La política internacional del gobierno interino (GI) de Guaidó ha obtenido importantes triunfos. En ello ha sido clave el empeño de algunos gobiernos del continente como EE.UU., Canadá y Colombia para nombrar a algunos, así como de Europa y el trabajo del equipo internacional de Guaidó; pero también muy relevante ha sido la laboriosa acción constante de ONGs venezolanas e internacionales y la diáspora venezolana. En todo caso cada día se cuentan los avances en los espacios internacionales.

Retos internacionales

Ya no se trata de volver a recordar los 60 países que apoyan al gobierno legítimo de Venezuela ni a los ya logrados avances en la OEA, o la aceptación de parte de muchos países de pasaportes venezolanos vencidos, o el enorme trabajo de lidiar con la acogida de muchos compatriotas en tierras lejanas, o incluso la constitución de un aparato internacional formal del Gobierno Interino (GI).

Todo esto con sus bemoles, pues nada en este momento en Venezuela y para los venezolanos es fácil, todo es complejo y a veces plagado de discordancias.

La Cancillería interina se enfrenta a muchos retos hacia fuera, pues hay que consolidar y avanzar en la aceptación del gobierno legítimo más allá de los 60 países y más allá del 6 de diciembre, cuando se produzcan las elecciones – que Maduro se niega a retrasar aún con el pedido de Europa. Y hacia adentro, pues hay que consolidar un servicio exterior profesional cuando todos trabajan ad honoren y muy pocos llegaron con experiencia en el métier diplomático –que no sólo es saber qué hacer, sino también cómo hacerlo en este delicado medio.

Lo multilateral

Más allá de las relaciones bilaterales, está el trabajo en los espacios multilaterales. Un triunfo innegable es el reconocimiento por la OEA y sus órganos y organismos, del gobierno del presidente Guaidó. Otro logro, más difícil por cierto se ha dado en Naciones Unidas y en especial en el Consejo de Derechos Humanos (CDH).

Muchos se quejan de que Cuba, Venezuela y otros gobiernos violadores de derechos humanos (DD.HH.) han logrado sentarse sistemáticamente en el CDH. En realidad es un contrasentido que se sienten en el Consejo que discute y evalúa el comportamiento de sus miembros en esos temas en particular, pues no aceptan recomendaciones para mejorar su performance en derechos humanos.  Pese a las evidencias, el año pasado el régimen de Maduro se ganó un escaño en el Consejo de Derechos Humanos (DD.HH.) de la ONU, compitiendo con Costa Rica, un país altamente reconocido como defensor y promotor de DD.HH. Irónico. Y más irónico aún es que fue en reemplazo de la Cuba de los Castro. Ellos se turnan.

Consejo de Derechos Humanos

Pero aun así hemos avanzado. Desde mediados de esta década, la violación de los DD.HH. en Venezuela comienza a ser una preocupación relevante en el CDH. Así lo hacía saber su Alto Comisionado. Recordemos la represión a que fueron sometidas las manifestaciones de la oposición en 2015. Esto generó, tras el laborioso trabajo de denunciar, documentar y movilizar información de muchas ONG nacionales e internacionales defensoras de DD.HH., así como de la diáspora, la preocupación de los diversos órganos de los pactos de DD.HH.; siendo de ejemplo el informe  del Comité de Derechos Humanos de 2015 cuando  éste “nota con preocupación …un muy elevado número de muertes violentas…, incluyendo casos presuntamente perpetrados por oficiales de mantenimiento del orden”. Así la violación de los DD.HH. en Venezuela entra a ser tema permanente en esos predios.

Para 2016, la Defensoría del Pueblo venezolana en manos de Tarek Willian Saab era bajada de categoría por  las  Naciones Unidas (NN.UU.) por no cumplir a cabalidad sus obligaciones. El Alto Comisionado volvía a insistir en su preocupación por la represión política, el uso excesivo de la violencia frente a manifestantes en protestas pacíficas, el hambre y el deterioro de la salud. Ese año se realizó el 2º Examen Periódico Universal de la situación de los DD.HH. en Venezuela.  Delsy Rodríguez, como Canciller de Maduro, aseguraba que “el modelo de los DD.HH. en Venezuela es absolutamente irreversible”, basado en la “democracia participativa” y presentó el “Plan Nacional de DD.HH.” Toda una farsa.

