Maduro exhibiendo la Ley antibloqueo aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Esta ley nos va a permitir lograr mecanismos novedosos, que tenemos que hacerlo en silencio para impulsar y promover inversiones extranjeras, darles plena y absoluta seguridad jurídica a todos los empresarios”. Tarek El Aissami.

A confesión de partes, relevo de pruebas. Sin ser abogado ni jurista, me atrevo a afirmar que es un golpe a la Constitución con la excusa de enfrentar un supuesto bloqueo. Los bodegones se encuentran abarrotados de milky way y wiski del que les gusta a los enchufados, sin dejar afuera las 4×4 de uso particular de los bolichicos. Ciertamente estamos bloqueados. Cómo se puede importar gasolina de otro país bloqueado. No hay duda de que el cuento del bloqueo es una gran mentira. Un nuevo golpe a la Constitución, al Estado de derecho y a la seguridad jurídica.

Mi antiguo profesor de Historia del Pensamiento Político, Luis Brito García (HPP como lo llamábamos en la Escuela de Estudios internacionales), hoy fervoroso defensor del proceso involucionista del siglo XXI, sacó de su chistera el neologismo de “desaplicación de la ley”, es decir: dejarla de lado o desecharla como a un preservativo. Esa frase recuerdo que la utilizó el extinto y por siempre desaparecido comandante, al referirse a los militares que participaron en los sucesos de abril al momento de ser exonerados por el TSJ en aquella aventura.

El profesor Brito, en un análisis publicado en Últimas Noticias, descalifica la “ajurídica” ley en 30 oportunidades. En una de ellas acota: «una Disposición Transitoria de rango legal no puede derogar ni “desaplicar” normas constitucionales relativas a la inmunidad de jurisdicción, libertad de información y en general otras normas de la Carta Magna que colidan con ella; sobre todo si tenemos en cuenta que nuestra vigente Constitución fue sancionada en referendo aprobatorio por la mayoría del pueblo venezolano». Esta opinión, proveniente de un reconocido profesor afecto al proceso, me recuerda la famosa novela de Hemingway Por quién doblan las campanas. Si el régimen no entiende este repique, no entiende qué quiere decir el dicho criollo “guerra avisada no mata soldados”».

La falta de Estado de derecho en este bodrio jurídico tiene múltiples efectos en cuanto al espíritu, propósito y razón que la motivó. En el plano interno ya hemos visto las reacciones en contra dentro del patio; el cacarear de los gallos anuncia la rebelión en la granja. A nivel internacional, las embajadas acreditadas no entienden que está sucediendo en el gobierno para promulgar una ley inconstitucional y piden mayores explicaciones.

Internacionalmente solo basta referirse a dos elementos con efectos directos. La seguridad jurídica y las inversiones: En el caso de la seguridad jurídica, la promulgación de una ley antinatura contra la ley constitucional que fue aprobada por una Asamblea fraudulenta no sujeta a derecho. Sus leyes igualmente son írritas y nulas; por lo tanto, si con esta se buscaba enfrentar lo que se llama bloqueo y guerra económica no logrará el fin buscado. La falta de seguridad jurídica, aunado al estado de terror que debe enfrentar el empresario extranjero, son los dos fantasmas que pesan como la espada de Damocles sobre los inversionistas.

Otro de los factores es el tratamiento que se le da a la inversión extranjera. Es difícil entender cómo el ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, afirma que este decreto “ajurídico” de completa ausencia de derecho “permitirá la aplicación de mecanismos en silencio para impulsar y promover inversiones extranjeras. Esto no se lo come nadie; ni los rusos, ni los turcos y menos los cubanos que no invierten un peso en quien les da de comer a diario.

Por si fuera poco, el mensaje es tan confuso que la nueva ley en su “desjuridificación” pierde el horizonte en sus necesidades de captar dólares. Un gobierno que dice llamarse socialista, que lleva veintiún años arremetiendo contra la propiedad privada, auspiciando la propiedad comunitaria, con los respectivos efectos negativos sobre la inversión extranjera, ahora vaya en contra de los postulados marxistas-comunistas-castristas al ampliar y fortalecer la propiedad del sector privado, y sobre todo el internacional, incluso la que esté afectada actualmente por medidas ejecutivas, legislativas o judiciales y autoriza implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación, gestión y operación parcial o integral de los sectores internacional en el desarrollo de la economía nacional”.

Para rematar, en sus contradicciones, en ese qué hacer sin saber qué hacer en materia de protección de la inversión extranjera, el proyecto de Ley permite acudir a la figura del arbitraje para la solución de controversias. Esto, sin duda, para ser verdaderamente atractivo se refiere al arbitraje internacional en contravención a la tan cacareada soberanía, figura jurídica que fue muy vilipendiada en los pasados lustros por considerarse contrario al interés nacional.