Gobierno ofreció una normativa que elevaría la producción de alimentos y eliminar la tenencia en mano de privados latifundistas. Más de una década con intención de hacer una distribución de tierra que en definitiva son de la Nación
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario pretende “profundizar y dar operatividad concreta a los valores constitucionales de desarrollo social a través del sector agrario. Para ellos se procura una justa distribución de la riqueza, y una planificación estratégica, democrática y participativa n cuanto a la tenencia de tierras y desarrollo de toda la actividad agraria”.
Con la promulgación del documento en noviembre de 2011, que derogó la Reforma Agraria -y en 12 años ameritó tres modificaciones en sus disposiciones-, se abrió un cambio. “Fue utilizada por el Gobierno del presidente Hugo Chávez, como punta de lanza de un supuesto proceso de ‘rescate de tierras’ orientado mas por una concepción ideológica, que técnica. Un proceso caracterizado por la demagogia y el populismo, y no orientado sobre una verdadera planificación científica del país agrícola que necesitamos”, opina Werner Gutiérrez, ingeniero agrónomo y profesor universitario.
Los objetivos de la ley se convirtieron en acciones que derivaron en “fracaso”. Jenny Romero, directora de la Unidad Coordinadora de Proyectos Conjuntos (UCPC) de la Universidad del Zulia, señala que se “paralizó la inversión” lo que frenó el aumento de la oferta de rubros agrícolas y dejo en evidencia “políticas de expropiación”.
El Ministerio de Agricultura y Tierras, a través de Instituto Nacional de Tierras, ejecuta el ‘rescate de tierras’, pero para sectores y gremios representa “confiscaciones, robos, invasiones, intervenciones”. Que en el tiempo significó “un proceso de ‘acaparamiento de tierras’ por parte del Estado, convirtiéndolo en el mayor latifundista del país, transformando predios, muchos de ellos inclusive en plena producción, en tierras improductivas”, sentencia Gutiérrez.
Un ejemplo de esa “anarquía” fue lo sucedido con El Hato El Frío (Apure). Gutiérrez explica que estando administrada por el Gobierno y nombrada Empresa Socialista Ganaderas Marisela cayó la productividad. Con datos del MAT precisa que en 2012 redujo 69 por ciento la producción de carne, 29 la de leche y 89 la cosecha de alimentos.
La caída de la actividad agropecuaria es el desenlace de la política que no atendió el diagnostico de la situación en el campo. Según Jenny Romero señala que “muchas de esas expropiaciones no se han hechos en las mejores condiciones y no se elevó la productividad”. El efecto inmediato fue la inseguridad en el derecho de propiedad y a largo plazo la escasez de alimentos por la salida de la oferta de alimentos.
Eliminar el latifundismo es la meta del Gobierno. No existe propiedad privada al asegurase que “todas las tierras son de la Nación”, sentenció hace tres años el presidente Chávez. Para Werner Gutiérrez, la gestión Ejecutiva, ahora en Nicolás Maduro, pretende intervenir 397 mil hectáreas de tierras, que se suman a las cuatro millones 500 mil ya en posesión oficial. “Esto indica que a pesar de su fracaso en la política agrícola insistirá en las mismas estrategias, no observándose señales serias de reconducir la política de ‘rescate de tierras’".
Por Yasmín Ojeda / http://www.laverdad.com/
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