todo es una maravilla y que apoyen las elecciones ilegítimas», asevera.
La directora de Casla Institute hace una sentencia: «Todo el que hace esto es cómplice de crímenes de lesa humanidad. Todo el que no denuncie los horrores en las celdas y contra el venezolano de a pie, médicos, comunicadores o abogados».
En sus palabras recuerda que estos crímenes están demostrados en informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Penal Internacional (CPI).
¿Hay una salida?
Tamara Sujú asegura que no existe una salida democrática ante un régimen que se defiende con grupos violentos como las FARC, el ELN, paramilitares, rusos, chinos, iraníes y cubanos instalados adentro del país.
«Hablar de salidas democráticas con una narco-tiranía armada y millonaria, es absurdo», argumenta, sin importar quién cuide y vigile cualquier proceso electoral.
Desde su visión, la única salida es que se aplique el principio de la responsabilidad de protección que tienen los gobiernos del mundo democráticos para ayudar a los venezolanos. «Ellos no van a entregar el poder, están muy cómodos reprimiendo, amedrentando, intimidando y cada día persiguiendo más a los pocos políticos que quedan», advierte.
«Tienen que haber más sanciones económicas y personales. Europa tiene que cerrar el paso a las familias de los sancionados, porque de nada sirve sancionarlos y que manden a toda su familia a vivir cómodamente», explica la especialista.
Completa su argumento con que el cerco debe ser definitivo, de lo contrario solo serán «paños» de agua caliente que funcionan para las cabezas mas no para los familiares.
La abogada también destaca el financiamiento del régimen a través del envío del oro por contrabando a Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Uganda.
Un informe de la cadena suiza Radio Televisión Suisse indica que Suiza también integraría esta lista. Allí refleja que en 2019 autoridades británicas interceptaron un avión privado venezolano con 104 kilos de oro ilegal y con un valor de aproximadamente 5 millones de marcos suizos (USD 5,1 millones).
Debilitar a los sistemas democráticos
Sujú hace énfasis que el dinero obtenido de manera ilegal también le sirve al régimen para financiar a la izquierda socialista mundial.
Cita al grupo de Puebla y otros grupos de izquierda de América Latina que buscan desestabilizar sistemas democráticos de la región. «Si el mundo democrático no ve como un peligro al régimen criminal de Maduro, no han entendido nada», puntualizó.
Otro tema que sale a relucir al respecto es la «demora» de organismos internacionales en ofrecer conclusiones definitivas respecto a la crisis de derechos humanos en Venezuela. En días recientes la OEA criticaba a la CPI por este retraso luego de tres años elaborando su informe.
«¿Que todos quisiéramos que fuera más rápido? Sí. Sabemos que la justicia internacional es lenta pero es importante porque a eso le tienen miedo los criminales venezolanos», destaca la abogada.
Argumenta que los tiempos de la CPI, la ONU y la OEA no son iguales que los tiempos de los venezolanos, que están «en la peor crisis humanitaria que haya vivido el continente americano».
«Si no vemos que Venezuela es un peligro hoy para la seguridad mundial, si no entendemos que la crisis tiene que ser atacada políticamente con acciones contundentes de una vez por todas, entonces no entendemos el problema», sentenció la especialista en derechos humanos.
Sujú hace énfasis que el dinero obtenido de manera ilegal también le sirve al régimen para financiar a la izquierda socialista mundial. Cita al grupo de Puebla y otros grupos de izquierda de América Latina que buscan desestabilizar sistemas democráticos de la región. «Si el mundo democrático no ve como un peligro al régimen criminal de Maduro, no han entendido nada»
ResponderBorrar