La política de calle, convocada por la MUD y respondida el primero y 26 de septiembre masivamente por los ciudadanos, fue clave para la instalación de la mesa de diálogo entre gobierno y fuerzas opositoras el domingo 30. En esa mesa se sentaron tres ex presidentes, mediadores prácticamente impuestos a la MUD por el gobierno y la comunidad internacional, más el emisario del Papa, como jefe del Vaticano.
Este nuevo capítulo de la crisis exhibe mucha fragilidad. Ese día las fuerzas opositoras se mostraron débiles, al necesitar del regaño de la CEV para ponerse de acuerdo y llegar a la mesa. El gobierno, más unificado y hábil, jugó a posicionarse ante las cámaras y ante la comunidad internacional, como un actor que se comprometía de buena fe. Como gesto, soltó a cinco presos políticos, de los más de cien que aún aguardan por libertad.
El martes siguiente, el gobierno que, entre los acuerdos mutuos, se avino a bajar el tono del discurso, rompió su compromiso. Maduro tildó públicamente a Voluntad Popular de grupo terrorista, a Freddy Guevara de cobarde y convocó a los poderes públicos, que todos sabemos que controla, a que hicieran “justicia”. El jueves, llegó más lejos asegurando que la oposición, ni con votos, llegaría al poder.
Hasta el momento de escribir esta columna, nada han dicho los mediadores de estas flagrantes violaciones a los acuerdos, que ponen en entredicho las intenciones del gobierno en el diálogo. ¿Sólo buscó enfriar la calle? ¿Sólo apostó a dividir a la MUD?
Los voceros de la MUD rechazaron unánimemente esas violaciones. Ahora necesitan reforzar una dirección unitaria y coherente, contando con el apoyo en la calle de los ciudadanos, para continuar en la difícil mesa de negociación.
Los mediadores podrían sólo estar interesados en evitar un baño de sangre en Venezuela. Como en Cuba, dejarían al régimen seguir, si perciben que los ciudadanos estamos dispuestos a soportarlo. Por ello, para la MUD, el ejercicio de la política de calle y el revocatorio, son dos instrumentos imprescindibles para obligar al gobierno a ceder al cambio político. En esto la ciudadanía no está dispuesta a ceder y la MUD, al atender a ese reclamo, mantiene su fortaleza y legitimidad para negociar con la dictadura.
Este nuevo capítulo de la crisis exhibe mucha fragilidad. Ese día las fuerzas opositoras se mostraron débiles, al necesitar del regaño de la CEV para ponerse de acuerdo y llegar a la mesa. El gobierno, más unificado y hábil, jugó a posicionarse ante las cámaras y ante la comunidad internacional, como un actor que se comprometía de buena fe. Como gesto, soltó a cinco presos políticos, de los más de cien que aún aguardan por libertad.
El martes siguiente, el gobierno que, entre los acuerdos mutuos, se avino a bajar el tono del discurso, rompió su compromiso. Maduro tildó públicamente a Voluntad Popular de grupo terrorista, a Freddy Guevara de cobarde y convocó a los poderes públicos, que todos sabemos que controla, a que hicieran “justicia”. El jueves, llegó más lejos asegurando que la oposición, ni con votos, llegaría al poder.
Hasta el momento de escribir esta columna, nada han dicho los mediadores de estas flagrantes violaciones a los acuerdos, que ponen en entredicho las intenciones del gobierno en el diálogo. ¿Sólo buscó enfriar la calle? ¿Sólo apostó a dividir a la MUD?
Los voceros de la MUD rechazaron unánimemente esas violaciones. Ahora necesitan reforzar una dirección unitaria y coherente, contando con el apoyo en la calle de los ciudadanos, para continuar en la difícil mesa de negociación.
Los mediadores podrían sólo estar interesados en evitar un baño de sangre en Venezuela. Como en Cuba, dejarían al régimen seguir, si perciben que los ciudadanos estamos dispuestos a soportarlo. Por ello, para la MUD, el ejercicio de la política de calle y el revocatorio, son dos instrumentos imprescindibles para obligar al gobierno a ceder al cambio político. En esto la ciudadanía no está dispuesta a ceder y la MUD, al atender a ese reclamo, mantiene su fortaleza y legitimidad para negociar con la dictadura.
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