«El presupuesto de la universidad disponible en caja alcanza para comprar 2 neumáticos». Con esta afirmación, el rector de la Universidad de los Andes (ULA), Mario Bonucci, explicó cuál era el panorama financiero que su casa de estudios, y todas las universidades nacionales, enfrentarán durante este periodo académico final de 2018.
Lo anterior ratifica las denuncias visibilizadas por Aula Abierta, junto con los distintos centros de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que hacen vida en la comunidad universitaria, en el trabajo Informe preliminar: deserción universitaria en Venezuela, donde se denuncia que las universidades reciben del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT) hasta un 20 % del presupuesto que solicitan (en el mejor de los casos), debiendo destacarse que de ese 20 % deficitario, las universidades deben tomar hasta un 87 % para pago de nómina del personal universitario, por lo que el presupuesto que podría ser dedicado para el mantenimiento de las instalaciones así como para el desarrollo de actividades de investigación y extensión es casi nulo.
Conflicto en puertas
El 6 de septiembre de 2018, el MPPEUCT remitió un instructivo a las universidades públicas venezolanas indicando cómo deberían realizar el cómputo para el pago del personal universitario. El referido instructivo fue rechazado por las casas de estudios por vulnerar los derechos laborales consagrados en la III Convención Colectiva Única para el Sector Universitario. Una de las principales violaciones radica en la disminución de la base para el cálculo del escalafón profesoral universitario de 4.75 salarios mínimos (consagrados en la Convención colectiva vigente) a 1.5 salarios mínimos.
Al respecto, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) desconoció categóricamente las condiciones salariales impuestas por el Ministerio y consignó un escrito exigiendo el respeto de las bases salariales y una respuesta oportuna de las autoridades, a pesar de las intimidaciones realizadas por miembros de los cuerpos policiales venezolanos.
Sin embargo, lo anterior implica solo un nuevo episodio en la crítica realidad del profesor universitario. En el Informe preliminar sobre la situación de los profesores en Venezuela, realizado por Aula Abierta, se denunció la crisis en el sistema de seguridad social de los profesores, quienes han encontrado en el Sistema Integral de Salud del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (SISMEU) una desprotección total, contando con montos que no superan los 2 dólares americanos para la asistencia de emergencias y compra de medicamentos.
De esto se destaca que algunos miembros del sector universitario han denunciado haber sido rechazados por las clínicas al tratar de usar el SISMEU, debido al incumplimiento de los compromisos patrimoniales por parte del MPPEUCT.
Ante lo expuesto, distintas casas de estudios como la Universidad de Los Andes (ULA), la Universidad Central de Venezuela (UCV), entre otras, han convocado para la semana del 24 al 29 de septiembre de 2018 a asambleas generales con la finalidad de discutir las acciones a seguir y la posibilidad de entrar en un paro nacional, el cual pareciera estar cada vez más cerca ante la falta de respuesta del Ministerio de Educación Superior.
Crisis en los servicios estudiantiles
Durante el periodo académico 2017 la crisis en el funcionamiento de los servicios destinados a estudiantes pudo evidenciarse. En el referido informe sobre la deserción universitaria realizado por Aula Abierta, junto con los distintos centros de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que hacen vida en la comunidad universitaria, se visibilizaron graves situaciones en relación con los servicios del comedor y transporte estudiantil.
Los comedores de las universidades públicas denunciaron constantemente la falta de suministro de alimentos proteicos por parte del MPPEUCT, lo que sumado a las asfixia presupuestaria a la que están sometidas las universidades, produjo que el cierre temporal de comedores fuera una constante, alcanzando en algunos casos hasta 8 meses sin poder contar con este servicio fundamental para los estudiantes.
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