Una manifestante pide la libertad de Leopoldo López. / C. G. RAWLINS (REUTERS) |
Aunque recientes pronunciamientos internacionales, como la proposición no de ley aprobada el martes en el Congreso de los Diputados de España, suelen pedir al gobierno de Nicolás Maduro la liberación de dirigentes opositores detenidos en cárceles venezolanas, como el del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, y los alcaldes Antonio Ledezma y Daniel Ceballo, estos no son los únicos.
Con frecuencia esas menciones explícitas soslayan los nombres de otros prisioneros de conciencia que languidecen en los calabozos de la policía política, de cárceles militares y hasta de penitenciarios para delincuentes comunes en Venezuela. A pesar de que los nombres de muchos de ellos no ocupen primeras planas y la lucha por su libertad no sea tan mediática.
Este miércoles, como parte del conteo que regularmente lleva su organización, el Presidente Ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, dio a conocer que son 89 las personas que permanecen en prisión por motivos políticos en Venezuela.
De ellas, 43 corresponden todavía al grupo de más de 3.000 detenidos durante las protestas callejeras que asolaron diversas ciudades del país entre febrero y junio de 2014.
El Foro Penal venezolano es una organización no gubernamental constituida en 2004, que agrupa a destacados abogados y activistas. Se especializa en brindar asistencia legal gratuita a víctimas de violaciones de los derechos humanos.
Según Romero, en lo que va de 2015 han sido liberados 26 de los detenidos en las manifestaciones del año pasado. Sin embargo, los excarcelados con frecuencia quedan en libertad condicional. Así se suman al grupo de 2.006 procesados en libertad por causas políticas, sujetos a un régimen de presentación ante tribunales y, en no pocos casos, bajo medida de prohibición de salida del país.
No todos los presos políticos son del lote de los detenidos durante las protestas de 2014. Cinco presos están encarcelados desde hace meses por difundir, a través de redes sociales, mensajes que los servicios de inteligencia consideraron desestabilizadores.
También permanecen presos desde hace diez años los integrantes del grupo de oficiales de policía a los que la justicia, dominada con riendas cortas por el oficialismo, atribuyó las muertes previas al Golpe de Estado que en 2002 desalojó del poder por 47 horas al entonces presidente Hugo Chávez.
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