Continúa el desprestigio

El caso de Venezuela en los organismos de las Naciones Unidas empezaba a preocupar. En 2017 aceptaron 193 de las 274 recomendaciones presentadas en 2016. Lo más relevante fue que rechazaron 53. Todas se referían  a los derechos políticos y las libertades fundamentales, como: libertad de expresión, reunión y asociación pacíficas; las detenciones arbitrarias o por motivaciones políticas; y la independencia y adecuado funcionamiento de los poderes y órganos del Estado. La justificación era que Venezuela estaba sometida a una arremetida internacional del imperialismo norteamericano y la derecha internacional. Este año, la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. (OHCHR) dejaba claro “el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva” contra manifestantes opositores y  “la existencia de una política para reprimir la disidencia política e infundir miedo en la población para frenar las manifestaciones”.

Al banquillo de los acusados

Fue cuando la primera resolución sobre Venezuela en el CDH se aprueba en 2018.  La res/39 “Promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”, pone el tema de Venezuela en la agenda del Consejo. En este proceso fue clave la acción del Grupo de Lima, pues sus miembros presentaron la resolución que fue aprobada por 23 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones. En meses anteriores la OHCHR, ahora presidida por la chilena Michelle Bachelet, había presentado un informe que mostró las masivas violaciones  a los derechos políticos y libertades fundamentales, así como la crisis humanitaria que vive el país y pedía que se le permita asistir en esa crisis, a lo que el régimen se opone y aunque acepta la presencia en Venezuela de una misión de la OHCHR, en la práctica ésta es bastante limitada por el régimen.

El año siguiente vuelve la resolución (ahora HRC/42) que va más allá de mostrar su preocupación por los DD.HH. en Venezuela, al ser mucho más analítica y explícita. Y más que eso, solicita “establecer, por un período de un año, una misión internacional independiente de investigación” (MII) y, aún más significativo, le dicta a esa misión, que debe hacerlo “con miras a garantizar la plena rendición de cuentas para los perpetradores y justicia para las víctimas”. Es decir, solicita identificación no sólo de los crímenes, sino de sus perpetradores. Esta resolución fue aprobada por 20 votos y 7 en contra, entre ellos, los de China y Cuba.

Crímenes y criminales de Lesa Humanidad

El mencionado informe de la misión (presentado este año) ha sido contundente, detallado y preciso, como mostramos en estas páginas anteriormente; pero lo más relevante ha sido que ha señaladoa medio centenar de culpables. Entre ellos está Nicolás Maduro y los militares que manejan la represión en Venezuela. No sólo culpables de violar los DD.HH., sino que por ser éstas unas acciones “masivas y sistemáticas” son catalogadas como “crímenes contra la humanidad”. Y esto pone completamente el problema a otro nivel. Ahora, cortes internacionales pueden actuar e incluso esto es base para la aplicación del principio de Responsabilidad de Proteger (R2P) que implica la intervención internacional -más cuando el presidente Guaidó la solicitó a propósito de la Asamblea General de NN.UU.

Para 2020 el tema ya no está solamente en lo que corresponde al informe de la Alta Comisionada, sino que se vuelve parte de la agenda de las reuniones en punto 4 referido a “Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo”. La Venezuela chavista comparte la infamia junto a Siria, Burundi y Myanmar.

A ningún país del CDH se le ocurrió presentar una resolución para limitar severamente a la MII. Aunque Irán (que no es parte de los 47 que se sientan este año en el CDH) presentó una a la que luego se sumaron Venezuela, Siria y Turquía; pero tuvieron que bajarle tanto el tono que apenas pudieron hablar de “progresos” y aceptar la cooperación de la OHCHR. La mayoría se abstuvo o votó en contra, pero fue aprobada con 14 votos -en su mayoría del África. Ni siquiera Argentina que defendió a Maduro en la OEA se atrevió a defenderla, incluso la rechazó.

“Con las tablas en la cabeza”

Esta resolución ( A/HRC/45/L.43/Rev.1) fue presentada por unos 50 países que incluyen a miembros del Grupo de Lima, la Unión Europea así como Australia, Israel y Japón entre otros. Se aprobó por 22, con igual número de abstenciones -México entre ellos- y 3 votos en contra (Venezuela, Eritrea y Filipinas). Ella ampliará el mandato de la MII y su duración por dos años más. Por cierto que el número y distribución de los votos vis-à-vis, la otra resolución y las anteriores, refleja un importante avance en el apoyo a la causa democrática y de los DD.HH. en Venezuela.

En su texto resaltan asuntos como que la solución al problema en Venezuela “requiere la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas, transparentes y creíbles, de acuerdo con las normas internacionales”.  Vale destacar la intervención de Alemania por la Unión Europea, cuando subrayó no sólo el problema de las violaciones, sino “el desmantelamiento de las instituciones democráticas y el ataque sistemático contra la población civil, considerado equivalente a crímenes de lesa humanidad”.