En las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, muchos acudirán a las urnas hambrientos y enfermos, en un país devastado por escasez de comida y medicamentos. Más de 1,5 millones de venezolanos han huido del país recientemente y, para muchos que siguen allí, obtener alimentos y medicinas es la principal preocupación diaria.
En enero de 2017, el régimen inició una campaña para que los venezolanos se inscribieran para obtener el Carnet de la Patria, un documento que tiene un código que se escanea y les permite recibir servicios sociales. Al año, más de 16 millones de venezolanos —cerca de la mitad de la población— tenían ese carnet. En la práctica, este instrumento clientelar es la única forma que tienen millones de venezolanos para mitigar el impacto de la gravísima crisis humanitaria y económica que asola al país. Los venezolanos con carnet pueden obtener cajas de alimentos con precios controlados y acceder a algunos procedimientos médicos, viviendas, útiles escolares, pensiones y bonos especiales, además del “premio” que Maduro ofreció a quienes voten con el carnet.
La hiperinflación está erosionando la capacidad de compra y cada día más gente se ve obligada a depender de comida con precios fijados por el gobierno para alimentar a sus familias, lo cual genera una enorme y perversa dependencia del régimen. Es previsible que muchos voten por el gobierno por temor a perder beneficios, incluyendo el acceso a comida.
Maduro ha creado un mecanismo muy efectivo para conseguir votos e intentar salvar su impopularidad. Mientras este tipo de extorsión siga en pie, el pueblo venezolano no podrá votar libremente —u optar por quedarse en sus casas— sin temor a represalias.
No hay estadísticas oficiales sobre los niveles de escasez de alimentos. Pero la encuesta Encovi 2017, realizada por destacadas universidades venezolanas en todo el país, indica que un 78,6 por ciento de los encuestados ha comido menos debido a la escasez, un 61,2 por ciento se acuesta con hambre y un 64,3 por ciento perdió un promedio de 11 kilos en el año. Según un estudio realizado en Caracas y en tres estados por la organización católica Cáritas Venezuela, la desnutrición moderada y severa de menores de 5 años aumentó del 10,2 por ciento al 14,5 por ciento entre febrero y agosto de 2017.
El año pasado, la entonces ministra de Salud, Antonieta Caporale, divulgó datos oficiales que indicaban que, en 2016, la mortalidad materna aumentó un 65 por ciento; la mortalidad infantil, un 30 por ciento, y los casos de malaria, un 76 por ciento. A los pocos días, fue despedida.
En semanas recientes han habido protestas y saqueos en respuesta a la debacle económica, al hambre, la crisis de salud y la represión política. El gobierno ha respondido por lo general con brutalidad, como ocurrió el 31 de diciembre cuando una mujer embarazada murió por un disparo de la Guardia Nacional Bolivariana mientras esperaba en la cola para comprar comida.
Quienes escucharon la descarada advertencia de Maduro sobre el Carnet de la Patria tienen motivos para preocuparse. El gobierno venezolano niega la crisis humanitaria, pero usa el hambre y la salud como mecanismos de control social.
El abuso de poder y la discriminación por motivos políticos no son nuevos en Venezuela. El gobierno de Hugo Chávez alentó y participó en numerosos actos discriminatorios contra disidentes. Por ejemplo, opositores políticos fueron incluidos en listas negras en entidades gubernamentales y en la compañía estatal petrolera PDVSA, y despedidos tras apoyar un referendo contra el gobierno.
Pero con Maduro, esta discriminación contra quienes no apoyan al gobierno no es solo más burda, sino que su efecto sobre la población es más directo y pernicioso para los derechos fundamentales.
Leer mas: http://biendateao.com/the-new-york-times-rehenes-del-hambre-en-venezuela/
El abuso de poder y la discriminación por motivos políticos no son nuevos en Venezuela. El gobierno de Hugo Chávez alentó y participó en numerosos actos discriminatorios contra disidentes. Por ejemplo, opositores políticos fueron incluidos en listas negras en entidades gubernamentales y en la compañía estatal petrolera PDVSA, y despedidos tras apoyar un referendo contra el gobierno.
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