El fiscal general de EE. UU., William Barr, involucra a Nicolás Maduro y a otras 13 figuras del oficialismo con el Cártel de los Soles, cuya actividad sería el tráfico de drogas. Foto: Gobierno de EE. UU., publicada en el diario El Tiempo, de Bogotá.
¿Hasta qué punto el tráfico de cocaína puede sustentar al régimen venezolano?
Con frecuencia se escucha a expertos en seguridad y opinadores que la merma en los ingresos de la renta petrolera ha obligado al régimen de Maduro a enfocarse en la obtención de recursos procedentes de distintos mercados ilegales.
Esta sospechada dependencia de la llamada economía negra ha servido como justificación para que se endilgue a este gobierno el remoquete de “narcorrégimen”. Los señalamientos, además, se verían sustentados en acusaciones como las recientemente formuladas por el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, que involucran al gobernante venezolano y a otros trece importantes operadores del oficialismo en el denominado Cartel de los Soles, cuya principal actividad sería precisamente el tráfico de drogas.
No es la primera vez que la palabra narcorrégimen es usada para catalogar a gobiernos en Latinoamérica. En Bolivia, el general de división Luis García Meza accedió al poder en 1980, gracias a un golpe de Estado financiado por Roberto Suárez, alias el Rey de la Cocaína, que impidió la toma de posesión de Hernán Siles Zuazo. García Meza solo pudo sostenerse en el poder durante trece meses, debido a una creciente presión internacional liderada por EE. UU., que denunció la alianza entre el gobernante de facto y el traficante.
Pero, en el caso boliviano, se trataba de utilizar los recursos del comercio internacional de drogas para propiciar un movimiento militar.
La pregunta que surge de inmediato es cuánto podría obtener realmente el régimen, suponiendo que cada gramo de droga ilegal que pasa por su territorio saliera hacia los distintos mercados internacionales, y que ese dinero luego sea retornado completamente a las arcas del país.
Se plantea entonces la necesidad de establecer un modelo de análisis, que parte de ciertas premisas. En primer lugar, aunque son cada vez más frecuentes las informaciones sobre la detección de cultivos ilícitos de coca, amapola y marihuana, así como de enclaves para el procesamiento completo de la cocaína, Venezuela es catalogada todavía como un país de “tránsito” o “puente”, es decir, presta su territorio para el paso de las sustancias precursoras -en la fase de producción- así como también de las drogas ya terminadas.
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Se plantea entonces la necesidad de establecer un modelo de análisis, que parte de ciertas premisas. En primer lugar, aunque son cada vez más frecuentes las informaciones sobre la detección de cultivos ilícitos de coca, amapola y marihuana, así como de enclaves para el procesamiento completo de la cocaína, Venezuela es catalogada todavía como un país de “tránsito” o “puente”, es decir, presta su territorio para el paso de las sustancias precursoras -en la fase de producción- así como también de las drogas ya terminadas.
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