En 1931 el escritor italiano Curzio Malaparte sacaba a la luz su libro Técnica del golpe de estado, en el que el controvertido ensayista analizaba, capítulo a capítulo, diferentes golpes de Estado, entre ellos el que perpetró Napoleón contra Francia en el 18 Brumario o el llevado a cabo por los bolcheviques en Rusia asesorados por Trotsky, el creador moderno de la toma del poder político a través de acciones orientadas desde instituciones y poderes civiles para generar inestabilidad y caos social.
En su libro, Malaparte esgrime una tesis de enorme maestría institucional que luego Foucault haría suya: el poder es logístico no es estático —se multiplica en redes de poder en constante mutación— y su alcance se decide sobre todo en las infraestructuras y en las instituciones. Su teoría encerraba una enorme verdad.
Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha trascendido una serie de acontecimientos que demuestran que en el seno de algunas agencias de inteligencia e instituciones del poder público norteamericano podría haberse orquestado un golpe de Estado encubierto contra el presidente que resultó electo democráticamente en 2016.
En los últimos días se han conocido nuevos datos sobre el conocido “expediente Steele”, un archivo de 35 páginas hecho público el 10 de enero de 2017 que contenía una serie de informes en los que se aseguraba que el entonces candidato Trump había conspirado con Rusia para influir en las elecciones presidenciales.
Su autor, el exagente del MI6, Christopher Steele, reconoció el pasado 22 de julio, ante la Alta Corte de Justicia de Londres y Gales, que una buena parte de las informaciones que recogió en su dossier sobre Trump eran «inverificables».
Pero eso no les importó a quienes en su día querían destruir al candidato republicano.
Mientras en EE. UU. se desarrollaba, bajo apariencia de normalidad, la campaña presidencial, Hillary Clinton y el Comité Nacional del partido Demócrata preparaban una operación conjunta para incriminar a Trump. El “expediente Steele” fue encargado a la firma Fusion GPS, a través de su firma de abogados Perkins Coie y su financiación corrió a cargo de los demócratas.
Lo que debió haberse considerado una acción sucia de espionaje manipulado que incluía numerosa información sin contrastar, se convirtió en un documento oficial que llegó a manos del FBI a través del senador John McCain, según el diario británico ‘The Guardian’.
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Lo que debió haberse considerado una acción sucia de espionaje manipulado que incluía numerosa información sin contrastar, se convirtió en un documento oficial que llegó a manos del FBI a través del senador John McCain, según el diario británico ‘The Guardian’.
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