El país no ha podido expresarse cabalmente en unos comicios limpios. Y cuando logra hacerlo, el gobierno usa la fuerza para dejar sin efecto sus consecuencias políticas, como sucedió en la Asamblea Nacional.
Los argumentos legales que usaron las magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para dejar sin efecto a la Asamblea Nacional en 2017, fueron peregrinos, tendenciosos, sin la menor intención de apegarse a la verdad. Una sentencia propia de personas sin ilustración de ninguna clase, sin educación para la política, totalmente impropias para el cargo que detentan.
La convocatoria a la Asamblea Constituyente fue, en sí misma, todo un ejercicio de piratería política. El país ni siquiera pudo decidir si quería o no convocar una Constituyente, porque no se organizó Referéndum para tal efecto, como obliga expresamente la Constitución a sus promotores.
El chavismo presentó unas bases comiciales que constituían un mamarracho, inaceptables para la Oposición, y decidió por cuenta propia darle carácter supra-constitucional a una Asamblea de delegados chavistas escogida por una clarísima minoría del país. Smartmatic, compañía que dispensa la plataforma tecnológica al CNE, denunció la manipulación de los resultados. Hay constituyentistas que no saben ni cuantos votos sacaron. Ese día hubo protestas airadas en toda Venezuela, en lugar de centros de votación abiertos, y fueron asesinados 16 manifestantes desarmados.
El chavismo logró imponer sus postulados por la fuerza, salvando la revolución, hecho por el cual se felicitan. También pasaron por encima de todo un país, que quiere mayoritariamente ejercer su derecho a la alternancia política, y también de la Constitución del 99, que han ultrajado de la manera para desvergonzada y chambona.
No existe ningún estudio de opinión en Venezuela que no reporte un enorme descrédito de Maduro y el gobierno que representa en una amplísima mayoría del país. Conscientes de tal circunstancia, los dirigentes del chavismo organizaron un plan para inhibir el impacto de las consultas, promoviendo la abstención, y en cualquier caso desnaturalizar sus efectos políticos con resoluciones post-facto. El voto de los venezolanos vale si es para el chavismo. El voto fue a parar al basurero.
Bajo ese parámetro se organizaron las elecciones de Gobernadores y Alcaldes, y posteriormente, en unos términos insólitos, dignos de una república bananera, las elecciones Presidenciales de Mayo de 2018.
Unos comicios que fueron adelantados de forma brusca, convocados de un día para otro, con una micro campaña electoral de apenas 15 días de duración, totalmente desigual en el acceso a los medios. En la cual ni siquiera se pudieron confrontar tesis, discutir proyectos, o analizar la magnitud de la crisis y su posible solución.
Dos partidos políticos y dos candidatos presidenciales opositores fueron impedidos de participar. Los partidos de la MUD ya habían tenido que cursar dos exigentes procesos para reinscribirse ante el CNE. Desconociendo uno de los mandatos constitucionales que más la obligan, las Fuerza Armada trabajó para concretar los objetivos del chavismo, abandonando su rol institucional, degradando al Plan República, expulsando a testigos electorales de la Oposición, cerrándolos en los momentos de escrutinio, y acarreando votantes para el chavismo con mecanismos asistidos y transporte.
En todos los centros electorales hubo puntos rojos chavistas, con proselitismo político el día de la consulta. Los circuitos electorales han sido alterados a placer y a conveniencia antes de cada elección
El candidato que decidió participar en aquella parodia, que fue Henri Falcón, denunció varias violaciones a la ley electoral y desconoció el resultado. Los índices de abstención de una población que se ha sentido irrespetada, abusada y engañada, tocaron cifras históricas, superiores a 75 por ciento. Esto en la peor crisis económica de la historia del país.
La Asamblea Nacional, el Poder Legislativo del país, fuente primaria de poder constitucional, era y es el único organismo encargado para legislar, ejercer la Contraloría, designar a los miembros de los poderes públicos y aprobar el presupuesto de la nación. El país vive una situación de facto.
Maduro, Lucena, Saab, Cabello, Istúriz, Jorge Rodríguez, Escarrá, Rangel, Villegas, y demás exponentes del tercermundismo venezolano, están perfectamente conscientes de ello. Lo que pasa es que ellos no están dispuestos a entregar el poder bajo ningún concepto, y además se pueden ofender si alguien se los dice. Maniobran para salirse con la suya. Ahora opinan que la Constitución que juraron respetar forma parte de la legalidad burguesa, que las opiniones de la gente no importan si van en contra de lo que la revolución dispone, y que es necesario trascender por la fuerza el marco legal vigente, que fue decidido por la población.
Una Asamblea Nacional autónoma y respetada habría podido y debido interpelar a los funcionarios responsables del millonario desfalco que han vivido las arcas de la república; habría tenido que sesionar para escoger a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y habría estado obligada a escoger otros rectores del Consejo Nacional Electoral, sacando de ahí a los figurines que actualmente ocupan esos cargos, que están usurpando funciones y están complotados para desnaturalizar la voluntad popular y la política venezolana
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