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Foto: AFP Miles de personas se manifestaron en Guatemala el fin de semana para exigir la renuncia |
Los casos de corrupción a alto nivel que se han develado en América Latina en los últimos meses no solamente tienen efectos políticos por el descrédito de las instituciones, sino porque afectan la inversión en los países, y además promueven una mayor desigualdad del ingreso de los ciudadanos.
La refinada red de robo de impuestos del fisco de Guatemala, que comandaba Juan Carlos Monzón, secretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y ahora prófugo de la Justicia, y las implicaciones aún no confirmadas sobre la presunta responsabilidad de la compañera de fórmula del presidente Otto Pérez Molina, ocasionaron la renuncia de la alta funcionaria y han generado malestar social y movimientos que hasta piden la renuncia del mandatario.
En el sur del continente, la popularidad de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, cayó, recién comenzando su segundo mandato por un millonario negocio inmobiliario que realizó su hijo mayor, Sebastián Dávalos, a quien se le acusa de uso de información privilegiada y tráfico de influencias.
La reacción de la mandataria fue renovar la totalidad de su gabinete y la presentación de un paquete de medidas anticorrupción para sortear la crisis.
En Brasil, la petrolera estatal Petrobras también enfrenta una crisis tras el descubrimiento de una red de corrupción que durante una década asoció a políticos, directivos y empresarios de primer nivel para desviar fondos públicos con el objetivo de financiar partidos del oficialismo y engrosar fortunas personales.
Esa maquinaria de corrupción, que implica al partido de la presidenta Dilma Rousseff, llegó a mover 4.000 millones de dólares, según la policía, aunque ya se determinó que 2.066 millones de dólares desaparecieron.
En Panamá, el propio expresidente Ricardo Martinelli, quien salió del poder hace 10 meses, es investigado por diversos hechos en los que presuntamente se desviaron fondos en contratos que van desde alimentos deshidratados para comunidades vulnerables hasta de grandes obras de infraestructura.
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