Los ministros europeos del Interior acordaron ayer que la última propuesta de la Comisión para renovar el sistema de gestión de asilo puede ser una base para las futuras negociaciones, pero también constataron que están todavía muy lejos de lograr un acuerdo. Esta reunión se preveía como la primera toma de temperatura de los países miembros ante el plan elaborado por la Comisión. Para maquillar de alguna manera este gesto, que podría considerarse también como un rechazo al menos a parte de esas medidas, los ministros pidieron aclaraciones sobre una lista muy consecuente de aspectos del paquete elaborado por el equipo de Ursula von der Leyen y bautizado como Nuevo Pacto para la Migración y el Asilo. El grueso de las dudas se refiere a los planes de deportar de forma rigurosa a las personas que han llegado irregularmente a territorio europeo y a las que no se les permite quedarse.
El ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, que presidió esta reunión por teleconferencia, dijo que el plan «aborda los puntos clave para un posible futuro pacto migratorio», pero admitió que no todos los países estaban de acuerdo con sus fundamentos ya que «hay diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista». La ministra italiana, Luciana Lamorgese, se mostró alentada de que las propuestas marquen un cambio de política pero, dijo que todavía «estamos en el inicio de un largo proceso y una negociación muy compleja». Su colega español, Fernando Grande-Masrlaska defendió «la necesidad de articular una verdadera cooperación con los países de origen y tránsito de la inmigración, un elemento que ha señalado como indispensable si se quiere poner en marcha una política europea realmente eficaz en materia de inmigración y asilo».
El nudo gordiano de este problema radica en lograr que no sean solamente los países con fronteras exteriores, específicamente los del sur, los que tengan que resolver la situación de todas las personas que llegan a su territorio. El plan prevé un refuerzo de la vigilancia de las fronteras y una política contundente para devolver a sus países a aquellas personas que no cumplan los requisitos para quedarse en Europa o recibir asilo. Los recién llegados serán identificados sistemáticamente. Todos los países deben compartir el coste de la tarea y se permite a aquellos que no quieran admitir emigrantes, que contribuyan a los costes de la repatriación de los que sean expulsados y al control de las fronteras exteriores.
La pandemia ha dejado varados a 2,75 millones de migrantes en el mundo entero
Un informe de esa organización calcula el número de migrantes afectados por esas medidas. En general personas que durante la pandemia han intentado regresar desde su país de residencia al de origen. Aunque la cifra real, reconoce, podría ser mayor, ya que los últimos datos recopilados son de julio.
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El nudo gordiano de este problema radica en lograr que no sean solamente los países con fronteras exteriores, específicamente los del sur, los que tengan que resolver la situación de todas las personas que llegan a su territorio. El plan prevé un refuerzo de la vigilancia de las fronteras y una política contundente para devolver a sus países a aquellas personas que no cumplan los requisitos para quedarse en Europa o recibir asilo.
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