"Canadá está de regreso", ha dicho Justin Trudeau —carismático y bilingüe— en reuniones internacionales, como para mostrar la impronta que quiere darle a la política exterior canadiense respecto de la de su predecesor, Stephen Harper. El primer ministro de Canadá ha empleado en sus discursos términos muy precisos: justicia, cuidado medioambiental, democracia, derechos humanos. Incluso se atrevió a evocar alguno de ellos en su visita oficial a China hace algunas semanas, pero los chinos no lo aplaudieron por eso, sino por sus sonrisas y propuestas de negocios.
Trudeau ya ha dado algunos pasos. Acogió a miles de refugiados sirios, incluyó a Canadá en la lucha contra el cambio climático y ofreció tropas para los cascos azules. América Latina comienza también a sentir los efectos de este viraje diplomático. A partir de diciembre, los mexicanos ya no tendrán que tramitar visa para viajar a Canadá. Además, el gobierno canadiense anunció hace unos días un paquete de ayuda a Colombia —en el marco de la firma de los acuerdos de paz— para auxiliar a los desplazados y apoyar en la reforma de los cuerpos policiales. Aunque se desconoce qué pasará con esta ayuda a raíz del triunfo del No en el plebiscito.
La Trudeaumanía avanza en el mundo entre ciertas acciones, un estilo fresco y palabras de terciopelo, pero puede que esté apuntando demasiado lejos al prometer a mansalva. Trudeau ha levantado esperanzas tan grandes que resulta difícil comprender su mutismo ante uno de los temas más importantes para los latinoamericanos; el mismo que ha provocado que la imagen de Canadá porte gruesas capas de lodo: el reprobable proceder de varias mineras en la región, sobre todo desde que Harper promovió con tesón la presencia canadiense en el sector extractivo fuera de sus fronteras. En los últimos años, entre 50% y 70% de la actividad minera en América Latina ha estado a cargo de compañías de Canadá.
Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social, entre otros puntos.
Indígenas guatemaltecas acusan a Hudbay Mineral Inc. de estar detrás de un desalojo de las tierras donde habitaban. Las mujeres sufrieron agresiones sexuales y sus hogares fueron quemados durante el operativo. En Zacatecas, México, grupos responsabilizan a la compañía Goldcorp de contaminar los mantos freáticos y de afectar la vida silvestre por sus actividades en la mina Peñasquito. Además de Guatemala y México, la situación es preocupante en países como Perú, Chile, Argentina, Panamá y Honduras. El tema ha sido expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, un informe de la ONU sobre Canadá y los derechos humanos publicado en julio de 2015 incluía la inquietud por los abusos de mineras canadienses en el extranjero.
La llegada de Justin Trudeau al cargo de primer ministro ha oscilado entre la esperanza y el pesimismo para poner freno a estas prácticas. Hay que recordar sus mítines en campaña afirmando que sería la antítesis de Harper en política exterior. Un signo positivo es que, cuando era diputado, Trudeau votó a favor de una propuesta de ley presentada ante el parlamento por su colega liberal John McKay en 2010. La propuesta C-300 buscaba imponer sanciones a compañías extractivas canadienses envueltas en actividades ilegales fuera del país. El proyecto finalmente fue derrotado por los votos conservadores. Sin embargo, los liberales no han retomado el tema desde que están en el poder. ¿Acaso preparan una dulce sorpresa o simplemente desean preservar el statu quo?
En abril de este año, Trudeau recibió una carta donde más de 180 organizaciones no gubernamentales de América Latina y de otras latitudes, le piden realizar reformas que regulen seriamente la actividad de las mineras canadienses en el exterior. Harper creó en 2009 la Oficina del consejero en responsabilidad social de las empresas de la industria extractiva, aunque dicho órgano se enfoca en dar consejos técnicos y en favorecer el diálogo entre partes en conflicto. Los liberales catalogaron la iniciativa como insuficiente cuando se encontraban en la oposición, pero ahora que son gobierno siguen contando con ella. Y, hasta el momento, no ha existido respuesta oficial a la misiva que recibió Trudeau.
Leer más: http://www.nytimes.com/es/2016/10/07/justin-trudeau-y-el-lodo-de-las-mineras-canadienses-en-america-latina/
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