En un contexto minero carente de planes de inversión y operación y, por tanto, producción errática en todos los sentidos y con fuertes pasivos sociales y ambientales, “no es viable programar un cronograma de desembolso a las gobernaciones a partir de la actividad aurífera actual”, aseguró el geógrafo Héctor Márquez durante el Foro Panamazonía ¿Indefensa?, organizado por la coordinación de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), campus Guayana.
La conclusión deviene del anuncio del presidente de facto, Nicolás Maduro, quien a mediados de octubre dijo que entregaría minas de oro del Arco Minero del Orinoco a las gobernaciones como una nueva fuente de ingresos, en medio de la crisis económica más pronunciada que ha atravesado la nación.
Márquez explicó que cuando un proyecto minero es viable, se pasa a la etapa de desarrollo que implica gran inversión y riesgo de principio a fin. Son proyectos de largo aliento, en función de las complejidades del yacimiento así como las gestiones burocráticas, dijo. “Debe haber un plan de mina con un cronograma de inversión”, agregó.
Pero, resaltó, “para que un inversionista aterrice en el país lo primero que va a buscar son las reglas de juego, las garantías de que se van a respetar mis inversiones”, elementos que no han estado presentes en la política minera de los últimos años.
Con este criterio, explicó legislaciones vigentes como la Ley de Minas (1999), el decreto 8.413 (2011) de nacionalización de oro que incluyó el régimen de esquema mixto con una composición accionaria de 55% en manos del Estado y 45% en poder privado y dos decretos posteriores de 2014 y 2015, el último de los cuales excluye a la Asamblea Nacional como mecanismo de control y paso imprescindible para la entrega de concesiones. “Fue un traje a la medida para manejar los recursos auríferos”, dijo.
Las consecuencias del decreto de “nacionalización” de 2011 fueron inmediatas: cese de proyectos mineros por la negativa de las trasnacionales de migrar al esquema mixto; rescisión de derechos mineros de los proyectos Brisas del Cuyuní y Las Cristinas en manos de Gold Reserve y Crystallex, lo que motivó demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) y la pérdida aún mayor de la confianza de los agentes privados.
“Por todo esto, la minería industrial fenece, no hay quien quiera invertir y el Estado carece de los recursos para hacerlo”, puntualizó.
Como consecuencia de las políticas erráticas, manifestó, no existen en el país plantas industrializadas de extracción de oro en la actualidad, por lo que la minería en ejercicio abarca yacimientos ilegales con producción errática, limitados en el tiempo, escaso o nulo componente tecnológico, de baja a muy baja capacidad de producir excedentes financieros y severos daños en lo social, ambiental y territorial.
Este contexto, además de las restricciones de la Ley de Minas que prohíbe la cesión de yacimientos a miembros del Poder Público nacional, estadal y municipal, hacen inviable el anuncio de Maduro, reiteró.
La Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos (Svimm) planteó, tras el anuncio, que esta medida lo que persigue es permitir al Ejecutivo disponer de recursos con la mayor opacidad y sin control efectivo, eludir las sanciones que a nivel internacional se le han impuesto a personeros y entes gubernamentales y generar mayor confusión de la existente.
“Una propuesta de esta naturaleza e importancia requiere de un marco legal y programa especial de entrega de activos a gobernaciones no contemplado. Al igual, las ejecutorias del uso de estos ingresos públicos proveniente de estas explotaciones que también requerirán del control público nacional”, resaltó la organización.
La Svimm tildó el anuncio como “improvisado, efectista e imaginario para ganar tiempo a la espera de algún milagro japonés”.
En el Foro Panamazonía ¿Indefensa?, organizado por la Coordinación de Sustentabilidad Ambiental de la UCAB Guayana, participaron también el internacionalista Omar Hernández quien abordó la realidad geopolítica de la región amazónica y Antonio Seijas, quien expuso sobre la realidad socio ambiental.
La Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos (Svimm) planteó, tras el anuncio, que esta medida lo que persigue es permitir al Ejecutivo disponer de recursos con la mayor opacidad y sin control efectivo, eludir las sanciones que a nivel internacional se le han impuesto a personeros y entes gubernamentales y generar mayor confusión de la existente. “Una propuesta de esta naturaleza e importancia requiere de un marco legal y programa especial de entrega de activos a gobernaciones no contemplado. Al igual, las ejecutorias del uso de estos ingresos públicos proveniente de estas explotaciones que también requerirán del control público nacional”, resaltó la organización.
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