El análisis de las políticas públicas del sistema de educación superior venezolano que hemos realizado en este espacio ha estado situado, con razón dentro de los límites del propio sector: el financiamiento universitario, la autonomía institucional, los salarios docentes, la infraestructura, la matrícula, la calidad académica. Esta columna ha recorrido ese territorio con detalle en las entregas anteriores. En esta oportunidad el enfoque se sitúa deliberadamente fuera de ese marco, porque Venezuela tiene un problema de Estado que precede y determina todos los problemas del país, incluido obviamente el sector universitarios. Es precisamente allí, en ese territorio más amplio y más incómodo, donde se libra hoy la batalla central de los gremios de profesores, trabajadores y jubilados del sector universitario venezolano.
Un Estado que no cumple su propia Constitución no puede garantizar la autonomía universitaria que esa misma Constitución consagra. Un Poder Judicial que reescribe el texto constitucional para ajustarlo a las necesidades de supervivencia del proyecto político que lo controla no puede ser el árbitro de los derechos laborales de los trabajadores universitarios. Un gobierno que llegó al poder sin los votos que no obtuvo el 28 de julio de 2024 carece de la legitimidad democrática que cualquier política pública de reconstrucción universitaria requiere como condición mínima de credibilidad. Esa es la contradicción estructural que hace imposible separar la crisis universitaria venezolana de la crisis del Estado venezolano.
Es perentorio señalar, que la destrucción de la universidad venezolana tuvo al menos tres autores simultáneos y documentados que la narrativa oficial no ha podido refutar con evidencia. El primero es la decisión política de asfixiar el financiamiento universitario con decisiones presupuestarias internas documentadas desde 2005, que preceden con creces cualquier discurso vinculado solo a las sanciones internacionales. El segundo es la corrupción institucional; el caso más relevante involucra justamente al exministro de educación universitaria Hugbel Roa, quien participó en el robo de más de 20.000 millones de dólares de recursos del Estado, incluyendo fondos destinados al sector universitario. El tercero es la opacidad deliberada en la información pública y las estadísticas; las Memorias y Cuentas del Ministerio dejaron de publicarse con regularidad a partir de 2015. El portal PEER del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la Unesco registra a Venezuela con información desactualizada por más de una década, y la propia ministra Ana María Sanjuán ha reconocido públicamente tener los presupuestos del sector desde 1999, pero sin hacerlos públicos. Esas tres causas operaron simultáneamente durante años. Por ello, cuando la ministra insiste en presentar las consecuencias de esta crisis como producto de factores externos, se revela solo el interés de una decisión política para proteger la narrativa gubernamental.
Al observar el comportamiento del Tribunal Supremo de Justicia, ante el cual protestaron los docentes venezolanos esta semana, encontramos que es el mismo tribunal que desactivó leguleyamente la Asamblea Nacional de mayoría opositora elegida en 2015. El mismo órgano que avaló los resultados del 28 de julio de 2024. El mismo que interpretó la Constitución para negar la falta absoluta de Maduro y permitir que Delcy Rodríguez continúe en el poder. El mismo que ha sido usado sistemáticamente para invalidar elecciones de autoridades universitarias cuando sus resultados no convenían al gobierno. Y el mismo cuya Sala Constitucional recibió el 2 de febrero de 2026 un amparo que exige el cumplimiento del artículo 91 constitucional sobre el derecho a un salario basado en la canasta básica, sin haberlo admitido ni rechazado en el plazo de cinco días hábiles que la ley establece. El profesor Juan Carlos Apitz, vocero de los trabajadores en la concentración ante el TSJ, lo calificó con precisión: "Tan ilegítimo es estar en la presidencia de la república sin los votos como estar en este tribunal y no responderle a los justiciables." La comunidad universitaria sabe que llevar este tipo de recurso constitucional es un proceso administrativo que quizás no llegue a nada, y de todas formas se tiene que hacer porque el silencio del TSJ es en sí mismo la evidencia más parcializada y elocuente sobre el estado real de las instituciones venezolanas.
Es así que la gestión de la profesora Ana María Sanjuán posiblemente se sitúa en un patrón que la comunidad universitaria venezolana reconoce: ante la presión traen una figura de contención, y ante mayor presión traen una figura de persecución. Es así como después del desorden de Edgardo Ramírez llegó la voz mesurada de Yadira Córdoba. Después del paro de 2013 llegó Pedro Calzadilla con un tono aún más apacible. Cuando llegaron las marchas de 2014 trajeron a Jeyson Guzmán con la confrontación abierta. Y con la reactivación de las marchas y los muertos en las calles en 2017 llegó Hugbel Roa, hoy preso por la trama de corrupción. En este sentido, hay sobradas razones para que la comunidad universitaria piense que la llegada de la profesora Sanjuán, académica formada pero designada por Delcy Rodríguez con un perfil conciliador, responde a una gestión de contención en un momento en que el gobierno necesita reducir la temperatura de múltiples crisis simultáneas. Esa desconfianza generalizada la definió con precisión el profesor Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, en la asamblea intergremial de la Facultad de Ingeniería: "aquí nos van a servir pasado en copas nuevas." Ahora bien, si las intenciones de Sanjuán y de Delcy son sinceras, la demostración es posible con actuaciones sencillas que envíen un mensaje contundente de voluntad real de reconstrucción: publicar las estadísticas del sector desde 2015, presentar el tabulador de los cargos y un plan de recuperación salarial con cronograma real, garantizar que el TSJ responda el amparo constitucional pendiente, cesar la persecución documentada a dirigentes estudiantiles, profesores y trabajadores, y permitir elecciones libres y democráticas en todas las universidades públicas. Todas estas acciones son perfectamente posibles si hay voluntad política real.
Finalmente, la universidad venezolana ha sido contestataria desde siempre. Autónoma, crítica, incómoda para el poder en todos los tiempos y bajo todos los gobiernos, esa tradición atraviesa en diferentes medidas a las universidades autónomas, experimentales y territoriales. Esta semana esa tradición se expresó en la protesta de estudiantes y trabajadores en diferentes puntos del país, incluido el TSJ, con una demanda constitucional que el poder judicial ignora. La semana entrante se expresará con un paro de 24 horas en las universidades del país. La comunidad universitaria venezolana protesta contra un problema de Estado que la destruyó durante dos décadas y que hoy le ofrece copas nuevas para servir el mismo pasado. La universidad merece algo distinto y mientras no llegue con planes, recursos y evidencia verificable, los pasillos destruidos de las universidades venezolanas seguirán siendo el diagnóstico más honesto disponible sobre el Estado que las abandonó.
@letn2210
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