La bomba de tiempo que nos estalló en las manos, Mauricio Reyes Betancourt

La crisis venezolana se transformó en un éxodo masivo sin precedentes, con un impacto hemisférico que apenas comienza. Brasil y Colombia, donde recae el mayor impacto, afrontan un año electoral en medio de la polarización política, que distrae la necesidad de enfrentarla con una visión conjunta, estratégica e integral

Tuvieron que pasar 40 años para que un millón de colombianos llegara a la rica Venezuela de la Cuarta República (1958 a 1998), en contraste con los casi 700 mil inmigrantes venezolanos regulares que reporta Migración Colombia, en tan solo tres años, desde el comienzo de la crisis. El sub registro es evidente y la cifra total de venezolanos claramente es mucho mayor. El propio Cristian Krüger, director de esta institución, calcula que para julio de 2018 los venezolanos regulares sobrepasarán el millón de personas [1].

Hoy en día se estima que el millón de colombianos que migraron originalmente a Venezuela, representan con sus núcleos familiares a cuatro millones de colombo-venezolanos con derecho a la nacionalidad colombiana. Su potencial retorno se convierte en un desafío para las instituciones colombianas.

Del orden al desorden

Hasta el momento, el súbito flujo migratorio de venezolanos había conservado un cierto orden gracias a cuatro factores:

• Un sentimiento colectivo de reciprocidad con quienes antes nos dieron la mano en su época de “vacas gordas”.

• Unas condiciones macroeconómicas que a pesar de estar afectadas por la baja de los precios del petróleo lograron incorporar a venezolanos de manera precaria a una economía en leve crecimiento como la colombiana.

• La relación de esas primeras oleadas con redes de familiares o amigos en Colombia.

• Una política de regularización de los venezolanos mediante la expedición tanto de un Permiso Especial de Permanencia (PEP) –que garantiza la regularidad laboral y migratoria de los venezolanos– como de una Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) para quienes se encontraban en tránsito permanente entre los dos países en zonas de frontera.

A comienzos de febrero de 2018, Migración Colombia reportó un aumento del flujo de venezolanos que llegó a cerca de 37 mil diarios. El creciente volumen y su cada vez más precaria situación ya están provocando conflictos con la población local de frontera, venida a menos ante la ausencia del mercado dinámico que antes se manejaba con Venezuela. Poco a poco, se agota la solidaridad inicial de esta población al competir por recursos escasos y un mercado laboral deprimido, que ahora tienen que compartir con los venezolanos.

Regularidad o irregularidad

El pasado 8 de febrero, en respuesta al fenómeno, el propio presidente Juan Manuel Santos anunció en la ciudad fronteriza de Cúcuta la creación de un “Grupo Especial Migratorio” y la implementación de una serie de medidas restrictivas como terminar con la expedición de la TMF y restringir el ingreso futuro de los venezolanos solo a aquellos que hayan logrado obtener previamente la TMF o tengan un pasaporte para solicitar el PEP [2].

En la Venezuela actual, la expedición del pasaporte está colapsada y aunque se corrigiera esta situación, el precio de su expedición es inalcanzable para la mayoría, debido a la hiperinflación que no permite cubrir la subsistencia por más de seis días, con el salario mínimo.

La decisión de restringir la entrada de venezolanos marca un cambio de política que es equivocada, pues la exigencia del ingreso con pasaporte desordena e irregulariza una frontera porosa, llena de selvas y cruces montañosos, que es absolutamente imposible pensarla como barrera sellada tipo Muro de Berlín.

Con este cambio, el gobierno colombiano claramente fomenta la irregularización de la migración venezolana perdiendo el ya poco control que tenía sobre estos flujos. Un grave error que no debe ser copiado por otros gobiernos.

La irregularidad migratoria imposibilita el censo de dicha población y dificulta su asistencia humanitaria, mientras propicia y fortalece fenómenos de tráfico y trata de personas, explotación laboral en medio de redes transnacionales de delincuencia organizada que aumentan la vulnerabilidad de estos migrantes y dificulta el trabajo de las autoridades.

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